El MP está en la mira
Entre las reformas que se pretenden incluir en el paquete los diputados hablan de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para crear razones por las cuales el presidente pueda destituir al fiscal general. Uno de los congresistas incluso afirmó: “Hasta porque mire mal a Morales podría destituirlo”.
En marzo del año pasado se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del MP, en las que se fortaleció la figura del fiscal general, ya que se requiere una sentencia condenatoria para que sea destituido por el presidente. Anteriormente solo era necesaria una nota en la cual se explicara la causa justificada.
El año pasado se pretendía dejar una vía más fácil para la destitución del fiscal general y era la bancada oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la que presentó esa enmienda.
“Querrán un fiscal ‘a la medida’ y que responda a la alianza corrupta”, dijo la fuente.
Pero la historia no termina allí. Los diputados también acordaron modificar la ley que aprobó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), con el propósito de restarle fuerza. La intención sería cambiar el mandato, para que ya no tenga el poder de ayudar al MP en las investigaciones contra diputados, funcionarios públicos y alcaldes.
“La venganza del Mariscal”
Uno de los que hablaron del Ejecutivo indicó que, gracias a los influenciadores militares de Jimmy Morales, como Armando Melgar Padilla, se puede echar a andar una “venganza de los del Mariscal Zavala”, en referencia principal a Otto Pérez Molina.
Por casos de corrupción cuyas investigaciones fueron encabezadas por la Cicig y el MP, se encuentran en prisión Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto, dos exministros de la Defensa y, el segundo, experto en inteligencia.
“Toda esta gente que fue de alto rango del Ejército, con asesores como Ricardo Bustamante, quieren su vendeta”, refirió la fuente consultada.
Premios para todos
El mandatario no sería el único beneficiado con los cambios, pues parte de los acuerdos sería reformar la Ley Orgánica del Congreso, lo que incluye un incremento salarial a los diputados, que dejarían de devengar Q29 mil 150 para llegar a Q33 mil.
Los alcaldes y funcionarios públicos también están incluidos, como parte del pago por apoyar a Morales en la declaración de non grato al comisionado Iván Velásquez. Para ello se modificaría la Ley de la Contraloría General de Cuentas, con el fin de reducir las sanciones administrativas por auditorías mal elaboradas.
Aún se discute si incluyen en el paquete la ley que exonera los delitos penales y administrativos para los legisladores, iniciativa que ya se intentó pasar de urgencia nacional en marzo último pero fue frenada por los parlamentarios de la UNE, quienes ahora son aliados.
Extinción de dominio
El diplomático y un legislador comentaron que se contempla modificar, además, la Ley de Extinción de Dominio, para invertir el proceso actual de que una persona tiene que demostrar la legalidad de la procedencia de sus bienes.
Es decir, se buscaría que ahora sea el Estado el que tenga que demostrar la procedencia ilícita de los bienes, lo que convertiría a Guatemala en el primer país que hace ese cambio.
También se analizan reformas a la ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, aunque se desconoce la finalidad de estas.
Con empresarios
Grupos de empresarios conservadores y que han sido afectados por investigaciones de la Cicig también recibirían un beneficio a cambio de respaldar al mandatario en su decisión de rechazar al jefe de la Cicig, como acelerar licitaciones para proyectos de infraestructura, concesiones y hasta un fondo específico en el cual el sector privado tendría una importante participación en cuanto a la administración, así como modificar Covial.
Según las fuentes, el enlace entre la defensa gubernamental y los empresarios es el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien confirmó que se busca crear un fondo de inversión específico pero que todavía está en la fase de ideas. El funcionario descartó que se busque un fideicomiso o que utilice fondos públicos de transferencias del Gobierno.
Estrada negó que sea un enlace para la intención de que se otorguen favores a cambio de apoyar al presidente.
“Yo les diría que lo muestren, qué se ha hecho. No es otorgar algún tipo de concesión gratuita o beneficiosa. Hay que ver los resultados, o si no, no hay que hacer nada —para mejorar la infraestructura—”, expresó el ministro.
