Estado paga Q125 millones por uniformes inexistentes

Reportes del Ministerio de Finanzas establecen que el Estado le pagó casi  Q125 millones a la Industria Militar (IM)  por uniformes e implementos para el Sistema Penitenciario (SP)  y la Policía Nacional Civil (PNC) que  fueron entregados incompletos o  no llegaron a manos de los agentes.

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La industria militar fabrica  calzado, uniformes, diferentes prendas de vestir y accesorios militares de diverso tipo.
La industria militar fabrica calzado, uniformes, diferentes prendas de vestir y accesorios militares de diverso tipo.

Según investigaciones  de la Policía,  el Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de Cuentas, el contrato 220-2008,  suscrito el 25 de noviembre de 2008 entre la PNC y la IM,  reportaba que esta institución  se encargaría de fabricar  uniformes y equipo para las dependencias de Gobernación.

Sin embargo,  durante el programa Gobernando con la Policía efectuado en febrero último,  agentes denunciaron que tenían 13 años de no recibir uniformes.
En esa actividad se denunció que los agentes policiales deben pagar entre Q200 y Q300 por cada uniforme, los cuales  adquieren principalmente en comercios de la zona 6.

 “Los policías tienen unos 13 años de no tener una entrega sistemática de  uniformes. Algunos se adquirieron con  la Industria Militar”, aseguró Carlos Menocal, ministro de Gobernación.

El funcionario explicó que solicitó  la auditoría de todos los contratos efectuados durante los dos últimos años .
“Le pedimos a la Contraloría que durante nuestra administración se lleve a cabo una auditoría concurrente, para que nos acompañen en todos los gastos”, dijo  Menocal.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, indicó que ese contrato está sujeto a auditoría, con el propósito de establecer si hubo anomalías, lo cual determinará si es o no lesivo para el Estado.
 “Lo que sabemos hasta el momento es que se entregaron más de Q120 millones, y necesitamos establecer en dónde están los uniformes”, detalló.
Este caso también  se encuentra en investigación  en la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Simulaban entrega

Durante la administración de Francisco Jiménez en la cartera  del Interior se suscribió un contrato por Q162 millones 102 mil 685, los cuales se ejecutarían en el 2008 y el 2009.
Según el Ministerio de Finanzas, a la fecha  ha pagado a la IM Q124 millones 881 mil 243.19, y el resto lo cancelará este año.
En ese contrato se pidieron 35 mil quepis, pese a que la   PNC  solo cuenta con 21 mil agentes; 10 mil pares de zapatos, la misma cantidad de pares de botas estilo militar, cinco mil pares de botas de hule, uniformes, gorgoritos, ocho mil  literas, 20 mil capas con el logo de la PNC y otros requerimientos que se consignan en el contrato al que Prensa Libre tuvo acceso.

Las pesquisas han  establecido que la IM simuló la entrega del equipo, y  para eso contó con la ayuda de la unidad de  Apoyo Logístico   de Gobernación.
En esa unidad quedó consignado por escrito que se entregaron los implementos, pero en la práctica no fue así.   Por ejemplo, cuando al indicarse el ingreso de un lote de 10 mil uniformes, solo se recibían mil.

Los comprobantes únicos de Registro, del Ministerio de Finanzas, a los cuales Prensa Libre tuvo acceso, dan cuenta de que se efectuaron  20 pagos a la IM desde el 11 de agosto del 2008 al  11 de diciembre del 2009,  y que está pendiente la contabilidad de este año.
Los fondos salieron de una cuenta del Estado, en el Banco de Guatemala, a la   cuenta 3033352537, a nombre de la Industria Militar,  en el Banco de Desarrollo Rural.
Este diario intentó durante una semana obtener la versión de Jorge Vega, encargado de la IM, pero no respondió las llamadas telefónicas.

Antecedentes

El 11 de julio del 2005, este  matutino publicó sobre el fraude de Q31 millones cometido  en la compra de botas, capas y colchonetas a la IM, en la gestión en el Ministerio del Interior de Arturo Soto  y el  viceministro Óscar Montoya, en  el gobierno de  Óscar Berger.
El caso se descubrió después de  que se practicó una auditoría interna  en ese ministerio,  la cual evidenció que Soto y Montoya habían autorizado la compra y que los productos nunca fueron entregados por la IM.