“Este Tribunal no comparte la argumentación técnica de la defensa del señor Muadi. El peligro de fuga se da no solo por el poder económico sino por el poder político. Recordemos que fue presidente del Congreso”, explicó la jueza González para negar la libertad, de forma condicional, al expresidente del Congreso.

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Muadi había solicitado la revisión de la medida de coerción por primera vez desde que fue detenido el 29 de octubre del 2015. Su abogado, Juan Guevara, argumentó que se había desvanecido el peligro de fuga.

A criterio de los juzgadores la obstaculización a la averiguación de la verdad sigue latente debido a que los testigos de la Fiscalía ya declararon en anticipo de prueba, pero existen otros testigos de los sindicados que deberán comparecer en el debate.

“En relación a la obstaculización, es cierto que los testigos del Ministerio Público ya declararon pero también se escucharán los de la defensa y podría haber obstaculización. Existe sospecha que Muadi podría interferir en los testigos”, dijo la jueza González.

Muadi está procesado por el juez Eduardo Cojulún por peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El comienzo del debate contra 31 sindicados está previsto para el 25 de marzo próximo. Muadi es el único que sigue en prisión. Los demás gozan de arresto domiciliario.

Al salir de la sala de audiencias Muadi lamentó la decisión del Tribunal. “No me queda de otra”, dijo.

"No me queda otra", dice Pedro Muadi al salir de la sala de audiencias. pic.twitter.com/RFvywo4VcX

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 26, 2019

El caso

Según las investigaciones que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Muadi facilitó la contratación de personas que estarían a su disposición, pero aunque estas cobraban su sueldo mensual, no acudían a trabajar al Congreso.

Los hechos se dieron cuando Muadi fungió como presidente del Congreso de la República (2013-2014) y contrató un cuerpo de seguridad de la empresa Grupo SIS, integrado por 30 agentes que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de esa compañía.

El MP sostiene como sus pruebas que “para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso”.

Los trabajadores aceptaron y firmaron un contrato con el Congreso por un sueldo de Q8 mil mensuales, pero nunca llegaron a laborar al Congreso y en su lugar desempeñaron funciones en empresas vinculadas a Muadi.

El caso se amplió con el señalamiento a particulares que cobraban salarios de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q20 mil mensuales en el Organismo Legislativo y no fueron a trabajar.

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