Estado acciona penalmente contra tres magistrados de la CC

A través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ejecutivo busca que tres magistrados constitucionales pierdan su inmunidad y puedan enfrentar por cuatro delitos.

Magistrados titulares de la CC, Neftalí Aldana, Boanerge Mejía, Dina Ochoa, Gloria Porras y José de Mata Vela. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Magistrados titulares de la CC, Neftalí Aldana, Boanerge Mejía, Dina Ochoa, Gloria Porras y José de Mata Vela. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Evaristo Martínez Farfán, de la Dirección Penal de la PGN, presentó la solicitud de antejuicio al Juzgado de Paz la tarde de este miércoles en busca de que se inicie un proceso de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela.


Los delitos que según Martínez Farfán han cometido los tres magistrados son: violación a la Constituicón, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.    

“Coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”, explicó la PGN a través de un comunicado difundido minutos después de presentar la denuncia en contra de los magistrados.

Según la PGN, la institución ha sido parte de varios procesos de amparo que “respaldan la presente acción, pues se estima que ciertas resoluciones de dicho tribunal constitucional transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”.

Ruta del antejuicio:

  • La denuncia se presenta ante un Juzgado de Instancia o de Turno, quien por falta de competencia se inhibe de conocer el proceso y en un plazo de tres días lo debe elevar a la Corte Suprema de Justicia.
  • La Corte Suprema de Justicia, en un plazo no mayor a tres días hábiles después de recibida la denuncia, deberá remitirla al órgano que tenga la competencia; en este caso es el Congreso de la República, según la Ley en Materia de Antejuicio, quien tiene la facultad de conocer los procesos en contra de magistrados de la corte de Constitucionalidad.
  • El Congreso recibe el expediente y debe hacer de conocimiento del Pleno que, en la próxima sesión ordinaria, no más de ocho días después, se iniciará el trámite del antejuicio con la integración de la Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente de la Congreso.
  • La Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
  • El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados le serán entregadas copias de este informe.
  • Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.
  • Si dan con lugar el antejuicio el expediente regresa a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda, si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso, pero si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada.

Acción inédita

Para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, la decisión de la PGN de denunciar a tres magistrados constitucionales no solo es inédito en la historia del país, sino que se está constituyendo en un golpe de Estado.

“La Corte de Constitucionalidad es la última corte. Sostener que existe prevaricato porque se pierde un proceso, es un intento de barnizar de legalidad (…) es lo típico de (presidentes como Daniel) Ortega y (Nicolás) Maduro”, agregó el abogado.

Según Balsells en la denuncia en contra de los tres magistrados no hay ninguna perspectiva técnica, por el contrario “solo hay abogados apoyando los argumentos de alguien que quiere nombrarse dictador”.

La acción de este miércoles en contra de los magistrados, según Balsells, solo “busca desaforar a la Corte de Constitucionalidad porque es la única que les ha puesto freno (al Ejecutivo). El que avale esto está en contra de los principios del poder y es un golpista”, acotó.

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, luego de trascender la denuncia presentada por la PGN y siendo el Congreso quien debería conocer el antejuicio si la Corte Suprema de Justicia le da el trámite, publicó un mensaje en su cuenta de twitter. 

También el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció en la misma red social sobre las acciones de la PGN. 

Resoluciones en discordia

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron por unanimidad un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Cicig. El jefe actual de la Cicig es Iván Velásquez, según última comunicación de la ONU.

El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig, y el 5 de septiembre, con el argumento de “orden y seguridad pública”, el Gobierno también había tomado la decisión de prohibir la entrada al país del jefe de la comisión internacional. Según la magistrada, las controversias deberán ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión.

El pasado 21 de diciembre, la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, por lo que otorga el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último.

Este miércoles la Cancillería presento un recurso de aclaración y ampliación donde son al menos seis argumentos con los que reprochan la decisión del máximo tribunal constitucional. La acción aún está pendiente de resolver.

Mientras tanto, los investigadores de la Cicig permanecen de vacaciones fuera del país, se ha informado.

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