PGN afirma que no hubo injerencia

La Procuraduría General de la Nación (PGN) negó injerencia del Ejecutivo para no declarar lesivos dos contratos, por Q137.8 millones, para sanear el Lago de Amatitlán, luego de que el juez que lleva el proceso penal informara que uno de los testigos mencionó que hubo reuniones para no hacerlo.

María Eugenia Villagrán dijo que la PGN no está obstaculizando el caso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
María Eugenia Villagrán dijo que la PGN no está obstaculizando el caso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Confirmó la entidad que los convenios se hicieron en secreto y que “nunca” se informó de los mismos. Por ello, en mayo del año pasado denunciaron las irregularidades.

“La PGN, en mayo del año anterior, presentó la denuncia penal contra los funcionarios responsables de esos contratos… Aclaro que en ningún momento hubo injerencia del Ejecutivo para que no declaráramos la lesividad”, expresó María Eugenia Villagrán, titular de la PGN.

Aseveró que la representante de medioambiente de la PGN “jamás” conoció de los convenios, sino hasta después de aprobados.

Sostuvo que se hizo un análisis, y al terminarlo se redactó un acta para dejar precedente de que la Procuraduría no respaldaba el proyecto de saneamiento.

Luego del estudio, aseguró que se denunciaron las irregularidades y especificó que no se declararon lesivos los contratos porque no se podían plantear dos acciones al mismo tiempo. Argumentó que podría haber una excepción de prejudicialidad —que ya se está conociendo en otra materia o por duplicidad del caso—.

Sobre La Línea

La Procuradora General aseveró que la apelación presentada para que se le incluyera en el caso de defraudación denominado La Línea no fue para obstaculizar el proceso penal, y aseguró que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, tuvo tiempo para conocer la acción antes de la audiencia, programada para el pasado 28 de marzo.

“En realidad, el recurso de apelación se planteó el 11 de marzo último, y la audiencia fue el 28; por lo tanto, transcurrieron más de 18 días para que el juez Gálvez conociera la apelación. Nosotros no estamos obstaculizando el caso; al contrario, al ser excluidos teníamos que plantear una apelación por no estar de acuerdo con esa medida”, afirmó, con molestia, Villagrán.

Añadió: “Nos molestó la actitud del juzgado y nos causa una gran molestia, porque nosotros, dentro del plazo inmediato, entregamos la acción, y eso debió conocerlo el juez, para luego elevarlo a la sala correspondiente entre el plazo inmediato”.

Agregó desconocer las razones de Gálvez, pero dejó claro no ser responsable del atraso del caso de defraudación donde se vincula al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

“Yo me imagino que no lo conoció por exceso de trabajo. Que no se nos responsabilice por una tardanza de un juez. La PGN lo que hizo fue aplicar los medios para defender los intereses del Estado, para cumplir con la reparación digna del Estado”, manifestó.

Las declaraciones se produjeron antes de la inauguración del taller “Daño, responsabilidad y reparación por los delitos contra el ambiente y patrimonio cultural en la Reserva de la Biosfera Maya”, el cual se desarrolló en un hotel capitalino.

Uno de los abogados de la Procuraduría aseguró que la actitud del juez Gálvez podría atrasar el proceso por más de cuatro meses.

El lunes último, Gálvez suspendió la audiencia de fase intermedia —donde se decide si los implicados van a juicio— por la apelación de la PGN que busca, según sostiene, estar en el proceso para pelear la reparación digna del Estado.