La orden judicial se deriva de la petición del supuesto dueño de la propiedad, José Tulio Carrillo Hernández, quien asegura que compró ese terreno en 1983, aunque según los vecinos, quienes rechazan el desalojo, los documentos presentados tienen varias anomalías.
La pelea se remonta al 2005, cuando Carrillo Hernández solicitó que se le devolviera ese terreno, inscrito en el Registro de la Propiedad con el número 169, folio 169 del libro 2232.
Mario Roberto García, representante de los vecinos, asegura que una abogada de la PNC logró detener las acciones del supuesto dueño, pues comprobó que la finca es propiedad del Estado, pero Carrillo Hernández “aprovecha la ausencia del Estado” con cada cambio de Gobierno para reclamar de nuevo.
En el expediente que los vecinos de la colonia El Maestro guardan para respaldar a la Policía, se indica que hay duplicidad de documentos, pues hay dos hojas de protocolo, una identificada con el número M7684267 y otra con el número M7684227.
Según García, el supuesto dueño también tiene una orden de captura, aunque la PNC no pudo comprobar este extremo.
La institución buscará un lugar para instalarse, según Aguilar, pues la orden fue repentina y no les dio tiempo de buscar otro sitio.
Los vecinos piden a la Procuraduría General de la Nación que se pronuncie sobre el caso y afirman que la presencia de la PNC ayudó a reducir los índices de criminalidad y secuestros, este último el delito que más afectó mientras no había cobertura policial.
"Somos respetuosos de la ley": dijo Jorge Aguilar, portavoz de la @PNCdeGuatemala referente al desalojo. pic.twitter.com/YOieW8P7GE
— Glenda Sánchez (@gsanchez_pl) noviembre 1, 2015
