Buena parte de la responsabilidad en la búsqueda del próximo jefe del Ministerio Público (MP) recae en la comisión de postulación que está integrada, en su mayoría, por representantes de la academia.
La conforman decanos de las facultades de Derecho de las 12 universidades del país, además de los titulares de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notario de Guatemala (Cang), encabezados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Su trabajo será objeto de fiscalización y monitoreo por parte de la sociedad civil, partidos políticos y comunidad internacional, y también de grupos interesados en controlar al ente investigador, entre estos el propio crimen organizado, advierten especialistas consultados.
Estos grupos opacos podrán acercarse a los postuladores en busca de una forma de manipular el proceso a su favor. De ahí la importancia de que los instrumentos de evaluación respondan a criterios técnicos.
Independencia y objetividad
Édgar Ortiz, de Fundación Libertad y Desarrollo, estima que una primera acción para blindar el trabajo de la postuladora es establecer un proceso de evaluación adecuado.
“Lo fundamental es que la comisión defina una metodología de evaluación. La ley da parámetros muy vagos que hemos visto con el tiempo que en la práctica no funcionan muy bien (…) Si ellos implementan una buena metodología que garantice parámetros objetivos, las influencias externas se reducen”, precisó el profesional.
Pero junto a este primer factor también debe existir un trabajo independiente, donde no pesen los criterios políticos, agregó María José López, analista de Guatemala Visible.
“A veces se quita el enfoque técnico y se vuelve muy político. Es importante hacer un llamado a los comisionados para que cumplan con ese deber técnico. Su independencia es una de las características más importantes que deben cumplir”, comentó.
Para José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es primordial que los instrumentos de evaluación se elaboren con el único fin de encontrar una persona idónea para continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad del MP.
“Una parte importante será establecer un perfil con base en las necesidades del MP y no para favorecer o perjudicar a algún candidato, además, y acompañarlo con mecanismos de calificación objetivos”, indicó Echeverría.
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Las presiones
Los tres analistas coinciden en que los grupos oscuros tratarán de incidir en la decisión de los comisionados con tal de que sus favoritos formen parte de la nómina que se entregará al presidente Alejandro Giammattei, quien tiene a su cargo tomar la última decisión.
“Creo que el modo de operar de muchas fuerzas oscuras será apostar por influir sobre candidatos desconocidos, que no suenen en la opinión pública, para que logren integrar la nómina personas afines a sus intereses”, opinó Ortiz.
López no descartó que las presiones puedan venir desde la fuerza política, de implicados en casos de corrupción y cualquier otro sector de poder en Guatemala.
“Es de mucha importancia para distintos sectores. Incluso algunos que están ahora en el Gobierno podrían influir en la elección del fiscal general, porque afecta intereses directos; se puede buscar influir en el resultado”, expresó la investigadora de Guatemala Visible.
A criterio de Echeverría, cada comisionado debe tener coraje y ser capaz de denunciar cualquier intimidación o presión en su trabajo.
“Hay personas o grupos que procuran impunidad y que operan al margen de la ley que no quieren que sus acciones sean perseguidas, grupos del crimen organizado y similares (…) Los comisionados deben denunciar si son sujetos de amenazas o intentos de presiones de cualquier tipo”, concluyó.
Posturas difieren en torno a invitación
Respecto de la ayuda ofrecida por el grupo de países cooperantes denominado G13, la cual fue criticada por el Gobierno de Guatemala, que lo consideró un intento de injerencia, algunos comisionados opinan que lo correcto es que cualquier ayuda ofrecida se debe conocer en el pleno y tomar la decisión por mayoría.
El decano de la Universidad Mesoamericana, Luis Cabrera, indicó que “todos los países son observadores de todos los procesos”, por lo que no lo ve como una injerencia sino como “querer contribuir, es como quien dice en qué les podemos apoyar”. Sin embargo, valoró que no se debió hacer de esa forma, porque “cualquier tipo de solicitud se debe hacer al pleno de la Comisión, cuando ya esté en funciones”, y hasta ahora solo fueron juramentados.
Cabrera evitó hablar sobre la reacción del Gobierno al ofrecimiento del G13 porque son “temas políticos”, aunque a su vez negó sentirse presionado y asegura que dicha invitación no condiciona el trabajo de dicha comisión.
Por su parte, Alejandro Racancoj, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, expuso que el tema es “bastante difícil y mediático”, por lo que a su criterio “no es prudente emitir opinión al respecto”.
A su vez, David Gaitán, decano de la Universidad Da Vinci, expresó que la invitación del G13 es “bien recibida”. Considera que responde más a temas de transparencia y por lo mismo no lo interpreta como una injerencia, sino como una mesa de diálogo para tratar temas fundamentales.
Para el analista jurídico Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la invitación del G13 “es indebida, porque a la comisión hay que tenerla lo más librada de cualquier tipo de injerencia”, y por ello piensa que la misma debe ser rechazada por los comisionados, porque “nadie invita sin plantear una perspectiva”.
