La pena se basa en la comisión de cuatro delitos: asociación ilícita, seis años; defraudación aduanera de manera continuada, nueve años; tenencia ilegal de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, 10 años; falsificación de placas y distintivos vehiculares, dos años.

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También deberá pagar una multa de Q3 millones.

El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A lo absolvió de los cargos caso especial de defraudación aduanera, caso especial de contrabando aduanero en concurso ideal y lavado de dinero.

Barrios Marchena fue el cabecilla de una estructura que entre 2008 y 2019 evadió impuestos al introducir a Guatemala combustible desde México y entre 2011 y 2012 hizo lo mismo desde El Salvador.

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Luis Rolando Galicia Botón, quien también fue enjuiciado, deberá cumplir una pena de seis años.

El Ministerio Público (MP) demostró su culpabilidad en asociación ilícita.

Los jueces lo libraron de los cargos de caso de defraudación aduanera y caso especial de contrabando aduanero.

Galicia ya había sido condenado a 10 años desde el 8 de mayo de 2015, por defraudación aduanera.

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Otras 17 personas implicadas en esta red, en la que había particulares y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ya fueron condenadas en otros dos juicios, en enero de 2013 y mayo de 2015.

De acuerdo con el MP, esta es la primera estructura de contrabando aduanero que fue desarticulada.

Durante el juicio se reprodujo el testimonio en 2012 del exfiscal Rigoberto Castañón Mejía, quien reconoció que cuando trabajó en la agencia de Tecún Umán, San Marcos, entre 2005 y 2012, recibió sobornos a cambio de mostrar a la estructura las acciones del MP contra el trasiego de gasolina a Guatemala desde México y El Salvador.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desbarataron la estructura el 25 de enero de 2012.

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