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El proyecto se concluyó luego de que Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), la compañía del empresario español, cediera el control de sus puertos en el mundo a la firma holandesa APMTerminals.
Pero ¿Por qué no fue posible la extradición de Pérez-Maura? Parte de eso lo que explica su detención de este 8 de mayo, ya que, según las investigaciones en España, pagó 10 millones de euros a José Manuel Villarejo, un policía español retirado que se dedicó a ser investigador privado, preso desde el 2017, para evitar su procesamiento en el país europeo y su envío a Guatemala.
Villarejo figura en más investigaciones sobre tramas de corrupción en España ya que se supone tuvo el suficiente poder para influir en decisiones judiciales.
Familia de tradición
Pérez Maura es un empresario naviero cuya familia tiene una larga historia en este negocio que se remonta a la época de Antonio Maura y Montaner, presidente del gobierno español a inicios del siglo pasado.
Es el mayor de cinco hermanos de una de las familias con mayor tradición empresarial de Cantabria, norte de España.
Es el presidente de Grupo Pérez y Cía., empresa naviera que presume de una historia de 150 años de trayectoria en el manejo de embarcaciones y de ser una de las redes de transporte marítimo más grandes de España, esta a su vez es propietaria de TCB a cuya subsidiaria, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se le concedió en el 2012 la construcción de la terminal en Puerto Quetzal y su manejo por 25 años.
Una publicación de septiembre del 2018 del medio económico español Merca2 señala que la familia cuenta con un patrimonio que supera los 300 millones de euros y que ha tenido una historia no solo empresarial, sino también política.
Por ejemplo, la madre de Ángel Pérez-Maura, Elena García Botín, fue durante muchos años diputada del Partido Popular (PP) por Cantabria.
La nota de Merca2 califica al apellido Pérez-Maura como “noble” y de “rancio abolengo” y que ha marcado la historia de España.
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Destaca que esta “dinastía” siempre ha mostrado una gran afición por la caza, actividad que ha compartido, incluso con el Rey Emérito Juan Carlos I, quien se considera “otro gran amigo de la familia” ya que con el padre de Ángel Pérez-Maura, Jaime Pérez-Maura y Herrera, practicaban regata cuando eran jóvenes.
“La relación —de la familia Pérez-Maura— con la Casa Real siempre ha sido estrecha como corresponde a toda saga aristocrática que se precie”, concluye el artículo.
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El Mundo señala que actualmente Ángel Pérez-Maura es vicepresidente de TCB, y afirma que, según un ranking elaborado por el medio, su familia se ubica en el puesto 156 de las más ricas de España.
El gran proyecto de la terminal portuaria
El Miércoles Santo 27 de marzo del 2013 el presidente Otto Pérez Molina anunciaba en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial la entrega de un terreno de 348 mil metros cuadrados por 25 años a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de TCB de España.
El anuncio llegó después de meses de conflictos por la adjudicación del proyecto, cuyo contrato se firmó en julio del 2012 en secreto y sin llevar a cabo ningún proceso de licitación y con denuncias de que TCB había sido escogida a dedo.
Pasados los años, pareciera que esas denuncias tenían razón.
Debido al anuncio, los sindicatos paralizaron labores durante varios días y presentaron recursos ante la Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN) y hasta la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pero en todos salió favorecido el Gobierno de Guatemala.
En el 2015, el grupo APMTerminals adquirió el control de TCB y 11 terminales en el mundo, incluyendo TCQ. Ese mismo año la PGN recomendó anular el contrato de usufructo por ser lesivo para el estado.
El 15 de abril del 2016, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), capturó a nueve personas por su involucramiento en el caso de sobornos para la adjudicación del contrato entre el Estado y TCQ, y giró órdenes internacionales de captura en contra de otras cinco, entre ellas, Ángel Pérez-Maura, acusado de cohecho pasivo, asociación ilícita y fraude.
Días después, el colaborador eficaz del caso La Línea, Juan Carlos Monzón, reveló durante una declaración en una audiencia judicial, que Pérez Molina y Baldetti habían recibido los sobornos por US$30 millones, entre el 2012 y 2015; de los cuales, US$24.5 millones eran para socios locales de la estructura, US$5 millones para un grupo de argentinos involucrados en la trama y US$500 mil para otros gastos.
Sin embargo, la detención y extradición a Guatemala del empresario español no fue posible debido a que, según investigaciones que derivaron con su captura este 8 de mayo, contrató los servicios de Villarejo a quien pagó 10 millones de euros para que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para frenar los procesos.
Villarejo habría utilizado su influencia con Dolores Delgado, actual ministra de Justicia de España y exfiscal de la Audiencia Nacional, y con el exjuez Baltasar Garzón para lograr el objetivo.
Hoy en día, la justicia española investiga el caso, pero por el momento no se ha confirmado que Delgado o Garzón jugaran algún papel en esa trama corrupta.
En ese sentido, una publicación de El Confidencial en septiembre del año pasado, hablaba de una posible reunión entre el titular de la Cicig, Iván Velásquez, con Delgado y Garzón en Madrid, España, en el 2017.
Velásquez acudió a Madrid invitado por la organización Oxfam y participó en una charla sobre los desafíos de la cooperación internacional, informó El Confidencial. La Cicig había pedido la orden de detención contra el naviero español, lo que explicaría el interés de Villarejo y del exjuez Garzón en reunirse con él, añade la publicación.
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