Durante estos cambios, el fiscal Stuardo Campos fue trasladado de la jefatura de la Fiscalía contra la Corrupción hacia la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, la cual fue inaugurada como unidad, adscrita a la Fiscalía contra la Trata de Personas, en mayo del 2019, pero cuatro meses después fue fortalecida a fiscalía para investigar delitos sobre el traslado irregular de personas a nivel internacional, nacional, regional y extracontinental.
En manos de Campos queda esa fiscalía, que en la coyuntura actual se convierte en importante. Prueba de ello es que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris viajará a México y a Guatemala los próximos 7 y 8 de junio, para tratar el fenómeno de la migración con los presidentes de cada país.
La Fiscalía contra la Corrupción ahora está bajo la jefatura de Aura Marina López Cifuentes, y los números que deja Campos en su paso por ahí, según los informes oficiales de labores del MP, señalan que de abril del 2018 a marzo del 2019 se presentaron 102 acusaciones y 215 más de abril del 2019 a marzo del 2020.
Otra fiscalía importante para el control del gasto público y para investigar las irregularidades es la de Delitos Administrativos, la cual se encarga de indagar la conducta administrativa de funcionarios y empleados públicos. En esa unidad se siguen las querellas por los supuestos abusos de fuerza policial y represión ejercida por agentes de la Policía Nacional Civil contra manifestantes que adversaban el Presupuesto del 2021.
Esta fiscalía, ahora a cargo de Melvin Oswaldo Medina Ruiz, reportaba en el informe anual de labores 2019-2020 un crecimiento del 103% en las solicitudes de desestimación de denuncias y un 217% de solicitudes enviadas a archivo, en comparación con el 2018. El informe también señala que hubo 20 órdenes de aprehensión más, comparada con las cifras de abril del 2018 y marzo del 2019.
Marvin Flores, analista investigador de Acción Ciudadana, opina que estos cambios en las direcciones de las fiscalías dan un sentimiento de poca independencia, inestabilidad y apoyo a la labor que hacen las diferentes unidades.
Agregó que desde el ente investigador hay tres fiscalías importantes para combatir la corrupción, las cuales son la Fiscalía Especial contra la Impunidad, contra la Corrupción y de Delitos Administrativos, por lo que Porras debería dejar trabajar a la primera y a las otras dos fortalecerlas.
“La Fiscal General tiene un doble discurso, porque en algunos momentos ha estado presionada por actores externos. Ha respaldado a la Feci en su actuar, pero por otro lado toma este tipo de actitudes y acciones en las cuales obviamente no favorecen al fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público”, expresó.
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Delitos electorales
José Rafael Curruchiche fue nombrado jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Después de la salida de Óscar Schaad del país, debido a amenazas de muerte que enfrentó durante la pasada campaña electoral, Curruchiche quedó como encargado de dicha unidad, debido a que no tenía nombramiento.
Del 1 de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019, fueron ingresados 89 casos, solicitaron ocho órdenes de captura y una primera declaración, mientras que en el período posterior entraron mil 166 denuncias, pidieron 12 detenciones y 20 primeras declaraciones.
Para la politóloga Marielos Chang, este es un tiempo importante para que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabajen de forma conjunta para comprender qué es el proselitismo, la campaña política y todo que está permitido para un partido político o uno en formación previo a que se arranque la campaña política.
“En esto se debería estar enfocando el MP y el Tribunal en trasladar esas capacidades, que tengo entendido que el fiscal que tomó posesión ya estaba con el exfiscal Óscar Schaad, por lo que me imagino que tendrá un conocimiento extendido sobre lo que podría darse en una futura campaña electoral”, expresó.
Mientras que para Flores los próximos años se verá una situación complicada por lo que, desde el Gobierno, el presidente y la Fiscal General deberían ver lo que está sucediendo en países como Colombia o Chile. Además, se suman las exigencias y presiones de Estados Unidos y los reclamos a nivel social que se hacen en Guatemala. Habrá un escenario complejo, que podría traer como consecuencia problemas en la gobernabilidad.
Decisión oficial
El 16 de abril el Ministerio Público confirmó, a través de un comunicado, los cambios en nueve fiscalías por orden de la fiscal general María Consuelo Porras.
“La fiscal general María Consuelo Porras Argueta realizó las modificaciones basándose en la experiencia, capacidad, hoja de vida de las y los profesionales que ahora ocuparán los cargos y de acuerdo a las necesidades en la prestación del servicio”, señaló una comunicación del MP.
Agregó: “El propósito de estos nombramientos es garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía en temas estratégicos y afianzar la continuidad en la efectividad del trabajo que se ha realizado”.
