Sala confirma fallo que envía a juicio a ocho militares

Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo confirmó la resolución del Juzgado de Mayor Riego A, con la cual se envió a juicio a ocho militares del caso Creompaz

Militares son acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra población civil no combatiente en el interior de la antigua Zona Militar Número 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, entre 1981 y 1983. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Militares son acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra población civil no combatiente en el interior de la antigua Zona Militar Número 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, entre 1981 y 1983. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo informó sobre el rechazo de las apelaciones que el Ministerio Público (MP) presentó en contra de la resolución del 7 de junio pasado, emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo A, con el cual se ordenó juicio contra ocho militares acusados por delitos de lesa humanidad entre 1981 y 1983, en la antigua Zona Milita Número 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, pero no por todos los hechos que la Físcalía señalába contra los procesados. En la actualidad, en ese lugar opera el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz).

Los militares que enfrentarán debate oral ante el Tribunal de Mayor Riesgo A son Manuel Benedicto Lucas García, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, César Augusto Cabrera Mejía, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar y Raúl Dehesa Oliva.

En el expediente consta que la Fiscalía impugnó el fallo de apertura a juicio por considerar que la jueza Claudette Domínguez no valoró de manera adecuada la investigación y los indicios, por lo cual no envió a juicio a Lucas García, Garavito Morán, Vásquez García y Cabrera Mejía por todos los hechos que se señalaban en la investigación.

El día de la audiencia, la jueza especificó en su resolución que no había congruencia en algunos de los señalamientos que el MP califica como acciones delictivas, con los indicios con los cuales se busca probar la posible responsabilidad de los acusados. De esa manera ordenó el archivo de algunos hechos y profundizar en la investigación de otros.

Derivado del análisis de los magistrados Anabella Cardona, Mynor Oxom y Marvin Reyes, se determinó que la funcionaria fundamentó de manera adecuada su decisión, por lo cual fue confirmada.

Agraviados

Los magistrados también confirmaron que la Coordinadora pra la Justicia y la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado en Alta Verapaz (Codevi) podrá participar en el caso como agraviada, y no como querellante adhesivo, como indicó Domínguez en la audiencia intermedia del caso.

Codevi apeló la resolución de la jueza al indicar que en el principio del proceso, cuando los militares fueron ligados al caso, la funcionaria permitió que la entidad participara como querellante de manera provisional, pero al decidir que los acusados fueran a juicio, cambió la figura con la cual la organización figurará.

La Sala determinó que el fallo de Domínguez es correcto y que se encuentra debidamente fundamentado.

Amnistía

Segura Abularach, Rosales García y Cabrera Mejía fallaron en su intento por obtener la amnistía a los hechos por los cuales enfrentan a la justicia. La Sala negó las apelaciones con las cuales solicitaban que les concediera el perdón judicial, como lo señala el decreto 33-82, emitido por la Junta Militar de Gobierno que en 1982, integrada por José Efraín Ríos Montt, Francisco Luis Gordillo y HOracio Maldonado Schaad, asumió el poder.

La Sala respondió a los militares que la normativa que señalan en su petición, perdió vigencia con el decreto 145-96, que contiene la Ley de Reconciliación Nacioal, emitido después de la firma de la paz, en 1996.

Por el momento, Abuarach y Rosales García permanecen fuera de la investigación, derivado del sobreseimiento a los hechos que el MP hace en su contra, según la resolución de Domínguez de la audiencia de apertura a juicio. La orden obliga a la Fiscalía archivar el expediente de ambos.

En las primeras investigaciones se agregó a Edgar Rolando Hernández, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Carlos Humberto Rodríguez López y Luis Alberto Paredes Nájera.

Paredes Nájera fue separado del proceso de manera temporal, debido a quebrantos de salud. Hernández, Saucedo Mérida y Rodríguez López fueron beneficiados con la falta de mérito a los señalamientos que la Fiscalía hace en su contra.