Justicia

Sala Primera de Mayor Riesgo acata disposición de la CC y otorga arresto domiciliar a vinculados en caso Molina Theissen

La Corte Suprema de Justicia había emitido una orden para que la Sala Primera de Mayor Riesgo acatara la sentencia de la CC en la cual se concedía arresto domiciliar para los militares retirados que fueron condenados por el caso Molina Theissen.

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Un tribunal suspendió la audiencia de juicio contra los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas, acusados de genocidio, debido a complicaciones en su estado de salud. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/Noe Medina)

Un tribunal suspendió la audiencia de juicio contra los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas, acusados de genocidio, debido a complicaciones en su estado de salud. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/Noe Medina)

La Sala Primera de Mayor Riesgo cumplió con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y ordenó el arresto domiciliar contra militares retirados que fueron condenados por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe en 1981.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) había resuelto una orden a la Sala Primera de Mayor Riesgo para ejecutar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual concede arresto domiciliario a los condenados en el Caso Molina Theissen.

Los militares retirados condenados por este caso son Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de Quezaltenango Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar.

La Sala dio cumplimiento y otorgó la medida a Benedicto Lucas, Manuel Callejas y Francisco Gordillo, quienes serán beneficiados con arresto domiciliar.

Según la resolución, Callejas y Gordillo se pueden movilizar en el departamento de Guatemala, mientras que Lucas  García en el de Guatemala y Alta Verapaz.

Pese a al resolución, solo Gordillo podrá salir de la prisión, pues Lucas y Callejas tienen prisión preventiva por caso Creompaz y  en el caso de Lucas también por el de genocidio.

Los militares condenados habían apelado ante la CC y esta resolvió darles el arresto domiciliar.

La acusación

Todos los acusados fueron hallados responsables de violación y delitos contra los deberes de la humanidad, según sentencia del Tribunal C de Mayor Riesgo que los condenó a penas de entre 33 y 58 años por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe en 1981.

El tribunal consideró que los militares acusados participaron directamente diseñando el plan contrainsurgente y ordenando los operativos para capturar y torturar a Emma Molina Theissen, quien fue golpeada y violada por soldados, a modo de tortura, durante nueve días.  Cuando escapó, se procedió a la captura ilegal y desaparición de su hermano, Marco Antonio.

El referido tribunal estuvo integrado por los jueces Pablo Xitumul de Paz, presidente, y los vocales Elvis David Hernández Domínguez y Eva Marina Recinos Vásquez.

De acuerdo con la sentencia, los militares diseñaron la estrategia de tortura. De hecho, estaba en los archivos personales de uno de los acusados.


Los hechos

El 27 de septiembre de 1981, en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la zona militar General Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada. Nueve días después logró escapar.

El 6 de octubre de ese mismo año, tres miembros del Ejército vestidos de particular llegaron a la casa de la familia Molina Theissen ubicada en la 6 avenida 2-35, zona 19, colonia La Florida para recapturar a Emma, pero al no localizarla se llevaron a Marco Antonio, de 14 años, ante la mirada de su madre. Hasta ahora se desconoce al paradero del menor.

El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instancia que condenó al Estado y ordenó buscar a la víctima, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.