Sala rechaza recusación contra la jueza Erika Aifán en el caso Caja de Pandora

Es la segunda acción que le decretan sin lugar al abogado que está vinculado en el caso Caja de pandora.

El abogado Moisés Galindo, procesado en el caso Caja de Pandora. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)
El abogado Moisés Galindo, procesado en el caso Caja de Pandora. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, presidida por la magistrada Anabella Cardona, declaró sin lugar la recusación del abogado y procesado Moisés Galindo en contra de la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán.

“Se decreta sin lugar la recusación planteada por ser improcedente. No se duda de la imparcialidad de la juzgadora”, resolvió la Sala durante la audiencia de este 17 de julio.

Con la resolución confirman a la jueza de Mayor Riesgo D para que siga en el proceso denominado Caja de Pandora, en el que está procesado Galindo por supuestos actos de blanqueo de capitales.

Galindo había interpuesto esta recusación debido a que desde noviembre del 2018, durante una audiencia de revisión de medidas de coerción, Aifán se negó a otorgarle la palabra.

El fiscal Luis Mejía recordó el incidente durante la audiencia y explicó que Aifán le mencionó que le iba a otorgar la palabra al final de la intervención del representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Esta es la segunda acción en la que Galindo recibe un revés judicial. La semana pasada fue conocida la primera recusación en la Sala Segunda de Apelaciones Penal, que también la rechazó por motivos similares.

 

Otras recusaciones

Galindo aún tiene otras cuatro recusaciones contra Aifán que serán conocidas en la Sala que preside Cardona, según la agenda de audiencias.

Los hechos señalados indican que Aifán participó en una actividad académica en donde se mencionó el combate a la corrupción el año pasado; también porque Aifán en lugar de notificar vía escrita una resolución lo hizo de forma oral, con un supuesto atraso de dos meses.

Otras recusaciones son por una querella presentada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presuntamente porque la jueza habría violentado el principio de secreto profesional con su cliente, el capitán Byron Lima -fallecido en la cárcel Pavón en 2016-; y porque Aifán, al saber que enfrenta recusación, no se ha apartado del caso para que sea otro juez quien lo conozca.

“Aún hay otras acciones. Lo que se duda es de su imparcialidad -de Aifán-. No estoy afectando el proceso, sino que exijo un juez imparcial”, expresó Galindo.

 

El caso

El 3 de septiembre del 2014 el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva, en la cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) y personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos. Derivado de esa investigación varias personas enfrentan proceso penal.

El MP y la Cicig continuaron con la investigación y, a partir de nuevos elementos que han surgido durante el proceso judicial, se han abierto otras líneas de investigación para establecer la participación de otras personas en la red que dirigía Lima Oliva.

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP), que se debió en gran parte a que compartían formación militar, se consolidó en 2012.

Además, el nombramiento de Mauricio López Bonilla como ministro de Gobernación durante la administración del PP abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro del SP y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo como nombrar personal dentro de la institución.

En el año 2012, Lima Oliva gestionó el traslado de 127 reclusos a Pavoncito. En su declaración, Alejandra Reyes Ochoa (colaboradora eficaz en este caso, pareja de Lima Oliva), indicó que en el 2012 este le comentó que el coronel retirado Luis Alberto González Pérez, designado director del SP, le dio un mensaje al exministro López Bonilla que consistía en “un regalo” de trasladar a 150 reos a Pavoncito.

Se estableció en las pesquisas que González Pérez avaló los nombramientos de personal sugeridos por Lima Oliva en la Dirección del SP y se convirtió en un operador de la estructura que dirigía Lima Oliva.

Los traslados dependían del perfil económico del recluso y debían ser ejecutados por González Pérez. El mismo año se incrementaron los traslados hacia Pavoncito de una forma exponencial respecto al año anterior, según la investigación.

Durante diligencias de averiguación las autoridades incautaron indicios en el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima Oliva y que operaba en el Centro Preventivo Pavoncito. En la documentación se tenía registro de contrataciones y pagos que requerían personas y entidades externas.

Al realizar un análisis documental, las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Alejandra Reyes, la investigación reveló que uno de los principales contratistas de la cooperativa que dirigía Byron Lima era la comuna capitalina, dirigida por el fallecido alcalde Alvaro Arzú Irigoyen, quien mantuvo su inmunidad a pesar de que la Fiscalía solicitó que se le retirara ese beneficio para investigarlo por este caso.

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