Los magistrados Jaime Amilcar González Dávila -presidente-, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos -esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia- y Zonia de La Paz Santizo Corleto -vocales- se excusaron de conocer el antejuicio contra el jefe edil capitalino Ricardo Quiñónez.

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Pese a que la justificación no fue informada una fuente judicial confió que su decisión se fundamenta en que ya conocieron el proceso contra Álvaro Arzú -fallecido- en el caso Caja de Pandora, en el que su resolución fue que mantuviera su inmunidad.

El expediente ingresó en la Sala Tercera de Apelaciones Penal el lunes recién pasado, 29 de julio. Luego de notificar a las partes los magistrados decidieron hoy excusarse.

El señalamiento del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra el alcalde capitalino es que, junto con el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez -esta semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la acción penal en su contra sin entrarla a conocer-, habrían formado parte de una estructura que utilizó recursos de la municipalidad para que el Partido Unionista (PU) se “perpetuara en el poder”.

Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) los delitos que se encuadran en la conducta de los funcionarios son financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.

Según el MP, desde 2011 y 2015 se habrían orquestado desde la alcaldía planes y estrategias para incrementar simpatías hacia el Partido Unionista, fundado por Arzú, para asegurarse un caudal de votos que le permitiera a esa agrupación perpetuarse en el poder.

El fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval informó que aún no han sido notificado acerca de la excusa de los magistrados.

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Para el efecto, actividades proselitistas se habrían cubierto con recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu), pero se justificaban con facturas alteradas falsas.

“Fines políticos”

La Municipalidad de Guatemala emitió un comunicado el 20 de junio pasado en el que señaló que “las acciones tomadas por las autoridades… tienen únicamente fines políticos”. Además, rechazó los señalamientos contra Quiñónez, aduciendo que “toda actividad presupuestaria de la municipalidad y sus entes es pública y debidamente auditada”.

La comuna afirmó que “aportó toda la información requerida en las investigaciones, colaborando en cada momento”.

“Al tener mayor conocimiento de la sindicación en contra de funcionarios y de la entidad, desvaneceremos oportunamente cada uno de los señalamientos”, sostuvo.

Remitido

El expediente será trasladado la próxima semana a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia en donde los magistrados decidirán si aceptan la excusa y entonces designar otra Sala. En caso contrario, devolverán el documento con los indicios para que resuelvan si es viable darle trámite al antejuicio.

Si esto sucede, deberán designar un pesquisidor que tendrá hasta 60 días para indagar en el caso y remitir un informe a la Sala, que decidirá si le retiran la inmunidad al jefe edil.

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