Funcionarios del ministerio estarían involucrados en esta red que opera desde hace más de 10 años vendiendo ilícitamente permisos emitidos por el Departamento de Control de Productos Farmacéuticos, de acuerdo con la información oficial.
Según Soto, los interesados en obtener licencias sanitarias podían pagar Q600 para obtener en una hora una licencia sanitaria autorizada por el ministerio.
“Tenemos bien identificada la red”, dijo el ministro en una improvisada conferencia de prensa a su salida de un evento de certificación y graduación de una promoción de encargados de venta social de medicamentos.
“Lo más lamentable de nuestro sistema es que no lo podemos despedir porque hay que seguir un proceso y mientras tanto siguen robando”, agregó.
El ministro se quejó que, aunque hace tres meses colocó la denuncia, el Ministerio Publico (MP) aún no actúa en contra de los miembros de la red.
Por su parte, Julia Barrera, portavoz del MP, confirmó la existencia de la denuncia. El caso es investigado por la Fiscalía contra la Corrupción y según Barrera es solamente contra una persona y no cinco como indicó en conferencia de prensa el ministro de salud.
No se puede revelar mayor información porque aún se investiga el caso, dijo.