El Juzgado de Mayor Riesgo A ligó a proceso a la excandidata presidencial, Sandra Torres Casanova, por el delito de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado en hechos relacionados a la campaña electoral del año 2015 cuando participaba por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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La jueza Claudette Domínguez explicó que aceptó 22 de 300 medios de convicción presentados por el Ministerio Público. Indicó que, rechazó más de la mitad de los medios de prueba ya que los fiscales hacían alusión a personas que ya habían solventado su situación jurídica.

Uno de los medios de prueba que presentó el @MPguatemala y que expone la jueza Claudette Domínguez es "la resistencia" de la empresa Maariv, S. A. para ser auditados por la SAT. pic.twitter.com/M3FWHZcLAc

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 16, 2019

Según lo resuelto por Domínguez, Torres consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la organización política que representaba y que no fueron reportadas.

La imputación inicial habla de más de Q19 millones no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Prisión

Torres continuará en prisión preventiva en Mariscal Zavala debido a que la Feci logró convencer a la jueza Domínguez que había riesgo de “obstaculización de la averiguación” porque durante la recopilación de medios de prueba dos personas relacionadas al partido UNE no brindaron detalles en en declaraciones testimoniales y se sospecha que fue por su vinculación con Torres.

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La expresidenciable estará en prisión los dos meses que dure la investigación del caso ordenó la jueza.

El fiscal Fernando Aldana argumentó que Karin González Rímula, asesora de la bancada UNE; y Jorge Ricardo Arévalo Solórzano quien fue bodeguero en la sede de ese partido político tenían números telefónicos registrados que aparentemente fueron usados por Torres para comunicarse con Gustavo Alejos y autorizar aportes a la campaña electoral.Aldana expuso que existe riesgo a la obstaculización de la averiguación porque cuando se les cuestionó a González Rímula y Arévalo Solorzano por esas líneas telefónicas “no aportando ninguna información, limitándose únicamente a indicar que no recordaban nada”.

El fiscal sospecha que “en cualquier momento pudieron haber sido influidas para poder declarar falsamente o actuar de manera resistente ante los hechos cuestionados”.

En la parte final de la audiencia se presentaron diputados de la bancada UNE y atestiguaron cuando la jueza ligó a proceso judicial a Torres, la dirigente de esa agrupación política. Entre los legisladores que llegaron al Juzgado de Mayor Riesgo A estuvieron Karina de Paz y Carlos López Maldonado, hijo del exlegislador Carlos López, actualmente prófugo de la justicia por el caso plazas fantasmas en el Congreso de la República.

Más investigación

La jueza ordenó a la Feci ampliar la investigación al Tribunal Supremo Electoral porque argumentó que “corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control y fiscalización de fondos públicos y privados que reciben las organizaciones políticas para el financiamiento de las actividades permanentes y de campaña”.

Además, Domínguez ordenó investigar a la Contraloría General de Cuentas porque esa institución “debió haber practicado la fiscalización debidamente de conformidad con la Ley al partido político de la Unidad Nacional de la Esperanza mediante la aplicación de procedimientos de auditoría gubernamental y de esa manera proceder a verificar los registros contables relacionados a sus gastos permanentes y de campaña electoral”.

Por la publicación de una escucha telefónica la jueza ordenó se “investigue lo relacionado a la filtración del audio que está contenido en la sesión número 4015 de fecha 25 de abril de 2015 e informe a esta judicatura para el inicio de acción penal”.

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