En un comunicado, la SIP condenó y exigió “la inmediata suspensión del acoso judicial en contra de periodistas y colaboradores del diario elPeriódico, de Guatemala, reiterando una advertencia que la organización hizo en diciembre (de 2022) al visitar al país”.
En el documento, la SIP reitera que “en un sorpresivo fallo”, Bremer vinculó al presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, encarcelado desde julio de 2022, a un segundo proceso legal por presunta obstrucción a la justicia y falló que debe permanecer en prisión.
Reitera que en la misma audiencia, y por solicitud del MP Bremer “ordenó investigar a periodistas y colaboradores de elPeriódico por el delito de obstrucción a la justicia y generar campañas de desinformación en el caso Zamora”.
Entre los señalados por la Feci se encuentran Julia Corado, directora de elPeriódico; Édgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, columnistas, y los periodistas Rony Ríos, Alexander Valdez, Cristian Velix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz.
De esa cuenta, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, calificó las nuevas acusaciones de la Fiscalía “como acoso judicial contra periodistas”.
Greenspon, quien es director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: “tal como advertimos en nuestra visita en diciembre a Guatemala, ‘las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron para armar el caso de Zamora generan preocupación de que se intente montar procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian al poder'”.
Además, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó: “se cumplió la advertencia que hicimos en nuestra visita a Guatemala tras recabar información de primera mano sobre que las autoridades buscarían censurar a los periodistas críticos en el caso Zamora”.
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, reclamó que el caso que conmociona a la comunidad periodística “tenga más transparencia y equidad y no sea cubierto de un manto de silencio”.
“Los directivos de la SIP expresaron que las nuevas restricciones a los periodistas guatemaltecos contravienen principios de libertad de prensa expresados en la Constitución y en la Ley de Imprenta nacional, la cual rige para la resolución de conflictos entre autoridades, particulares y periodistas”, señala el comunicado.
Los representantes de la SIP agregaron que “las limitaciones a los periodistas violan principios sobre libertad de expresión de las declaraciones de Chapultepec, de Salta y de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El documento detalla que Greenspon y Jornet se sorprendieron de que Gonzalo Marroquín fuera acusado de obstrucción a la justicia. “Como ex presidente de la SIP y prominente periodista, siempre se destacó por su férrea defensa de la libertad de prensa”.
Zamora, directivo de la SIP, está encarcelado desde el 29 julio de 2022, acusado por los supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El medio que preside, elPeriódico, debió cesar su edición impresa el pasado 1 de diciembre.
Viola el artículo 35 de la Constitución
Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) “condena de manera enérgica el intento de acallar a diferentes periodistas y medios de comunicación”, tras la decisión del juez Bremer, “quién ha ordenado criminalizar a varios periodistas y columnistas del matutino elPeriódico de Guatemala, por publicaciones realizadas en el proceso que se sigue contra José Rubén Zamora Marroquín”.
Según la APG, la decisión de Bremer, emitida tras la petición de la fiscal del MP, Cinthya Monterroso, quien lleva el caso contra Zamora Marroquín, “viola flagrantemente el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que dice: ´Es libre la emisión del pensamiento por cualquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna´”.
“La APG rechaza el contubernio existente entre el Ministerio Público y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa”, señala el documento.
La APG en su comunicado, señala que “es de resaltar que el artículo 35 de la Ley Constitucional, establece que ´no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación´”.
“La APG considera que esta nueva acción del MP y algunos jueces se encuadra en la figura del prevaricato, un delito que sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de emitir resoluciones contrarias a la ley”, dice la misiva.
“La APG ante esta situación convoca a todas las entidades de prensa del país a una reunión urgente, para decidir acciones a seguir en defensa de la Libertad de Prensa y evitar así la criminalización de periodistas y columnistas de opinión”, refiere.
En tanto, la Asociación de Prensa Quezalteca (APQ) manifestó su preocupación por “las nuevas afectaciones a la libre emisión del pensamiento que el Ministerio Público a través de una fiscal busca imputar a periodistas y medios de comunicación”.
APQ exige se respete el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y considera que “esta acción del Ministerio Público es un nuevo ataque del aparato gubernamental contra el ejercicio periodístico en Guatemala”.
Por si parte, el colectivo de periodistas No Nos Callarán señaló que la acciones del MP constituyen un nuevo ataque a la libertad de prensa y a la democracia en Guatemala.
“¡No se puede borrar la verdad encarcelando a los periodistas!”, señala el colectivo.
“La moción y la orden violan flagrantemente la libertad de expresión y de prensa y representan una grave amenaza para el periodismo independiente. Condenamos la continua persecución y criminalización por parte del Ministerio Público y de ciertos jueces del Organismo Judicial”, agrega el colectivo.
También La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) condena la petición del MP y la decisión de un juez “de someter a investigación penal a nueve periodistas y columnistas guatemaltecos del diario elPeriódico por informar sobre el proceso judicial contra su presidente Jose Rubén Zamora”.
“Este acto viola la libertad de expresión que está protegida en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Principios de Libertad de Expresión. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo que condena al Estado de Chile por criminalizar las declaraciones o expresiones contra funcionarios públicos”, refiere la RCP.
“La Red Centroamericana de Periodistas se solidariza con el gremio de periodistas de Guatemala, quienes en los últimos años han enfrentado un sistemático acoso por parte del Estado debido a la publicación de investigaciones sobre actos de corrupción estatal”, agrega el comunicado.
Añade que “la Red le recuerda al Ministerio Público que el uso abusivo de las entidades para perseguir a medios y periodistas, por la publicación de contenidos, representa un abuso que provoca el silencio de las voces críticas”.
“Hacemos un enérgico llamado al Estado de Guatemala para que cese con estas prácticas de criminalización a la labor periodística, que se repiten en países anti-prensa como Nicaragua y El Salvador”, concluyó.
