“Se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”: Miguel Ángel Gálvez habla sobre las amenazas a su función como juez

Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, reconoce que tiene temores ante amenazas a su función, pero afirma que seguirá trabajando con independencia.

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El juez Miguel Ángel Gálvez asegura que, pese a las amenazas, seguirá desarrollando su labor. (Foto Prensa Libre: Élmer Vargas)
El juez Miguel Ángel Gálvez asegura que, pese a las amenazas, seguirá desarrollando su labor. (Foto Prensa Libre: Élmer Vargas)

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, enfrentarse a algún tipo de intimidaciones y transcurridos los días señala pasividad de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para atender el tema, pues ninguno ha hecho algún pronunciamiento oficial al respecto, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez dejó claro que lo que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

Hay un documento que se ha enviado a la CSJ y este tiene una razón de ser, cuéntenos cómo surge esa petición

“El tema que se está discutiendo es lo que corresponde a la independencia judicial. A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez, si sale una persona de una audiencia y no da la conferencia de prensa y les indica que él se va a encargar del juez, eso significa que es como consecuencia de una resolución, y se supone que las autoridades máximas son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lo que se pretendía era que al ponerles en conocimiento -a los magistrado- los problemas que se estaban dando, ellos se tenían que haber pronunciado, pero lamentablemente no lo hicieron, o sea ellos adujeron que lo que yo necesitaba era más seguridad, pero el fondo de lo que se pretendía era un pronunciamiento de ellos con relación a que se estaba restringiendo, se estaba limitando el ejercicio constitucional del Organismo Judicial y de la independencia que le corresponde a un juez”.

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¿Cómo ve la carencia de pronunciamiento o la falta de tomar una postura de parte de la CSJ?

“Eso da la pauta a -ver- cómo están las instituciones y el problema es ese precisamente, el que no haya un pronunciamiento, pero el problema que se da es que lamentablemente se pierde más la confianza y la credibilidad que le tenemos que dar a un organismo que se encarga de administrar justicia, entonces allí es donde se da no solo el irrespeto a la población, sino que a los mismos sujetos procesal, porque se dan cuenta que pueden amenazar, que pueden gritar, que pueden ofender y eso se va replicando y hace perder el fundamento de un estado de derecho”.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”.

Debido a su cargo está expuesto a denuncias y presiones, ¿cree que estas han parado?

“Como jueces estamos conscientes de que no quedamos bien con todas las partes. Amenazas siempre han surgido, es más, hasta la libertad de expresión que se manifieste eso no es problema, el problema es que a esas manifestaciones cuando se les va encontrando sentido que no solo es una institución, sino que son varias eso ya preocupa. Si lo que dijo el personaje ese pues está en su derecho y no hay problema, pero cuando miramos que las instituciones se están acoplando a esos intereses como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, entonces ahí es donde ya es preocupante, porque uno se da cuenta que los niveles de reconfiguración son muy altos, el caso, por ejemplo, decir ´ya saqué a Juan Francisco, ya saqué a Thelma, ya saqué a Erika, ahora me queda…´, eso es lo que uno va entendiendo que sí lleva una secuencia”.

¿Podría ser algo más estructurado y pensar que el siguiente es el juez Gálvez?

“Claro. Es más, si buscan en las redes -sociales-, ellos ponían unos cartoncitos como que fueran de lotería y ponían las fotos de varias personas y allí están; por ejemplo, Juan Francisco -Sandoval- tiene una X, Thelma -Aldana- tiene otra X, Pablo -Xitumul- tiene otra X , ya casi llenaron con X el cartoncito, Erika -Aifán- es la última y si ustedes miran después voy yo y luego va Jazmín -Barrios- ahí se llena el cartoncito y eso es lo que se está anunciado, lo que quieren es poner otra X para quedarse solo con la última persona, esa es la tendencia.

“Esas son las personas que nos encontramos más vulnerables, ahora me pregunto ¿cuántos periodistas van a seguir?, ¿cuántos defensores de Derechos Humanos van a seguir? y así sucesivamente, eso quiere decir que las poblaciones, que las comunidades, que los periodistas, que los reporteros o los columnistas independientes que hagan una crítica sobre cómo se está desarrollando el Gobierno va a significar que se vuelvan enemigos”.

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¿Ante esta situación piensa seguir adelante?

“La profesión de abogado para mí es algo apasionado, los procesos son un libro más, considero que la justicia es sagrada, es una bendición y cómo no quisieras seguir haciendo lo que tengo ya casi 23 años de estarlo haciendo, entonces me quiero quedar, pues soy guatemalteco y quisiera ver un país en condiciones completamente diferentes”.

¿Ha pensado salir de Guatemala?

“De momento no. Considero que este es mi país y aquí es donde tengo que desarrollarme y que desenvolverme”.

¿Va a influir mucho este contexto en su trabajo?

“Por supuesto. Cada día los niveles son muy altos y soy consciente y se asume la responsabilidad, pero considero que no es justo y que no se vale, consideró que las mismas instituciones tiene que reparar en que si no se hace nada nos vamos a meter en problema en el que va a ser difícil que salgamos. Lo que tenemos que hacer con la sociedad civil y con toda la gente es dar pasos para consolidar un estado de derecho”.

“Por qué razón se me está limitando ese ejercicio a la independencia judicial, porque lo que quieren es decirme que es lo que tengo, se puede imaginar cómo se va a impartir justicia atendiendo a esos requerimientos, porque si hubiera dictado una resolución que le hubiera gustado a este personaje hubiera sido diferente. Entonces eso es lo que les perjudica, eso es lo que les daña, esa independencia que no se le puede decir al juez qué es lo que tiene que hacer, como me da la impresión de que hay algunos otros -jueces- que si les dicen que lo que tiene que hacer”.

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¿Cómo ve el surgimiento de grupos en su apoyo?

“Esto es natural con todos los acontecimientos que están pasando y la mayoría de estas manifestaciones, el caso de los 48 cantones, el caso del tema de la canasta básica, la gasolina y toda la cuestión es una forma de expresarse, la inconformidad es algo normal y por supuesto que tienen que existir manifestaciones, ahora el problema delicado, y yo de este tema desconozco qué fue lo que pasó, pero se supone que el día martes atentaron en contra de una persona, independientemente de quién era o qué andaba haciendo consideró que el elemento fuerte es que se haga una investigación y que se establezca qué fue lo que pasó porque no se vale el atentar contra la vida de nadie, mucho menos de una persona que se estaba desenvolviendo en cierto ámbito”.

¿Ese crimen le causa alguna preocupación tomando en cuenta que la personas era parte de un movimiento que lo apoya?

“Por supuesto, sería mentirle y tampoco lo van a creer, pero en las condiciones que está el país es lógico que cualquier persona inmediatamente relacione una cosa con la otra y por eso las autoridades están en la obligación de esclarecer qué fue lo que pasó para evitar esas formulaciones, yo soy ajeno completamente a ese tema, pero tengo entendido que llevaba algunos stickers y que estaba entregando a diversos grupos esa papelería, pero eso a mí no me consta e indistintamente qué haya pasado, el Estado tiene la obligación de esclarecer el asesinato.

“Yo sigo trabajando, un poco preocupado, pero indistintamente quiero seguir y voy a seguir trabajando”.

Posturas

Ante los señalamientos del juez Gálvez sobre la falta de pronunciamiento de las autoridades, la CSJ informó que “en relación al memorial presentado por el Juez Gálvez, fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se instruyó a la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial se realice un análisis de riesgo de manera urgente del esquema de seguridad. Asimismo, se ofició al ministro de Gobernación que se cumpla con las medidas de protección, considerando que el juzgador tiene medidas otorgadas por la CIDH”.

Al respecto el Ministerio Público Refirió que se “ha actuado siempre con objetividad, imparcialidad y apegado a su mandato legal y constitucional”.

Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, pues nadie es superior a la ley y esta es su función, según lo establece la Constitución Política de la República, y es a través de la investigación que se determina si existe la comisión de un hecho ilícito o no.

Referente al caso de los Jueces, la Fiscalía señala que “ellos gozan del derecho de antejuicio, por lo que se debe agotar todo el procedimiento y si el órgano competente resuelve levantar la inmunidad, el Ministerio Público inicia con la investigación”.

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Agregó que “la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas se apersonó al juzgado, previa coordinación telefónica con el juez para tomar la denuncia; sin embargo, manifestó que él iba a presentar la denuncia en el transcurso de esta semana. Ayer -jueves- se presentó nuevamente personal de la Fiscalía e indicó de nuevo que él la estaría presentando”.

Agrega que “por los hechos que manifiesta, la Fiscalía considera que es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, por lo que es necesario contar con la colaboración de la parte denunciante. En ese sentido, el personal de la Fiscalía se ha apersonado varias veces al juzgado para que realice su denuncia; sin embargo, el juez ha manifestado que lo hará posteriormente.