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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a tres judicaturas para conocer los requerimientos de los prisioneros a quienes solo les resta cumplir su condena después de haber agotado las instancias de apelación, revisión y casación de un proceso penal.
En la Torre de Tribunales funciona el Juzgado de Ejecución con la mayor cantidad de procesos. Los otros se encuentran en Quetzaltenango y Chiquimula.
Cuando los jueces de Ejecución reciben una petición, primero evalúan si se trata de redención de pena, que es el derecho de un condenado a salir de prisión cuando ha cumplido la mitad de la condena.
Siempre se celebran audiencias en las cuales el representante del Ministerio Público (MP) le explica al juez si existe algún impedimento para que un reo salga en libertad.
Carga laboral
Según Lorena Escobar, analista en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), lo primordial es que los jueces puedan verificar todas las peticiones de los condenados.
“Los jueces de Ejecución están a cargo de toda la condena y deben mantener vigilancia constante en las prisiones. Deben saber si los condenados se están portando bien y, en el caso de las redenciones, verificar eso y saber si es cierto lo que les dicen los reos. Solo hay una forma, la verificación”, señaló.
Un aspecto que destacó la analista son las cargas de trabajo. En la actualidad, 11 mil 834 reclusos cumplen condenas y solo existen tres judicaturas, lo que representa una alta carga laboral.
Informe
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presentó el informe Prisión Preventiva: radiografía de un reto para el Sistema de Justicia, que hace una comparación entre las personas privadas de libertad.
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Hace 10 años, en el país había ocho mil 615 privados de libertad, de los cuales, 34% se encontraban en prisión preventiva.
En la actualidad, la población reclusa total creció 190%, para llegar a 24 mil 400 presos, de los cuales el 48% se encuentra en prisión preventiva.
“Cabe notar que la cantidad de personas en prisión preventiva ha aumentado 300% en los últimos años y la mitad ha recibido esta medida, debido a que los delitos por los cuales enfrentan proceso no tienen medida sustitutiva, según el artículo 264 del Código Procesal Penal”, explicó Walter Menchú, investigador del Cien.
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