Justicia

Siguen las votaciones infructuosas de la postuladora de magistrados de Apelaciones

Con más de una hora de retraso, los integrantes de la comisión que postulará a los candidatos a magistrados retoma este martes la integración de la nómina.

Comisionados para postular magistrados de apelaciones durante un receso en la sesión del 10 de febrero de 2020. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Comisionados para postular magistrados de apelaciones durante un receso en la sesión del 10 de febrero de 2020. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Desde la sesión de este lunes 10 de febrero, los comisionados tienen planificado integrar la nómina de 270 candidatos a magistrados de Apelaciones, de la que el Congreso debe elegir a 135 titulares y 90 suplentes. Sin embargo, la votaciones han sido infructuosas, pues representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y dos decanos de Derecho se han abstenido de votar.

La inconformidad de los comisionados que se han abstenido de votar se refiere a que 58 candidatos impugnaron su calificación, por no llegar a los 65 puntos, y consideran que antes de votar se debería resolver la petición de estos aspirantes. Como la comisión definió que no era el momento para ello, la votación comenzó ayer como estaba planificado.

La comisión estableció que la votación se haría en bloques de 10 candidatos. Los elegibles que obtuvieron 65 puntos o más son 554 profesionales. Este martes, alrededor de las 8.30 horas, los postuladores retomaron la selección con el bloque de aspirantes del 71 al 80.

Para formar parte de la nómina el candidato necesita 25 de los 37 votos de los comisionados. En la sesión de ayer ninguno de los 70 aspirantes consiguió los votos requeridos.

Consulte el listado completo aquí:

Varios comisionados han emitido su voto favorable por algunos candidatos que integran el bloque del 71 al 80 que, consideran, cumplen los requisitos establecidos en la Constitución de idoneidad, capacidad y honradez.

La ronda para votar por los 10 referidos candidatos terminó con 13 abstenciones, por lo cual ninguno obtuvo los 25 votos requeridos, ya que algunos tuvieron votos en contra.

Seguidamente, el presidente de la postuladora y rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, instó a los comisionados a retomar el punto de inconformidad que trata sobre las impugnaciones de punteos, pero los comisionados no quisieron que se discutiera.

La comisionada Gladys Ponce tomó la palabra para decir que era “increíble lo que ocurría”, porque ahora que tenían oportunidad de expresarse no la utilizaban. “Les hago un llamado, me preocupa que estemos tan entrampados, es un trabajo de todos y todos debemos dar una respuesta en esta comisión, no se trata de confrontarse”, manifestó.

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El comisionado Carlos Alfredo Jaruegui Muñoz citó la ley en el aspecto que refiere que la nómina se integrará al votar por los candidatos en orden descendente de punteos; es decir, primero por los que tienen punteos más altos.

Paiz señaló que la abstención no está contenida en la ley, ni en las sentencias que se han emitido sobre este proceso.

Luis Fernando Ruíz Ramírez, otro de los comisionados, dijo que “todos son responsables y que por qué no le preguntan si quiere pronunciarse sobre el punto de inconformidad”, a lo que Ponce y Paiz indicaron que sí se preguntó al inicio de la sesión se preguntó, pero nadie respondió.

 

El amparo

El trabajo de esta postuladora y el de la comisión que seleccionará candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben remitir las nóminas al Congreso antes del 19 de febrero, de acuerdo a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que se amparó en diciembre del año pasado a la Fundación Myrna Mack para que se evaluara a los jueces y magistrados con interés de postularse a una magistratura de la CSJ o de Apelaciones.

Los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones debieron entregar sus cargos el 13 de octubre del año pasado, pero por diversos acciones presentadas el proceso que había comenzado para postular a los siguientes funcionarios fue anulado y suspendido, respectivamente, por la CC, y ahora están contra reloj para cumplir los plazos definidos por el tribunal constitucional.

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