La Policía Nacional Civil (PNC) tiene la orden de detener y conducir a tribunales a quienes no acaten las disposiciones sanitarias. La finalidad última es evitar que las personas se arriesguen a contraer covid-19, sin embargo, lejos de ello, estas detenciones podrían provocar contagios masivos dadas las condiciones de hacinamiento en que permanecen los detenidos.
El pasado fin de semana quedó en evidencia que el Organismo Judicial (OJ) no cuenta con las instalaciones adecuadas para poder custodiar con medidas de bioseguridad a las personas que infringen la denominada ley seca.
Entre viernes y sábado fueron 234 personas capturadas mientras ingerían bebidas alcohólicas después de las 21 horas. Se les trasladó a las carceletas de torre de tribunales ubicadas en el sótano, donde no hay ventilación ni posibilidades de guardar distanciamiento. En esta área las posibilidades de contraer covid-19 pueden ser mayores, incluso, a las de los establecimientos donde se encontraban al momento de ser detenidas.
Rebasa capacidades
El juez Carlos Ruano, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, dice que estas detenciones multitudinarias rebasan las capacidades del sistema de justicia, ya que no se cuenta con las condiciones adecuadas para atender audiencias con un número elevado de personas.
El jurista considera que para evitar aglomeraciones en estos casos se podría hacer uso de la denominada sala de audiencias de mayor capacidad que se inauguró en 2017 para atender los casos de corrupción que involucraban hasta más de 30 sindicados.
“Los jueces que llevaran a cabo las audiencias pueden solicitar autorizaciones para ingresar a salas de mayor capacidad y con el distanciamiento debido hacer audiencias. Queda a disposición de los jueces tomar la iniciativa”, comentó Ruano.
Edgar Meléndez, subdirector de la división de coordinaciones técnico-profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), afirma que este tipo de detenciones masivas no son comunes como las del fin de semana, pero se debe pensar en alternativas para atender estos casos de manera biosegura, como sucedió este fin de semana, cuando la defensa de algunos sindicados se dio en el lobby del edificio de Torre de Tribunales.
Otro problema es la limitación de personal que pueda haber para atender estos casos. Entre sábado y domingo fueron 32 personas quienes requirieron el servicio de defensa técnica al IDPP. Dicha institución tenía tres abogados para atenderlos, por lo que cada uno defendió entre 10 y 11 sindicados.
Derechos humanos
Esteban Celada, abogado experto en derechos humanos, considera que la forma en cómo se están abordando estos casos no es la adecuada, ya que las personas permanecen hacinadas en las carceletas y eso aumenta el riesgo de que se contagien. Con esto ponen en peligro su vida, la de sus familias y la de sus comunidades.
Celada considera que la policía, al momento de sorprender a alguien que bebe alcohol después de las 21 horas e infringe las normas sanitarias, podría únicamente recabar sus datos y notificar por medio de un notario a un juzgado para que este, a su vez, cite a la persona otro día por la falta cometida. Así se evitaría la aglomeración de personas en las carceletas.
Para esto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debería crear un reglamento y establecer cómo será el procedimiento para seguir, dice Celada.
“Al ser sorprendida la persona (infringiendo la norma) se debe firmar un acta de compromiso de en el que se da por enterada de que incumplió una norma y de esa cuenta debe ser puesta de a disposición de un juez. Posteriormente se le citará a audiencia donde tendrá derecho de defenderse y si no comparece, ahí sí se puede dictar la rebeldía y dictarse una orden de aprehensión”, dice Celada.
Más reuniones
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) prevé que en el último trimestre del año se incrementarán reuniones clandestinas debido a las graduaciones, celebraciones religiosas, convivios y fiestas de temporada de fin de año.
No obstante, representantes de corporaciones ediles y la policía han asegurado que no tienen la capacidad para disuadir estas celebraciones, ya que a menudo hay una gran cantidad de personas aglomeradas y no cuentan con el personal suficiente para someterlos al orden.
Asimismo, cuatro personas fueron sancionadas en Quiché por evadir las medidas de prevención. Según informó la Fiscalía de Distrito de Quiché, en un procedimiento fueron encontrados responsables por el delito de contravención a medidas sanitarias, regulado en el artículo 305 del Código Penal.
Se trata de Marcos Osorio Xan, Tomas Xan Morales, Sebastian Tum Morales y José Panjoj Panjoj, quienes fueron acusados de organizar una celebración por un proyecto de agua en la aldea, lo cual se convirtió en una fiesta de 12 horas.
