Inicia debate contra militar Santos López Alonzo por masacre en Dos Erres

El Tribunal escuchó los alegatos de apertura, en el inicio del debate del kaibil retirado que fue deportado de Estados Unidos en 2016 donde vivía desde 2001. La exfiscal general Claudia Paz declarará como uno de los 20 peritos que tiene el expediente del Ministerio Público.

El militar retirado Santos López Alonzo enfrenta debate por la masacre Dos Erres, en 1982. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)
El militar retirado Santos López Alonzo enfrenta debate por la masacre Dos Erres, en 1982. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

El Tribunal de Mayor Riesgo C, integrado por Elvis Daniel Hernández, Eva Recinos y Bertha Argueta, inició el debate contra el militar retirado Santos López Alonzo por su vinculación y participación en la masacre en el parcelamiento Dos Erres, en La Libertad, Petén, en 1982, donde fallecieron 199 personas.


Los alegatos iniciales se retrasaron durante dos horas debido a que la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) evitó el traslado de privados de libertad, luego de la muerte de siete reos en la cárcel Pavoncito el domingo.

Fue el juez Hernández quien habló por teléfono con los guardias penitenciarios y solicitó que trasladaran a López Alonzo, de 66 años, desde el Preventivo para Hombres, en la zona 18, “a como diera lugar”.

La sala de audiencias del Tribunal estaba llena de vecinos de La Libertad, donde sucedieron los asesinatos por un comando de 40 kaibiles del 4 al 6 de diciembre de 1982, durante el conflicto armado que duró 36 años y finalizó con la firma de la Paz Firme y Duradera en 1996.

Señalamiento

El fiscal Érick de León recordó que el militar retirado fue procesado por asesinato, delitos contra deberes de humanidad y supresión y alteración del estado civil en concurso real.

“En este juicio se probará la participación del señor López Alonzo en la patrulla militar que fue enviada a la comunidad para recuperar 22 fusiles que habían sido robados al Ejército”, explicó el fiscal De León.

“Usted contribuyó a la muerte de hombres, mujeres, ancianos y niños a quienes golpearon en la cabeza con una almágana”, se refirió De León.

López Alonzo se abstuvo de declarar y solo mencionó que vivió desde 2001 en Estados Unidos.

Declarará exfiscal general

El expediente contiene 20 peritos que brindarán su testimonio al Tribunal. Uno de ellos será el de la exfiscal general, Claudia Paz, quien explicará las órdenes que giró a los integrantes de la Fiscalía de los Derechos Humanos para realizar las pesquisas. El relato será por videoconferencia, se informó.

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La Fiscalía cuenta con 36 testigos, entre ellos el exministro de la Defensa, Eduardo Arévalo Lacs. 

Niño como botín

Según los relatos recogidos de la masacere, ese día los kaibiles rodearon la comunidad y trasladaron a las personas hasta un pozo. La acusación detalla que ahí interrogaron a los vecinos para saber dónde estaban los fusiles que habían sido robados, supuestamente por guerrilleros. 

Solo dos niños sobrevivieron. Uno de ellos fue Ramiro Antonio Osorio Cristales, quien quedó en poder de López Alonzo.

El niño fue inscrito “de forma anómala” en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, como Ramiro Fernando López García.

“A ese niño lo obligaban a levantarse a las dos de la mañana. Sufrió tratos crueles, inhumanos y denigrantes. Lo obligaron a entregar pan y llevar helados y en alguna oportunidad que se comió varias tortillas fue golpeado por López Alonzo”, mencionó el querellante Édgar Pérez, de la Asociación de Familias Desaparecidas de Guatemala (Famdegua).

La víctima, ahora adulto, también declarará en contra de López Alonzo, informó el fiscal De León.

Deportado

El kaibil fue deportado de Estados Unidos el 10 de agosto del 2016 donde vivía desde 2001. La jueza de alto impacto, Claudette Domínguez, procesó a López Alonzo el 24 de agosto de ese año.

Otros procesados

El primer grupo de elementos castrenses que afrontó a la justicia por la matanza, estuvo integrado por los kaibiles Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Méndez, así como por el subteniente Carlos Antonio Carías López, condenados por el Tribunal de Alto Impacto, en el 2011, a penas de prisión de seis mil 60 años inconmutables.

Un año después, el recién formado Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a una pena similar al kaibil Pedro Pimentel Ríos, quien también fue deportado de Estados Unidos.

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