La acusación y la sentencia condenatoria emitida por la jueza del Tribunal Octavo Unipersonal de Sentencia Penal, Oly González, despertó preocupaciones tanto en abogados especializados en derecho penal, como de la comunidad internacional.
Esto, debido a que la resolución deja un precedente que limita la independencia de los fiscales para fiscalizar el actuar administrativo de operadores de justicia, especialmente de jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ).
Organizaciones como Amnistía Internacional han nombrado a Laparra como una “presa de conciencia”.
“La organización ha documentado varias irregularidades en el proceso penal que violan los derechos humanos de Virginia Laparra al debido proceso y a la libertad, como la ausencia de elementos objetivos para sostener la acusación y la sentencia en su contra, y una doble persecución penal ante dos tribunales distintos por los mismos hechos. Además, Amnistía Internacional considera que los motivos usados por el Juzgado para mantenerla en prisión preventiva a lo largo de estos últimos nueve meses, en lugar de permitirle defenderse en libertad, son a todas luces arbitrarios”, expresó en un comunicado.
Estos pronunciamientos se suman al de otros consultores en derecho penal y exfuncionarios públicos, como el caso de la exfiscal general Claudia Paz y Paz, quien dijo en su cuenta de Twitter que la condena a la exfiscal de la Feci es “la mayor evidencia de que en Guatemala no existe el Estado de derecho” y es una “clara muestra del sometimiento de jueces y fiscales a poderes obscuros”.
