El estado de excepción en el país vecino rige por 30 días, en los cuales se restringen ciertas garantías constitucionales como la libertad de asociación y el derecho a la defensa asistida por el Estado. También se avala la interceptación de llamadas telefónicas sin orden de juez y la permanencia de personas sospechosas en centros de detención hasta por 15 días.
Esta fue la respuesta del Estado ante los 62 homicidios que reportó El Salvador durante el sábado 26 de marzo, la cifra más alta en los últimos 20 años. Y aunque se vendió como una solución para contrarrestar estos crímenes, el temor se instaló, también, en miles de trabajadores ajenos a estas organizaciones criminales.
Habitantes de colonias periféricas han relatado cómo sus familiares han sido detenidos por sospechas criminales, pero sin ningún cargo concreto en su contra.
Guatemala, como país vecino, no es ajeno a esta realidad. Autoridades policiales aseguran que, en las últimas semanas, presuntos pandilleros de origen salvadoreño escaparon del régimen de excepción y han sido sorprendidos en Guatemala.
Algunos fueron capturados por la policía para luego expulsarlos. Algunos tenían órdenes de aprehensión vigentes en su país, o bien, fueron detenidos por cometer algún delito en flagrancia, pero no es el caso de todos.
