Víctimas del conflicto armado interno en Guatemala acusan a fiscal Consuelo Porras de proteger a militares

Víctimas del conflicto armado manifestaron contra Consuelo Porras por su supuesta protección a militares y por la remoción de Hilda Pineda.

Sobrevivientes del conflicto armado denuncian a la fiscal Consuelos Porras por remover del cargo a la licenciada Hilda Pineda. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Sobrevivientes del conflicto armado denuncian a la fiscal Consuelos Porras por remover del cargo a la licenciada Hilda Pineda. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Una veintena de víctimas del conflicto armado interno en Guatemala manifestaron este lunes 22 de noviembre su repudio a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por su supuesta protección a militares retirados y a políticos corruptos.

En el frontispicio del edificio central del MP, los representantes de víctimas y también sobrevivientes de la guerra interna entre el Ejército y las guerrillas, que entre 1960 y 1996 dejó 245 mil muertos o desaparecidos en Guatemala, aseguraron que Porras “desmanteló” la Fiscalía de Derechos Humanos.

Los manifestantes criticaron la remoción de la directora de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, el pasado 11 de octubre, por decisión de Porras.

“La fiscal general removió de manera arbitraria a la licenciada Hilda Pineda como jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien promovió la investigación y persecución de casos emblemáticos de justicia transicional”, esgrimieron en conjunto en un comunicado que leyeron en el lugar.

“La remoción de la fiscal Pineda es una represalia debido a que en junio de este año, la Fiscalía en mención promovió la captura de doce exmilitares y policías implicados en el caso del Diario Militar”, detallaron.

Dicho caso sindica a militares y policías retirados que presuntamente participaron en la captura, torturas y desaparición forzada de al menos 183 opositores políticos, entre 1983 y 1985.

La estructura criminal que supuestamente integraron los sindicados presuntamente cometió esos delitos en contra de personas que estaban fichadas en un documento denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, elaborado durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

Presentaron amparo

Las organizaciones sociales que manifestaron su rechazo a la súbita decisión del pasado 11 de octubre, de remover a Pineda de su cargo, anunciaron además que presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano, en contra de la decisión de la fiscal general.

Además, exigen en el amparo “que se garantice el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno”.

También agregaron que entregaron “una carta firmada por más de 1 mil 500 personas y promovida por organizaciones solidarias de Europa en la que rechazan el desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos”.

La remoción de Hilda Pineda, agregaron las víctimas de la guerra interna, “se suma al desmantelamiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval”, el 23 de julio pasado, también por decisión de la misma jefa del MP

“Consuelo Porras no solamente pretende proteger a los políticos corruptos, además de proteger a los exmilitares señalados en los casos de graves violaciones a los derechos humanos”, concluyeron.

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Pineda fue trasladada a la Fiscalía de delitos contra Turistas Extranjeros a su salida de la Fiscalía de DD.HH., un extremo que, según dijo a la Agencia EFE el día del movimiento, “me toma por sorpresa. No fui enterada sino hasta una hora antes de mi traslado”.

El cambio de sección provoca que “se pierda la especialidad en el conocimiento de los casos. Es lamentable”, esgrimió la abogada, quien desde hace 10 años lideraba la Fiscalía de Derechos Humanos.

La fiscal general Consuelo Porras, fue sancionada en septiembre pasado por el Gobierno de Estados Unidos, que le removió su visa y le prohibió el ingreso a su territorio al acusarla de “obstruir la justicia” en casos de alto impacto en Guatemala. EFE.

Se pidió al MP su postura respecto de estos señalamientos, pero aún se está a la espera de respuesta.

Traslado obedece a “fortalecimiento institucional”, dice el MP

Al respecto, el Ministerio Público dijo que se respeta el derecho de opinión y de petición.

“Es importante tomar en cuenta que el traslado de la licenciada Pineda obedece a las acciones de fortalecimiento institucional para garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal. Estas se realizan de conformidad con lo que establece el artículo 11, numerales 4 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público la Ley Orgánica del Ministerio Público”, agregó.

La Fiscalía dijo que las investigaciones continúan su curso, “toda vez estas son institucionales y están a cargo de un equipo de trabajo. Actualmente la Fiscalía de Derechos Humanos está a cargo del licenciado Tomás Ramírez, un profesional de destacada trayectoria en la institución, con más de 20 años de carrera fiscal”, explicó.