La base para no acceder a ello se encuentra en la prueba científica que acompaña los procesos —entrevista por psicólogos para determinar estado mental de la víctima tras la agresión, informes médicos forenses para confirmar golpes o agresión sexual, entre otros—.
Solo el 10 por ciento de los señalados como responsables de esos delitos resulta beneficiado con el archivo del expediente, por falta de evidencias, indican jueces.
El 60 por ciento guarda prisión preventiva, por la gravedad de las agresiones, y el otro 30 por ciento goza de libertad condicional.
Durante el 2014, el Organismo Judicial reportó tres mil 630 nuevos casos de violencia contra la mujer, y en ese mismo período fueron emitidas 662 sentencias por esos hechos, todas condenatorias.
En la actualidad, los procesos por violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer son conocidos por los juzgados y tribunales de Femicidio, pero las judicaturas penales también pueden escuchar en primera declaración a hombres señalados como agresores de féminas y después remitir los expedientes a los órganos especializados.
Piden retirar cargos
En un sondeo efectuado por Prensa Libre en juzgados penales se indicó que las justificaciones que dan las agraviadas para desistir de las demandas son haberse reconciliado por medio de pláticas con mediadores, necesidad de unidad familiar o la dependencia económica, pues el victimario sostiene el hogar.
Un juez explicó que en un proceso de violencia intrafamiliar que tramitó ligó a proceso al sindicado y le dio libertad condicional. Después de un tiempo, la agraviada —exesposa del señalado— habló con el juzgador y le pidió que cerrara el caso porque había exagerado en los hechos; le explicó que la relación entre ella y su exesposo era buena.
Otro juzgador comentó que una mujer víctima de violencia intrafamiliar le había confesado abusos de los fiscales que investigaban a su conviviente.
La denunciante dijo que había discutido con su pareja y que, por la ira, acudió al Ministerio Público y denunció serias agresiones. Indicó que al ser entrevistada por un psicólogo había llorado, lo cual convenció al profesional para informar que enfrentaba daño psicológico.
Decidió retirar la demanda cuando, supuestamente, en la Fiscalía se le propuso que simulara haber sido agredida sexualmente. Debía regresar a su casa por indicaciones de los investigadores, sostener relaciones íntimas con su pareja y regresar a la Fiscalía para que le practicaran un examen y así acreditar la fingida agresión.
Los jueces coincidieron en señalar que la prevención es la mejor medida contra este tipo de violencia.
Institucional
Mayor atención
Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, explicó que los argumentos por los cuales una mujer víctima de violencia intrafamiliar intenta desistir de la demanda contra su agresor son excusas, y que por esa razón las instituciones de justicia deben poner más atención al caso.
“Existen tres razones por las cuales una mujer desiste: falta de apoyo institucional, codependencia emocional y su situación económica, lo cual genera miedo, por sentirse desprotegidas”, indicó.
Naturalización
Círculo de violencia
El terapeuta Estuardo del Águila explicó que la decisión de una mujer de desistir de la demanda contra su conviviente, por violencia intrafamiliar, con frecuencia se relaciona con que se percibe ese abuso como natural.
“Una persona que vive en un círculo de violencia ve como algo natural las agresiones efectuadas en su contra. Eso, sumado al carácter del agresor, causa situaciones de dependencia, temor y culpa por haber entablado una demanda penal”, explicó.
EN CIFRAS
La violencia intrafamiliar persiste en hogares del país; más de tres mil casos llegan a juzgados.
El año pasado ingresaron al Organismo Judicial tres mil 630 nuevos procesos por violencia contra la mujer.
Durante ese período se emitieron 662 sentencias, todas condenatorias.
En ese mismo período, el Ministerio Público recibió 57 mil 567 denuncias por ese delito.
Juzgados penales reciben solicitudes de las agraviadas para desestimar los procesos hasta en el 80 por ciento de los casos.
El 10 por ciento de los señalados por agresión recuperan su libertad por el cierre del caso, debido a falta de pruebas para acreditar los hechos.
El 60 por ciento de agresores son enviados a prisión preventiva.
El 30 por ciento restante permanece en libertad condicional.
Con información de OJ y MP
