La jueza Carmen Acú Recinos resolvió ligar a proceso a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, y dictó que deberá seguir guardando prisión preventiva, señalada de haber revelado información confidencial, en un segundo caso que presentó el Ministerio Público (MP) en su contra.

Acú Recinos, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, emitió el fallo durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo, sin acceso a la prensa, desde el pasado 3 de enero.

La jueza, que mantiene el caso bajo reserva, dio un plazo de tres meses para que el MP desarrolle la investigación correspondiente.

Acú Recinos dictó la reserva por 10 días a petición de Noé Rivera, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, quien, entre sus argumentos, expuso que los medios de comunicación “vulneran los derechos de los detenidos y tergiversan la información”.

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Al declarar bajo reserva el caso, se prohíbe que se conozcan los detalles del proceso, pues las audiencias son a puerta cerrada y las partes tienen prohibido hablar al respecto.

La defensa de Laparra recusó a la jueza al dudar de su imparcialidad, al considerar que ha sido condescendiente con las argumentaciones del exjuez Lesther Castellanos, pero Acú Recinos lo rechazó.

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Primer proceso contra exfiscal Virginia Laparra

El pasado 16 de diciembre, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

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El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de Castellanos, quien fue investigado por la acusada antes de ser detenida, el 23 de febrero de 2022.

Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

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Revés para el MP

El tribunal también inhabilitó a Laparra para ocupar cargos públicos mientras cumpla su condena, pero podrá ejercer como abogada, un revés para la Fiscalía que había pedido inhabilitarla del todo y que fuera condenada a ocho años de prisión inconmutables.

Laparra afirmó que los cargos en su contra eran “una venganza” de una polémica entidad de derecha, querellante en el juicio.