El 3 de marzo pasado los médicos Mario René Bolaños Porras, Dany Ferlandi Chocooj Coy, Ángel David Valdez Vargas y Orlando Rodas Pernillo fueron arrestados por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), acusados por el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. El 14 de marzo el titular del Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Guatemala, los ligó a proceso por el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Les dio una medida sustitutiva de Q250 mil. Los cuatro médicos están vinculados con la extracción ilegal de un riñón sano de una paciente de 68 años a quien le habían dicho que la operarían para extraerle una glándula suprarrenal, que al final no quitaron. La víctima dio su consentimiento para la extracción y posterior a la cirugía, al recibir la patología, se percató de la extracción del órgano. Aunque la mujer y su familia pidieron explicaciones a los médicos posterior a la intervención quirúrgica, que fue en febrero de 2022, éstos nunca se las dieron, según la investigación. Fue por eso que presentó la denuncia el 20 de mayo de ese año y la fiscalía accionó un mes después hasta lograr su captura a inicios de marzo de 2023. El MP considera que se trató de una mala práctica médica y se lo hicieron ver al juez por medio de un intercambio de mensajes de chats que fueron revelados el martes 14 de marzo de 2023 durante una audiencia judicial. La judicatura decidió dar un plazo de cinco meses al MP para investigar los hechos. Programó, además, la audiencia de etapa intermedia para el 28 de agosto de 2023.

El Congreso de Guatemala aprobó en 1996 el Decreto 91-96 que contiene la Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas. "Las disposiciones contenidas en esta ley permiten iniciar de una manera sistemática la actividad de trasplante de órganos y tejidos, particularmente aquellos proveniente de donación cadavérica", cita una nota informativa del Legislativo. Luego de 24 años de vigencia, los legisladores consideran que la normativa debe actualizarse ante los cambios que ha dado el avance tecnológico y la ciencia. Por esa razón ahora en el Congreso la Iniciativa 4712 fue aprobada en tercera lectura el 3 de noviembre del 2016, sin embargo, en marzo de 2020 fue devuelta a la Comisión de Salud para un nuevo estudio y dictamen. Esa comisión de trabajo dio un dictamen favorable a la iniciativa con algunas enmiendas porque ahora las tendencias actuales del tema consideran trasplantes de donantes vivos y que el uso de células y tejidos humanos ha avanzado y evolucionado mucho. Esa iniciativa, entre otras cosas, plantea la creación del Consejo Nacional de Trasplantes, que integra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Colegio de Médicos y Cirujanos, la Universidad de San Carlos y aquellas casas de estudios superiores que tengan una facultad de Ciencias Médicas. También lo integraría el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y representantes de la Sociedad Civil involucrados en tema de salud, sin tener participación directa con la atención a pacientes. En esta iniciativa también se habla de endurecer las penas a aquellas personas que trafiquen con órganos humanos. En la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas se castigan dos delitos: el de la disposición ilegal de órganos o tejidos humanos, por el que acusan a los cuatro médicos; y el de extracción y tráfico de órganos y tejido humanos. Este segundo no se los endilgaron a los señalados porque el riñón no fue transportado a ningún otro lugar en el país o el extranjero. La Fiscalía contra la Trata de Personas del MP, que dirige Alexander Colop, considera que este caso de extracción de órganos se constituye como el primero, documentado con prueba científica, que ocurre en Guatemala. No se atreve a decir que existen, o han existido más, pero tampoco lo descarta. Asegura que continúan las investigaciones e indagarán sobre ese extremo.