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El excanciller Gabriel Orellana considera que el caso del ciudadano hondureño es un experimento puesto en práctica por el Gobierno de Donald Trump para determinar “si funcionaba”.
Orellana resaltó que lo más importante de este caso es que el mismo el gobierno estadounidense busca “demostrar y constituir prueba de que Guatemala ya le dio cumplimiento y aceptó el ACA como parte de su derecho interno. Este es el punto trascendental del caso”.
El excanciller explicó que en los casos de asilo que contempla la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) “está la posibilidad de que las personas puedan retornar a su país porque cambiaron las condiciones”, pero que obviamente este no es el caso.
Figura se emplea de manera simbólica
El experto en migraciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Marcel Arévalo, considera que en este caso “se empleó la figura de asilo de manera simbólica para iniciar el proceso” de deportaciones.
“No es el caso típico de un solicitante de asilo en el ámbito de ser una víctima de violencia. Su misma disposición de regresar a Honduras evidencia que no tiene temor de regresar, aunque por supuesto, es una persona violentada desde la perspectiva económica”, agrega Arévalo.
El experto de la Flacso opina que el caso del ciudadano hondureño fue muy estudiado por quienes iniciaron el proceso. “El mensaje que quieren transmitir -los gobiernos de EE. UU. y Guatemala- es: miren no es tanto el problema, porque él, incluso, regresó a su país”.
En cuanto al uso de la figura de asilo, Arévalo dice que existen dos visiones desde la lógica de Acnur. La primera contempla las personas víctimas de una guerra, que no es el caso de la región, y la segunda es una perspectiva general de violencia que les impide vivir en sus comunidades, y porque no tienen las condiciones económicas.
