Según la nueva política, el enfoque sería atacar las causas estructurales que generan la migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras para lo cual se puso un plazo de seis meses para diseñar un plan, el cual se entregó en julio.
Un año después de firmada la orden ejecutiva de Biden, aún no se perciben cambios y más bien, organizaciones civiles creen que esas causas han empeorado en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
A principios de febrero la iniciativa Causas Raíz publicó un informe sobre el progreso de la administración Biden para enfrentar los factores que impulsan la migración en Centroamérica y concluye que, aunque se han dado algunos pasos en esa dirección, falta mucho por hacer.
La iniciativa, una coalición de organizaciones civiles y grupos religiosos de Guatemala, El Salvador, Honduras, México y EE. UU., divide el informe en cuatro áreas clave: promoción del estado de derecho; efectividad de la ayuda, inclusión económica de base amplia; y políticas dignas de migración.
Deterioro institucional
En el primer punto, promoción del Estado de Derecho, el informe señala un deterior significativo de la región el año pasado ya que los dirigentes de los tres países actuaron para capturar los sistemas judiciales, proteger la corrupción y violar los derechos humanos.
Sostiene, como prueba de ese deterioro, la persecución del Ministerio Público de Guatemala en contra de fiscales y jueces que luchan contra la corrupción, así como el letargo del Congreso para elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También los “ataques” a los derechos humanos, incluyendo legislación en contra de oenegés.
Aunque destaca la inclusión de 49 personas en la lista anticorrupción Engel —entre ellos 20 guatemaltecos—,reclama que solo a seis se les ha aplicado sanciones financieras; por lo cual demandan utilizar la Ley Magnitsky del Departamento del Tesoro para congelar activos y prohibir negocios con los señalados de corrupción.
Ayuda financiera
El informe también remarca en la necesidad de dar un giro a la millonaria ayuda que proporciona EE. UU. en la región, y que en 2021 llegó a US$322 millones con un “aumento de la financiación a través oenegés internacionales”.
“La Usaid —Agencia de EE. UU. para el desarrollo Internacional, en inglés— siguió confiando principalmente en empresas internacionales con fines de lucro para gestionar proyectos de gobernanza y participación cívica” y solo el 5.8% de las obligaciones financieras del año pasado estaban destinadas a organizaciones locales, señala el informe.
Estas organizaciones locales deben tener una participación más activa en el diseño de planes y estrategias para alcanzar el desarrollo y no ser solo ejecutoras de los programas de Usaid, refiere.
Por aparte, en cuanto a la parte económica, el informe de Causas Raíz, menciona los compromisos de inversión en la región por US$1 mil 200 millones que logró la vicepresidenta Kamala Harris con 12 multinacionales, aunque dice que no está claro cómo esto contribuiría a la estrategia de atacar las causas estructurales de la migración.
Para mejorar las condiciones de vida en las comunidades de origen no solo basta con generar empleos, sino “mejorar la remuneración y la calidad del trabajo y aumentar los ingresos fiscales nacionales y la inversión pública en educación, salud, desarrollo comunitario”, apunta el reporte.
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En cuando a política migratoria, critica que Biden ha incumplido con su promesa de revertir las políticas migratorias “inhumanas” de Trump, como el Título 42 que sigue vigente, supuestamente por la amenaza de la pandemia.
También critica la continuidad del programa Quédate en México que sigue dejando personas “atrapadas” en la frontera del lado mexicano a merced de la violencia, extorsión y secuestros.
Que no se quede en el olvido
Marisa Limón Garza, subdirectora del Instituto Fronterizo Esperanza que a su vez es parte de la iniciativa Causa Raíz, expuso que la idea de publicar el informe es enviar un mensaje a la administración Biden-Harris sobre los pasos que han dado porque cuando “no hay enfoques ni atención a veces las cosas desparecen”.
Este reporte ha sido entregado a distintas agencias gubernamentales, como Usaid, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la oficina de la vicepresidenta Harris y a varios legisladores. En todo, el informe ha sido bien recibido, aseguró.
En cuanto a las recomendaciones, Limón Garza hizo hincapié en que el Gobierno de EE. UU. debe implementar más acciones punitivas en contra de los actores corruptos de Centroamérica, incluyendo sanciones de tipo económico.
Úrsula Roldán, académica de la Universidad Rafal Landívar y quien participó en el informe, dijo que por parte de Guatemala se hace énfasis en los “grandes retrocesos en materia de justicia” que hubo el año pasado y se le dice a EE. UU. “que no se puede mantener una doble política” hacia el país.
“Estamos alarmados con lo que está sucediendo en Guatemala y creo que EE. UU. lo tiene claro, pero se necesita más contundencia”, remarcó.
“Si quieren cambiar las causas estructurales de la migración no es posible mantener una actitud de complacencia con el Gobierno de Alejandro Giammattei”, aseveró Roldán. Dijo que se pide a EE. UU. que se prohíban los tratos comerciales con actores señalados de corrupción y quienes lo rodean, bien sea funcionarios o empresarios.
Ayuda
Otro eje que es crucial, añadió, es el del redireccionamiento de la ayuda a la región.
Aunque los fondos no son canalizados a través de los gobiernos centrales, “se van a grupos internacionales y oenegés muy grandes”, cuando a veces, “hay una parroquia en un departamento que tiene un proyecto bien aterrizado” a quienes no les llega el apoyo si no participan directamente con la organización internacional.
“Usaid tiene que reconocer la sabiduría de los grupos bases que tenemos en Centroamérica y escuchar a estas personas con sus ideas”, remarcó Limón Garza.
Roldán expuso que de la millonaria ayuda que destina año con año EE. UU. “muy poco llega a organizaciones locales”, por lo que se pide una política económica inclusiva que fortalezca los derechos laborales y mejore las condiciones de vida en las comunidades de origen de la migración.
