En un pronunciamiento oficial el director de la Casa del Migrante en Guatemala y de los misioneros de San Carlos Scalabrianos, Mauro Verzeletti, solicitó a los presidentes de Estados Unidos y México, “que la patrulla fronteriza y quiens participan en el Plan Frontera Sur respetan a los Derechos Humanos y se aplique el debido proceso y el principio de la no devolución de migrantes y refugiados”.
“Ante el proceso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos debemos condenar las actitudes proselitistas de los candidatos, la responsabilidad debe ser ética y velar por el bienestar de la población migrante a través de políticas migratorias integrales. Urge una reforma migratoria integral, no el muro de la verguenza”, afirmó Verzeletti en el comunicado.
Verzeletti también solicitó al Congreso de Guatemala que el Código Migratorio sea aprobado para la protección de la población migrante en materia de derechos humanos.
Viajan a Washington
Por aparte la Fiscal General Thelma Aldana y el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez participaron en una feria del migrante en Washington organizada por comunidades de centroamericanos y guatemaltecos.
Aldana y Velásquez recibieron un reconocimiento de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.
La Fiscal General recibió a nombre del Ministerio Público recibió US$150 mil -Q1.1 millones- de la Asociación de migrantes Primaveral para crear una fiscalía municipal en Sayaxché, Petén.
Velásquez firmó como testigo de honor, explicó Aldana por medio de un chat.
Miles deportados
Las autoridades migratorias de Estados Unidos (EE. UU.) deportaron a 18 mil 675 guatemaltecos indocumentados en ese país, en los primeros siete meses de 2016.
De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la Dirección General de Migración (DGM) en su página oficial de internet, del total de repatriados 16 mil 613 son hombres, mil 944 mujeres y el resto menores de edad.
Las cortes de inmigración de EE. UU., tienen un total de 71 mil 911 expedientes de guatemaltecos que enfrentan un proceso legal con la posibilidad de ser deportados.
De ese total, hay 660 casos de personas a las que ese país pide expulsar, señaladas de haber cometido algún delito penal, de seguridad nacional o terrorismo, de acuerdo con los datos del Centro de Información de Acceso a los Registros Transaccionales (TRAC, en inglés), de la universidad de Syracuse, Nueva York.
