El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS en inglés) informó este miércoles en un comunicado, que el gobierno de Trump recortó los programas para los migrantes menores de edad no acompañados que están retenidos en albergues federales.

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El Washington Post informó que entre las actividades afectadas están las clases de inglés y de fútbol.

El HHS explicó en el comunicado que “se requieren de manera urgente recursos adicionales para cumplir con las necesidades humanitarias” a raíz de la gran cantidad de infantes que están recibiendo en los albergues.

También recalcó que el gobierno ha alertado al Congreso sobre el crecimiento en el número de estos casos y que el HHS busca obtener un fondo de emergencia para aumentar sus capacidades para cumplir con las necesidades de los menores en custodia.

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Repercusiones

El recorte de estos programas podría tener impactos negativos en los menores de edad, muchos de los cuales permanecen meses, algunos años, antes de ser entregados a un familiar en EE. UU. en lo que se sigue su proceso migratorio legal.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), Otto Ramírez, lamentó la decisión de Trump, que “viola el derecho al deporte y la recreación y a la asistencia legal y protección de los menores no acompañados” que se especifican en normativas internacionales.

Recordó que, aunque EE. UU. no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, sí lo hizo con los dos protocolos facultativos del Comité de Derechos del Niños a favor de su protección integral.

Ramírez añadió que al privar a los menores de programas de recreación, su salud emocional y mental puede ser afectada ya que al permanecer encerrados aumenta la incertidumbre y desesperación.

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En cuanto al recorte de la asistencia legal, Ramírez comentó que ya de por sí es difícil ganar un caso de asilo y sin la debida asistencia será casi imposible. “El propósito de la supresión de la asistencia legal es que no tengan los recursos necesarios para la búsqueda de asilo”, apuntó.

Mientras tanto Carolina Escobar, directora general de la organización La Alianza, calificó la decisión de “lamentable” puesto que resultan afectados los menores de edad que ya han sufrido por el desarraigo familiar, cultural y geográfico y; además, viajan en estado de vulnerabilidad y al llegar a EE. UU. “los tienen como prisioneros”.

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Escobar recordó que el “mejor termómetro” para medir la calidad humana de un gobierno es por la forma cómo trata a los niños, y coincidió en que no contar con las atenciones mínimas que debe tener la niñez puede generarles traumas, que en el futuro “son muy difíciles trabajar”.

“Los que tenemos la experiencia de trabajar con niñez institucionalizada, sabemos que se deben dar respuestas integrales en todos los sentidos a la niñez, —por— los niveles de angustia y ansiedad ya que pasan mucho tiempo institucionalizados y después no tienen las herramientas para adaptarse a una vida normal”, explicó la experta.

Reacción

Escobar consideró que el gobierno de Guatemala debería tener una postura clara respecto a “estas violaciones de derechos humanos de sus niños, niñas y adolescente”.

“Debería pedirle al gobierno de EE. UU. una respuesta pronta para devolverlos y regresarlos a ambientes adecuados y que mientras estén ahí —en los albergues— que les den la atención a la que tienen derecho por su condición y por el encierro y vulnerabilidad en que están”, añadió Escobar.

“Debería tener —el gobierno— una postura frontal y política y aquí en Guatemala generar espacios para recibirlos y darles seguimiento a los casos”, apuntó.

La Cancillería no ha respondido a la solicitud de un comentario que le hizo Prensa Libre.

Mayoría de niños son guatemaltecos

Para tener una idea de lo la cantidad de menores de edad no acompañados que están albergados en centros a cargo del HHS, a mediados de mayo esta agencia del gobierno de EE. UU. emitió un comunicado en el que informó que en el año fiscal 2018 albergaron a 49 mil 100 menores no acompañados en los centros a su cargo, de los cuales el 54 por ciento de ellos era de niños guatemaltecos 26 mil 515.

Del resto, 25 por ciento eran hondureños, 12 por ciento salvadoreños y 8 por ciento de otras nacionalidades.

Mientras tanto, a pesar de las advertencias y de los intentos de disuasión que ha puesto en práctica EE. UU., la migración de menores no acompañados no se detiene.

Este 5 de junio la Patrulla Fronteriza reveló los datos de detenciones de los primeros ocho meses del año fiscal 2019, en el cual destaca que en ese lapso arribaron a la frontera sur de EE. UU. 54 mil 708 menores no acompañados, de los cuales 24 mil 638 eran guatemaltecos, 14 mil 785 hondureños, ocho mil 272 salvadoreños y siete mil 13 mexicanos.

También reveló la cantidad de unidades familiares (madre, padre o ambos, con uno o más hijos) que fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza, de las cuales Guatemala encabeza la lista con 149 mil 81 unidades.

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