El jefe interino del Departamento de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, dijo en Twitter la semana pasada que a “medida que se implementa el acuerdo” migratorio con Guatemala, la Casa Blanca está considerando enviar a ese país a los solicitantes de “todas las poblaciones, incluyendo a los ciudadanos mexicanos”.

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El presidente de la Liga de Congresistas Latinos, el demócrata Joaquín Castro, dijo en un comunicado que condena “enérgicamente las políticas crueles e ilegales del gobierno de Trump para desincentivar a que familias de demandantes de asilo busquen refugio en la frontera sur”.

La llegada masiva de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, que entre septiembre de 2018 y septiembre de este sumó casi un millón de personas (desde un nivel de 521 mil en el periodo anterior), generó fuertes tensiones entre Washington y sus vecinos del sur, que terminaron con la firma de acuerdos bilaterales para reducir el flujo migratorio.

Estados Unidos firmó pactos migratorios con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica -Honduras, Guatemala y El Salvador- para que quienes quieran pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por estas naciones deban hacer allí su solicitud y aguardar.

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Estos acuerdos fueron publicados en el boletín oficial el 19 de noviembre y están en fase de implementación.

Con México, Estados Unidos selló los Protocolos de Protección del Migrante (MPP) que determina que los demandantes de asilo que lleguen a la frontera común deben esperar en ese país, mientras se tramita su caso.

“Seamos claros, esto es un intento de impedir que mexicanos y otras familias busquen seguridad en nuestra frontera”, agregó Castro, señalando que una iniciativa de este tipo, sumada a la política para que los migrantes extranjeros permanezcan en México, “bloquearía virtualmente a todos los demandantes de asilo de poder buscar refugio” en Estados Unidos.

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Cuccinelli dijo que “a medida que se implementa el acuerdo, se están considerando a todas las poblaciones, incluyendo a los ciudadanos mexicanos”.

Castro denunció que el gobierno tiene “varadas” a 50 mil familias de demandantes de asilo en la peligrosa frontera con México y que ha comenzado a enviar a hondureños y salvadoreños a Guatemala.

Guatemala tiene una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 22 -alto para el promedio regional- y un 59% de su población vive en la pobreza, según cifras del Banco Mundial.

“Estas políticas han infligido un dolor inimaginable y un trauma a los demandantes de asilo vulnerables que están huyendo de circunstancias desesperadas”, agregó Castro.

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