Guatemaltecos esclavizaban a compatriotas en El Salvador

Dos guatemaltecos fueron detenidos este domingo en el departamento de San Miguel, al este de El Salvador, por someter a trabajo forzado a unas 40 personas, entre ellas 12 menores de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Guatemaltecos dormían en el suelo, en la misma bodega donde trabajaban. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Prensa Gráfica)
Guatemaltecos dormían en el suelo, en la misma bodega donde trabajaban. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Prensa Gráfica)

Los arrestados fueron identificados como Édgar Juárez y Edwin Arnoldo García, quienes sometían a las víctimas -también guatemaltecas- a jornadas extensas de trabajo “en un establecimiento donde se venden piñas”, ubicado en San Miguel a 136 kilómetros de la capital San Salvador.

Según el Ministerio Público, Juárez y García “exigían a las personas vender más de 50 dólares diarios” y “no les pagaban por el trabajo que realizaban”.

Las autoridades indicaron que “las víctimas aseguran que sólo les proporcionaban un tiempo de comida, sufrían violencia física y verbal, y no han recibido ninguna remuneración económica por todo el trabajo realizado por varias semanas desde que llegaron a la ciudad de San Miguel desde Guatemala”.

La Fiscalía no precisó el tiempo que las personas llevan en El Salvador.

Los guatemaltecos señalados de cometer explotación laboral fueron conducidos a los tribunales correspondientes para que se inicie un proceso penal en su contra por el delito de trata de personas en modalidad de trabajo forzado.

Ley y penas

Una Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa propuso al pleno en el año 2017 incrementar las penas por trata y tráfico de personas, las cuales oscilan entre los 4 y 8 años de prisión, a condenas de entre 6 y 10 años, y hasta un máximo de 25 “dependiendo de la gravedad de cada caso particular”.

Estas penas subirían, según la petición de la comisión, de 8 a 12 años si el delito se cometiera contra menores de edad o personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, ciegas y sordas, “indistintamente de la edad que estas últimas tengan”.

La Ley Especial contra la Trata de Personas contempla una pena máxima de cárcel de hasta 25 años “para quienes entreguen, capten, transporten, promuevan, reciban o acojan personas para que otros realicen actividades de explotación -sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, esclavitud moderna, etc.-“.

Caso similar en Guatemala

Hace ocho meses el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), rescataron a 43 menores que eran explotados en tiendas y tortillerías de tres municipios de Guatemala.

Según las investigaciones de la Fiscalía contra la Trata de Personas, los menores víctimas en esa ocasión pertenecen a familias que viven en pobreza y extrema pobreza en las áreas rurales.

Se determinó que los niños eran buscados por los explotadores, dueños de abarroterías y tortillerías, quienes ofrecían a los padres sueldo y lugar para vivir a fin de conseguir el permiso para que los menores fueran a trabajar a la metrópoli, informó la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Cuando los menores de entre 12 y 17 años llegaban a la capital, les asignaban tareas de atender tortillerías y tiendas, oficios para los cuales eran obligados a trabajar hasta 16 horas diarias. Les pagan entre Q800 y Q1 mil.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó por ese caso que durante los allanamientos fueron rescatados 43 niños y adolescentes. “Todos fueron entrevistados por trabajadoras sociales y psicólogos para conocer las condiciones en las que trabajan”, agregó la PGN.

“Hemos documentado que trabajan desde las 5 hasta las 21 o 22 horas, de lunes a domingo”, dijo el investigador.

Muchos de ellos viven y trabajan en el mismo lugar, por lo cual no pueden salir, y el trabajo es el único lugar que conocen como distracción porque no tienen salida hasta que terminan su mes o dos meses y regresan a su lugar de origen”, dijo Orellana.

La PNC informó que los menores recibían salarios de entre Q900 y Q1 mil mensuales, y que viven en condiciones inadecuadas.

El MP explicó que la investigación se derivó de las denuncias hechas por autoridades municipales, quienes concluyeron, después de un censo, que los niños que atendían los locales eran originarios de municipios rurales y se encontraban en esos comercios en calidad de empleados.

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