La vida sigue siendo dura para decenas de familias guatemaltecas que viven en este estado de la Unión Americana, el más pobre del país, un año después de estos operativos en las cuales fueron detenidos 680 trabajadores de siete compañías procesadoras de pollo.
Familias como la de María quedaron y siguen devastadas porque fueron separadas y porque a la fecha no se han podido reunir.
El drama aumenta de tono debido a que desde entonces los migrantes que no fueron detenidos o aquellos que fueron liberados posteriormente con un grillete en el pie no han podido conseguir empleo y deben mantener a sus familias. Organizaciones que los han ayudado, así como iglesias, se van quedando sin recursos ni donaciones porque, reconocen, “ya casi nadie se acuerda de las redadas”.
A la mente de María, que tenía 13 años de vivir en Misisipi, aún llegan las escenas de la mañana de ese 7 de agosto cuando, sin decirle una palabra, agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas, en inglés) llegaron a su trabajo la engrilletaron y se la llevaron.
Las peores horas de su vida transcurrieron desde el momento de su detención hasta las 6 horas del día siguiente cuando por fin pudo hablar con su esposo, Miguel Tambriz, y confirmar que él no había sido detenido y que estaba con su bebé y con sus otros dos hijos de Alan, 4, y Henry, 10 años.
María trató de luchar, pero la justicia no le dio muchas opciones para pelear su caso de asilo. El que sus tres hijos son estadounidenses puesto que nacieron en ese país no fue un atenuante de su situación migratoria. Fue así como en enero, cinco meses después de su detención, desesperada, firmó su salida voluntaria de EE. UU.
Hoy en día se encuentra en Cancún, México, donde radica con un hermano, y ahora solo piensa en la forma de reunirse de nuevo con sus hijos. Su intención era regresar a Guatemala, pero no le permitieron ingresar porque cuando lo intentó las fronteras ya estaban cerradas.
María Domingo, madre de tres niños que fue detenida y deportada a México.
No hay empleo para ellos
La situación por la que atraviesan no solo las familias que fueron separadas, sino las que de alguna forma lograron permanecer unidas en Misisipi es muy difícil. Sin empleo fijo, con hijos a quienes mantener y las cuenta que no para de llegar, organizaciones humanitarias no dudan en calificar su situación como una tortura.
Muchos de los detenidos que fueron liberados bajo fianza se aferran a quedarse en EE. UU. y, a pesar de que tienen una orden de deportación, mantienen el litigio legal para permanecer en ese país. La mayoría tenía años de radicar en Misisipi y, como María, tienen hijos que nunca han estado en Guatemala, y que ni siquiera se imaginan vivir.
“Yo me pregunto ¿Qué hago?”
Magdalena Mateo Pedro es otra de las migrantes guatemaltecas que fue detenida en las redadas. Tuvo la “suerte” de que a ella la justicia le permitió salir libre bajo fianza después de dos meses de estar en prisión.
Con un grillete en su tobillo derecho está consciente de que vive en una enorme prisión que se llama Misisipi, puesto que no puede abandonar el estado, ni trabajar formalmente. Le advirtieron que de hacerlo podía pasar de cinco a 10 años en la cárcel.
Magdalena es de Santa Eulalia, Huehuetenango, y su esposo de Tejutla, San Marcos. Tienen tres niñas que nacieron en EE. UU., Diana Liseth, de 12 años; Joselin, 5; y Jessica, 4.
Hace 13 años que se marchó de su tierra natal porque su exesposo, ebrio, la maltrataba y no tenía como mantener a sus dos primeros hijos que ahora ya son casi alcanzan la mayoría de edad y que permanecen en Guatemala.
Comenta que en estos años tuvo dinero para mandarle “unos sus US$100 cuando podía”, pero a partir del año pasado no les ha podido mandar casi nada porque lo que gana en trabajos eventuales apenas les alcanza para sobrevivir en Misisipi.
Magdalena Mateo, migrante originaria de Santa Eulalia, Huehuetenango
“Cabal el año pasado pensaba empezar a ahorrar para comprar un mi terrenito en Santa Eulalia, porque allá no tengo nada, y en eso nos cayó la redada”, cuenta con resignación.
Con ansiedad, afirma que su caso judicial no avanza, y desde el 7 de octubre, el día que salió libre bajo fianza cada mes se presentaba a declarar a la corte y con la llegada de la pandemia lo comenzó a hacer vía telefónica, pero no le han dado una respuesta de qué sucederá con su caso.
Debido a lo caótico que se ha vuelto vivir en estos últimos meses en Misisipi, a veces piensa en regresar a Guatemala.
“Da mucha tristeza porque ya no pude hacer nada aquí y me pongo a pensar en regresarme a Santa Eulalia, porque aquí con grillete… No puedo hacer nada, pienso en irme, aunque sea a buscar lavar ropa allá porque aquí -en EE. UU.- ya no tengo nada”, expresa Magdalena.
La ayuda se diluyó
Las organizaciones que apoyan a los migrantes ven con preocupación como la solidaridad se ha esfumado con el paso de los meses y buscan donaciones para auxiliar con el pago de algunas cuentas a los migrantes.
“Es una situación muy triste, muy difícil. La gente trata de trabajar en los alrededores y tratan de sobrevivir y muchos viven de la caridad. No les gusta, pero qué pueden hacer más que recibir una caja de comida a la semana”, comenta Luis Espinoza, directivo de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Misisipi (MIRA, en inglés).
La ayuda ha mermado al mismo tiempo que la cantidad de familias necesitadas se ha incrementado ya que después de las redadas las compañías empezaron a despedir a los trabajadores que no fueron detenidos con lo cual la necesidad aumentó.
Para Espinoza la peor secuela es la desesperación de no saber qué futuro les espera a los migrantes que anhelan quedarse en EE. UU. lo cual considera “una tortura moderna”.
“Es un limbo, una situación que no se sabe cómo ni cuándo va a terminar. El Gobierno debería decidir si les va a permitir quedarse aquí y no tener sufriendo a la gente”, expone el dirigente de MIRA. “Algunos se han ido a sus países, pero la mayoría está aquí. Otros que fueron deportados han visto la manera de volver a ver a sus hijos y están aquí”, añade.
El miedo persiste
El sacerdote guatemalteco Roberto Mena ha vivido de cerca el sufrimiento de la comunidad migrante en Forest una de las ciudades en donde se efectuaron los operativos y en donde radican muchos connacionales.
Asevera que un año después de estas redadas el miedo y la desconfianza siguen haciendo mella en las personas puesto que la policía local colabora con ICE para remitirles a migrantes en situación irregular que son detenidos, por ejemplo, al conducir un vehículo cuando no tienen licencia.
“Aquí todos los migrantes son vistos como delincuentes listos para ser deportados”, se lamenta Mena, al mismo tiempo que señala, muchas personas llevan meses con padecimientos psicológicos y emocionales como ansiedad, depresión y en el caso de los menores de edad con bajo rendimiento escolar.
Considera que esta persecución se ha acentuado y se fortalecerá en lo que queda del 2020 por ser un año electoral, lo cual preocupa porque las iglesias tienen cada vez menos recursos para ayudar a los migrantes necesitados.
Lorena Quiroz, integrante de la Coalición de Inmigrantes de Misisipi, dio a conocer que muchos migrantes optan por ir a buscar trabajo a otras ciudades del estado con el riesgo de ser detenidos, otros han ido a las polleras en donde ocurrieron los operativos y estas los han contratado, puesto que la mano de obra es escasa para esos oficios y más aún con la llegada del covid-19.
La organización de Quiroz, entre otras llevarán a cabo este fin de semana actividades para recordar las redadas, con el objetivo de recordar que los migrantes no se dan por vencidos a pesar de que sigue el sufrimiento y el dolor como en las familias citadas en este artículo.
“Cada día que pasa me pongo más triste y deprimida. A veces llamo a mis niños y ya no quieren hablar conmigo solo lloran y lloran, es muy triste estar separado de las personas a las que amas y que son parte de tu corazón”, dice María.
