¿Influyen la CC o el Congreso en la decisión de hacer de Guatemala un tercer país seguro?

La firma del acuerdo con Estados Unidos para que Guatemala sea “tercer país seguro” ha generado críticas en contra del presidente Jimmy Morales y constitucionalistas señalan que la firma del acuerdo con Donald Trump sería ilegal, además de no tener las condiciones para brindar asilo.

El lunes 15 de julio se reunirán los presidentes Jimmy Morales y Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El lunes 15 de julio se reunirán los presidentes Jimmy Morales y Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Abogados y constitucionalistas tienen dudas sobe la legalidad que la firma de un acuerdo entre los gobiernos de Guatemala y Estado Unidos (EE. UU.), y advierten que los poderes Legislativos de ambos países deberían de conocer y ratificar los acuerdos suscritos entre los presidentes Jimmy Morales y Donald Trump.

En tanto, la Corte de Constitucionalidad (CC) se reúne este domingo 14 de julio para conocer amparos presentados por un grupo de excancilleres, el excandidato presidencial Manfredo Marroquín y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Morales se reunirá el lunes 15 de julio con Trump para firmar un acuerdo que, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, declararía a Guatemala como tercer país seguro, por lo que sería receptor de migrantes que soliciten asilo.

Dudas y críticas

El abogado Oswaldo Samayoa indica que el fallo de la CC puede impedir la firma de un acuerdo de tercer país seguro que el presidente Morales pueda hacer con su homólogo en EE. UU. Menciona que este tendría que ser ratificado por el Congreso de la República par que tenga cumplimento.

“El presidente puede suscribir el convenio, pero tiene que venir aquí y tiene que llegar a este Congreso para que este lo apruebe”, dice Samayoa.

Si el Legislativo lo aprobara, el presidente podría, entonces, ratificar ante Estados Unidos la suscripción del mismo para que pueda tener un cumplimento, pero en tanto esto no suceda “todo lo que firme -el presidente- podrá estar suscrito de buena fe, en la representación internacional que tiene del Estado, pero no está aprobado por el Parlamente para ser desarrollado de forma adecuada”.

A su criterio, ser tercer país seguro conlleva a la limitación al derecho de libre tránsito establecido en el artículo 26 de la Constitución. “Un acuerdo bilateral en donde nosotros seríamos la sede o el lugar para que otra población y otro país realice aspectos para identificar refugios, asilos y otro tipo de circunstancias nos convierte en la frontera de otro país. Bajo ese aspecto, nuestra institucionalidad migratoria estaría impidiendo el libre tránsito y la salida por el territorio”, agrega.

Una restricción a ese derecho únicamente puede venir cuando es emitida por el poder Legislativo y no es una decisión unilateral del Ejecutivo, él no es un rey que decida por todo el estado, él es el presidente del Ejecutivo no de la República, aunque la Constitución todavía diga presidente de la República.

El exmagistrado y expresidente de la CC, Rodolfo Rohrmoser, indicó que “es un error” que se plantee a Guatemala como un tercer país seguro porque no está preparada cumplir con las obligaciones que eso implicaría, pues tendría que garantizar a los migrantes que no les pasará nada mientras el segundo país los recibe, y les mantendrá todos sus derechos, “eso es absurdo”.

Aclara que el Congreso apruebe el acuerdo es “imprescindible” porque se están comprometiendo fondos del Estado. “Aunque el presidente de la República por Constitución tiene el derecho de celebrar tratados, pero algunos tienen necesariamente que ser aprobados por el Congreso para entrar en vigor, y este sería el caso”.

Al igual que el congresista estadounidense Eliot Engel firmar un acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala “podría ser tildado de ilegal”.

El expresidente del Centro de Defensa de la Constitución, Alejandro Balsells, señala que una resolución de la Corte de Constitucionalidad en contra de la firma del acuerdo para declarar a Guatemala un tercer país seguro es suficiente para que el mandatario no suscriba ese documento.

Balsells indica que se trata de leyes guatemaltecas que se deben acatar y no está involucrado ningún otro país.

Además, el Congreso debería ratificar lo firmado por el presidente, señala el experto.

Sin embargo, el abogado Mario Fuentes Destarac señala que sería prematuro calificar de legal o ilegal el convenio debido a que se desconoce su contenido, por lo que tampoco se podría decir si el Congreso debe ratificarlo.

Sin condiciones para brindar asilo

Esta semana Juliana Cano Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional conversó con Prensa Libre sobre la posibilidad de que Guatemala sea declarado como un lugar apto para darles refugio a migrantes, algo que se consideró poco realista.

Cano Nieto cuestionó el sistema migratorio de Guatemala, la seguridad para sus propios habitantes y la falta de aplicación de justicia debido a la corrupción y dijo que Amnistía Internacional considera que Guatemala no tiene las condiciones para ser un país seguro.

“La principal -causa para no ser tercer país seguro- es que tiene un sistema de asilo bastante débil. Las leyes vigentes en Guatemala para temas de asilo tienen vacíos que no permiten un proceso claro que distinga entre la gente que busca protección por razones de violencia o situaciones de grave peligro o gente que está migrando por otras razones”, argumentó Cano Nieto.

La segunda causa para que el país no llene las características para ser país seguro, según cano Nieto es porque “Guatemala no es un país seguro. El fundamento de un país seguro es que las personas que están buscando asilo puedan estar en un lugar donde no haya peligro” y justificó que “hay varios informes que demuestran que Guatemala no es un país seguro”.

El 24 de junio pasado el representante regional para Centroamérica y Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Giovanni Filippo Bassu, expuso que si Guatemala aspira a ser un tercer país seguro para solicitantes de asilo deberá de superar muchos retos y ampliar sus capacidades ante un eventual envío de miles de migrantes.

“La capacidad de Guatemala de procesar solicitudes de asilo es bastante limitada, el año pasado 262. Si uno mira lo que están intentando crear entre EE. UU. y Guatemala, que hondureños y salvadoreños que están en EE. UU. pidiendo asilo sean retornados aquí, el número de solicitantes en EE. UU. el año pasado era de 50 mil. Entonces, miramos a 50 mil personas que potencialmente y dependiendo del detalle de los acuerdos podrían regresar aquí, eso es un reto muy grande”, explicó Filippo Bassu.

“El estado necesita estar en la condición de dar protección a una persona solicitante de refugio. La protección de sus derechos humanos y su seguridad son requisitos básicos, entonces, todos los estados que ofrecen ser países de asilo tienen que ofrecer eso. Yo pienso, otra vez, que el estado probablemente puede ofrecer seguridad a un número limitado de refugiados, -pero- si hablamos de muchos no estamos en condiciones en Guatemala de poder albergar a un grupo muy grande, puede haber problemas de seguridad preocupantes”, argumentó el representante de Acnur.

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