“El noveno circuito ha reconocido el derecho de la autoridad de la Administración para adoptar la interpretación de la restricción de ‘carga pública'”, se congratuló la Casa Blanca en un comunicado.
Sin embargo, la resolución emitida este 5 de diciembre no permitirá aplicar esta política migratoria en el país, ya que todavía están en vigor dos órdenes judiciales que prohíben su implementación en todo el territorio.
El gobierno de Trump ha defendido esta iniciativa, que facilita el rechazo de migrantes legales con bajos ingresos que puedan convertirse en una carga pública en el futuro o retirar el permiso de residencia legal a los que posteriormente accedan a programas de ayuda y dependan de ellos para subsistir.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. definen como carga pública a todo individuo que pueda potencialmente depender del Gobierno como fuente primaria de subsistencia, lo que se demostraría con la recepción de dinero de origen público como sustitutivo de renta. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de los medicamentos, entre otros.
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El Ejecutivo pretende recuperar esta política migratoria “aprobada por el Congreso” e implementada “durante más de un siglo” que sienta las bases para el rechazo del permiso de residencia y deportación de aquellos inmigrantes considerados como potenciales cargas públicas.
Esto contradice la regulación establecida por el expresidente Bill Clinton (1993-2001) en 1999, que invitaba a no seguir las pautas de este estatuto federal.
Desde la Casa Blanca han lamentado que, “por desgracia”, esta decisión de la corte del noveno circuito no vaya a tener efecto práctico a la hora de reivindicar los deseos del actual Ejecutivo, pues existen otras dos resoluciones judiciales emitidas por dos jueces de los estados de Nueva York y Maryland que prohíben aplicar este estatuto en el conjunto del país.
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