La responsabilidad no solo es del crimen organizado que lucra con el sufrimiento de las personas, enfatizó la entrevistada, sino principalmente de los estados que han fracasado en sus políticas para dar bienestar a sus ciudadanos, y que también han implementado restricciones migratorias “inhumanas”.
¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al enterarse de tragedias tan duras como la de San Antonio?
Estos casos nos dejan horrorizados y consternados porque esta horrible tragedia estaba anunciada y era prevenible. Es una consecuencia de las políticas migratorias restrictivas, crueles e inhumanas que obligan y empujan a las personas a buscar caminos de mayor peligro donde se pone en riesgo su integridad y su vida. A la vez, esta tragedia lo que nos muestra es un fracaso compartido por parte de los estados y el fracaso del liderazgo a todos los niveles de todos los gobiernos, de los países de origen, de tránsito y destino.
¿En dónde está la responsabilidad de los estados?
En los últimos años nuestra región se ha enfrentado a algunos de los movimientos transfronterizos más importantes del mundo de personas buscan protección y asilo porque escapan de sus países por la incapacidad de los estados de proveer protección a sus derechos humanos. En ese sentido, tanto Centroamérica como México son países que vienen enfrentando profundas crisis, donde territorios completos sufren el tormento del crimen organizado por el fracaso de las políticas de seguridad.
Por otro lado, la responsabilidad también es de las políticas migratorias de los países de tránsito y de destino que pone a las personas en manos del crimen organizado que lucran con el sufrimiento de las personas sin que haya justicia y en total impunidad. Así que estas políticas lo que buscan es prevenir que las personas accedan a su derecho humano de pedir asilo y terminan sus cruces fronterizos en situaciones dantescas como esta.
¿Estas políticas inhumanas consiguen su objetivo de reducir la migración?
La experiencia de tantos años de estos movimientos transfronterizos habla por sí sola. Las personas no van a dejar de migrar ya que las condiciones en sus países de origen son más desafiantes. Con la pandemia se exacerbó la desigualdad, la violencia y la pobreza extrema que obliga a las personas a migrar. Entonces, como dije, las políticas restrictivas no previenen los cruces y lo que ocasiona es que las personas usen áreas donde el crimen organizado ha tomado el control absoluto, muchas veces en colusión con las autoridades del Estado. De esa forma, los migrantes sufren desde extorsiones, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, entre otras muchas cosas.
¿La tragedia de San Antonio revela que tuvo que haber complicidad de parte de funcionarios estadounidenses?
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado por años la colusión de las autoridades de ambos lados de la frontera con el crimen organizado. Es impensable e inimaginable entender que un tráiler donde 62 personas que viajaban en condiciones de hacinamiento pudo haber cruzado sin ningún monitoreo de las autoridades, sobre todo en un momento en que las fronteras están cerradas para la búsqueda de protección. Además, sabemos que las personas que se han quedado atrapadas —en las ciudades fronterizas mexicanasؙ—, primero por Quédate en México y luego por el Título 42 han estado a merced del crimen organizado y han sido violentadas a la luz del día y bajo la mirada cómplice de las autoridades.
¿Según su experiencia hoy hay más tragedias de este tipo que antes?
Lamentablemente no. Estas son tragedias que se repiten; claro, la dimensión numérica va en aumento. Estamos hablando ahora de la pérdida de más de medio centenar de vidas, pero hemos contabilizado otros centenares de personas que han sufrido de las peores violaciones de sus derechos humanos en su tránsito por México. La masacre de San Fernando, Tamaulipas, por ejemplo. Lo más grave es que a pesar de la repetición constante de estos hechos y de las promesas rotas de los gobiernos en turno esto sigue profundizándose en una crisis que parece no tener salida.
¿Cuáles han sido esas promesas que no han cumplido los gobiernos?
La llegada de —Andrés Manuel— López Obrado en México supuso una esperanza y un cambio en la política migratoria. En sus primeras semanas de gobierno anunció políticas migratorias centradas en los derechos humanos de los migrantes. A los años nos damos cuenta de que no hay nada más distante que eso, hay una política militarizada de respuesta a los flujos migratorios y usa a la Guardia Nacional para contenerlos en lo que hace negociaciones con EE. UU.
Por otro lado, la administración —del presidente Joe— Biden que con la construcción de una narrativa distinta a la de Donald Trump prometió hacer cambios sustanciales en las políticas migratorias, no solo no los ha hecho, sino que ha terminado por utilizar la maquinaria creada por Trump para violar los derechos de los migrantes en la frontera.
El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, lo primero que hizo tras la tragedia fue responsabilizar a las bandas de tráfico de personas ¿Qué opina de eso?
Son lamentables las declaraciones del presidente guatemalteco. Hay una responsabilidad del crimen organizado, pero lo han hecho en total impunidad porque los estados no cumplen con sus obligaciones. Pero, sobre todo, en el caso de Guatemala, los guatemaltecos siguen saliendo de sus comunidades no porque así lo escojan, sino porque están forzados por una profunda crisis en materia de derechos humanos, que lleva décadas, pero que últimamente se ha profundizado con los ataques en contra del estado de derecho, la imposibilidad de las personas de acceder a justicia y la violencia generalizada que sigue creciendo.
Pero, además, Guatemala atraviesa por una situación de violencia en contra de defensores de derechos humanos, impartidores de justicia y periodistas, esto es el emblema del fracaso de un gobierno que también es señalado por múltiples ataques a la institucionalidad. En ese contexto es que las personas están escapando de sus comunidades, frente al fracaso de las políticas del Estado, pero también frente a políticas del propio estado encaminadas a violar los derechos humanos. Así que la responsabilidad del presidente guatemalteco es mayúscula y no debería escudarse en la responsabilidad que tienen los criminales.
Recientemente se firmó un pacto migratorio en la Cumbre de las Américas ¿Qué futuro le ve a ese acuerdo?
Los estados se han comprometido a poner en el centro de las políticas los derechos humanos de los migrantes y refugiados, se han comprometido a colaborar para generar políticas integrales de cooperación. Lo que vislumbramos es la necesidad de poner presión para que los estados rindan cuentas, utilizaremos los mecanismos nacionales, regionales e internacionales que hay para la rendición de cuentas y para que los estados verdaderamente pongan la protección de las personas en el centro de las políticas.