Los migrantes centroamericanos también son víctimas del cierre parcial del gobierno en Estados Unidos

“Si no están aquí por un caso de detención, levanten la mano”. Un montón de brazos se extienden en el tribunal de inmigración de Arlington, cerca de Washington. “Sus audiencias fueron canceladas por el ‘cierre’, pueden irse a casa”, explica una funcionaria, en inglés y español.

Miles de hondureños de la caravana del 2018 viajaron con sus hijos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Miles de hondureños de la caravana del 2018 viajaron con sus hijos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde el 22 de diciembre pasado, parte de las oficinas del gobierno federal de Estados Unidos se encuentran paralizadas por falta de acuerdo entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata sobre la inclusión en el presupuesto de una partida de US$5 mil 700 millones que el mandatario requiere para construir un muro en la frontera con México.

Paradójicamente, el conflicto, que en el fondo versa sobre la forma de responder a la llegada de inmigrantes al país, debilita un pilar central de la política migratoria.

Los 62 tribunales especializados en los casos de extranjeros en situación irregular, ya de por sí totalmente congestionados.

Casos urgentes

Desde que comenzó la parálisis presupuestaria, los jueces solo examinan los casos “urgentes”, aquellos de migrantes detenidos.

Todas las demás audiencias han sido suspendidas y los secretarios judiciales no están enviando notificaciones.

El jueves último, decenas de migrantes, en su mayoría de Centroamérica, se apiñaban en el pequeño vestíbulo principal del tribunal de Arlington, en Virginia.

Algunos sabían que sus audiencias no tendrían lugar, pero pensaban obtener alguna información de utilidad sobre los pasos a seguir en sus casos.

Un niño migrante centroamericano se sienta frente al cerco policial de antimotines que también México colocó. (Foto Prensa Libre: AFP)

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Otros lo descubrieron cuando la administradora de la corte vino a hablar al grupo.

Migrante narra situación

“Hicimos un largo viaje, tuvimos que reservar una habitación de hotel, mi hija faltó a la escuela”, explicó una mujer salvadoreña, que prefirió no dar su nombre. “Ahora mi caso está atascado”, agregó.

Bajo la amenaza de una expulsión, ella introdujo hace más de un año una solicitud de naturalización basándose en el hecho de que su hija y su marido son estadounidenses, y esperaba poner fin a un episodio que ha angustiado a toda la familia.

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“Es duro saber que tu madre podría tener que dejarte”, aseguró su hija de 11 años, que ha pedido acompañarla en sus trámites.

Niños en situación difícil

La situación es particularmente difícil para los niños, según Jen Podkul, de la asociación Kind, que ayuda a migrantes menores.

“Preparar a estos niños para que cuenten sus historias es muy intenso, hay mucha ansiedad y mucho nerviosismo en la idea de ir a la corte. Que sus audiencias sean reagendadas es muy agotador emocionalmente”, dijo Podkul.

“También deja a estos pobres niños en el limbo por más tiempo respecto a lo que será de sus vidas. Es duro para ellos ir a la escuela, integrarse en la comunidad, en la familia con la que están viviendo, sin saber si se van a poder quedar”, añade.

Agregó que los menores tendrán que vivir por más tiempo con estas interrogantes, pues mientras el “el cierre” continúe, las audiencias no podrán ser reprogramadas. Y luego habrá que encontrar un espacio para sus audiencias en unos tribunales que están al borde de la asfixia.

Migrantes observan hacia territorio estadounidense desde la frontera de Tijuana, México. (Foto Prensa Libre: AFP)

Miles de casos

Poco más de 800 mil casos están pendientes de resolverse en los tribunales de inmigración, donde trabajan unos 400 jueces, explicó Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

“Tengo una colega que tiene cinco mil casos en espera, programados para los próximos dos o tres años”, aseguró.

Algunas audiencias, sobre todo al comienzo de un procedimiento, no duran más que cinco minutos y deben ser reprogramadas con facilidad. Pero la revisión a fondo de los casos toma “de dos a tres horas”, explicó Ana Sami, una abogada especializada en temas migratorios. “Va a ser difícil para un juez encontrar ese tiempo”, externó.

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Al consultar si van a retrasar los jueces sus calendarios o programar las audiencias anuladas para los próximos meses, “no sabemos”, respondió la abogada, quien destacó que durante ese tiempo los migrantes no encontrarán “alivio”, pues “pueden ser detenidos en cualquier momento”.

Podkul destacó la “ironía” de la situación, cuando los legisladores dicen que quieren solucionar la “crisis” migratoria, pero en los hechos la empeoran.

“Si realmente quisieran atender el tema migratorio y decidir quién debe quedarse en el país y quien debe irse, lo que estarían haciendo sería financiar los tribunales de inmigración, contratar más jueces, secretarios y oficiales de asilo”, argumentó.

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