Aunque con su reciente resolución, la Corte de Constitucionalidad (CC) da vía libre para que el acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y EE. UU. continúe su curso ahora en el Congreso de la República, las entidades que estarán involucradas en el proceso de recepción y otorgamiento de asilo y refugio aún no conocen el plan en  mención.

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Pese a que funcionarios estadounidenses han asegurado que, cuando se firmó el acuerdo, se implementaría lo antes posible, a la fecha ni la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ni el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) hablan de cómo se implementará el acuerdo.

Acnur, por ejemplo, señaló que esa oficina “no ha participado en las negociaciones” entre EE. UU. y Guatemala y que por tratarse de un acuerdo bilateral entre dos países “no forma parte del mismo”.

“El Acnur no ha visto el plan de implementación, pero estamos atentos por ver más sobre cómo los dos países prevén la implementación del acuerdo”, expuso Ángela Florez, portavoz para Centroamérica, Cuba y Panamá de esa agencia.

Florez, no obstante, reconoció que los contenidos planteados dentro del acuerdo podrían resultar “fundamentales para nuestro mandato”, por lo cual Acnur está abierto a trabajar con ambos países “de manera constructiva” a manera cumplir con sus obligaciones establecidas en el derecho internacional.

“El Acnur ha estado abogando durante años por el intercambio regional de responsabilidades y el desarrollo de un sistema de asilo eficiente y robusto en Guatemala y en toda la región en respuesta al desplazamiento forzado desde América Central”, añadió Florez, razón por la cual garantizó que la oficina continuará con el apoyo al trabajo que hacen los países.

Reserva

Por su parte Carlos Emilio Morales, director del IGM, si bien asegura que la institución “se está preparando” para el momento cuando el acuerdo entre en vigencia y que no están “de brazos cruzados”, reconoce que aún no se conoce el plan de implementación lo cual se hará hasta que se hayan agotado todos los procesos legales para la aprobación del convenio puesto que de lo contrario sería “anticiparse”.

En ese sentido, es incierto cuando el Congreso lo aprobaría. Algunos diputados, incluso, consideran que podría ser la próxima legislatura la que conozca el acuerdo, puesto que, como ocurre con todo proyecto de ley, depende de los consensos entre bancadas, principalmente las mayoritarias.

Sin embargo, en algunos casos los congresistas han dado muestras de que las normativas se pueden aprobar con relativa rapidez, por ejemplo, para la ratificación del Estado de Sitio en 22 municipios del nororiente a raíz de la ejecución de tres soldados en El Estor, Izabal, esta semana.

El director del IGM admitió que, para la implementación del acuerdo, la institución que él dirige tendría que formar parte del proceso, quizás la más importante, y al mismo tiempo que afirma que hasta hoy continúan a la expectativa de qué sucederá alrededor del convenio, hacen todos los análisis y evaluaciones para responder en su momento.

Pero al consultarle cuáles son las evaluaciones que se han efectuado, Morales se limitó a indicar que “de momento preferiría quedarme con esta información”.  Y respecto a que si lo que está pendiente es solicitar o conocer el plan de implementación respondió que “ambos”.

“Lo que le puedo decir es que estamos a la espera del procedimiento legal y cuando se hayan cumplido las fases continuaremos con el plan y todo lo demás”, añadió.

Respecto a la agilidad con la que EE. UU. esperaba que se implementara el convenio, el funcionario precisó que se deben cumplir las leyes de Guatemala y que el acuerdo no se puede forzar.

Politizan el tema

El sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, señaló que el que las principales partes involucradas en el tema de asilo y refugio no estén aún al tanto del plan para implementar el acuerdo migratorio, solo demuestra que para la negociación nunca se consideraron criterios técnicos, por lo cual “no existe una voluntad política para atender a los migrantes ni refugiados”.

“Se está politizando el tema migratorio en EE. UU. y en Centroamérica, y el derecho a migrar, y cuando esto sucede en los países de origen, tránsito y destino, significa que los migrantes salen sobrando, porque se autoriza todo tipo de violaciones a sus derechos humanos”, apuntó Verzeletti.

Reiteró la crítica respecto de que no existe ningún hecho que haga pensar de que Guatemala es un país seguro para los migrantes, por lo cual a los países no les quedó otra alternativa más que negociar el acuerdo a espaldas de la población e incluso de las mismas instituciones del Estado que ahora desconocen cómo se implementará el convenio.

Por su parte el secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Juan Luis Carbajal, calificó de “preocupante” el que no se sepa cómo se va a implementar el acuerdo.

“No se sabe con qué presupuesto, lógica y equipo van a responder. Yo creo que el Gobierno no tiene la menor idea del paquete que se está echando encima. Nosotros estaremos atentos porque, si fueron capaces de decir que sí, que ahora demuestren su capacidad, si es que la tienen, “expuso Carbajal.

Agregó: “Queremos ver cuál es el plan y qué pretenden, con cuánto dinero y estructura cuentan y en dónde los van a poner. Cómo los recibirán, quién les va a dar trabajo a estas personas y atender en sus necesidades básicas, como alimento educación y vivienda”.

Carbajal precisó que, “sin duda alguna”, el acuerdo solo obedeció a intereses políticos y en ningún momento a cuestiones técnicas y menos humanitarias. Lamentó que con este tipo de convenios “políticos” solo se pone en riesgo la dignidad de los migrantes que van a quedar a la deriva y en grave vulnerabilidad.

Cuestionado acuerdo

Con el fin de aliviar la crisis en la frontera sur de EE. UU., el pasado 26 de julio los gobiernos de Guatemala y ese país firmaron en la Casa Blanca y en presencia del mandatario estadounidense Donald Trump, un acuerdo migratorio mediante el cual e país centroamericano se compromete a ser tercer país seguro para los solicitantes de refugio de Honduras y El Salvador.

EE. UU. financiará los trámites con el apoyo de Acnur, a cambio, Guatemala sería beneficiado con la ampliación del número de visas temporales de empleo para trabajadores agrícolas.

Sin embargo, las cifras de menores de edad y unidades familiares que han llegado a EE. UU. ha descendido desde junio pasado, al punto que en agosto se registró un descenso brusco en los números.

Por ejemplo, de un pico de 34 mil 303 familias guatemaltecas detenidas en mayo en la frontera sur, ya para agosto la cifra bajó a 5 mil 325, y en cuanto a menores no acompañados, en agosto se registraron mil 526 aprehensiones mientras en mayo fueron 4 mil 647.

El acuerdo ha recibido fuertes críticas de distintos sectores que señalan que Guatemala no es un país seguro ni si quiera para sus propios ciudadanos, por lo cual tampoco será capaz de garantizar la vida de hondureños y salvadoreños y que una vez estos establecidos en un país que tampoco les puede ofrecer un empleo, salud, educación ni vivienda, no tendrá otra alternativa más que regresar a sus países de origen.

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