Sin embargo, los grupos humanitarios coinciden en que las expectativas son altas y que pueden diferir de la realidad, al mismo tiempo que recuerdan Biden fue vicepresidente de un Gobierno que pasó a la historia como el que más deportaciones hizo.
Los activistas calculan que Trump impulsó cerca de 400 acciones antimigratorias en estos cuatro años, desde cuestiones relativamente simples como elevar el costo de las solicitudes de ciudadanía y residencia hasta políticas como Tolerancia Cero, que propició la separación de menores migrantes de sus familias.
Algunas de estas acciones pueden ser revertidas mediante órdenes ejecutivas, y aunque ninguna es ley del Congreso otras tienen que ver con cuestiones reglamentarias, como el Protocolo de Protección al Migrante, programa conocido como Quédate en México, lo que significa que su reversión si se agiliza puede tardar al menos un año.
Separación de niños
Lisa Frydman, vicepresidenta de Políticas e Iniciativas Regionales de la organización Niños en Necesidad de Defensa (Kind, en inglés), reconoció recientemente que “bajo la administración de Biden no sabemos qué va a suceder” con los casos de niños, niñas y adolescentes migrantes.
Mony Ruiz Velasco, Alianza Américas
Dijo esperar que al menos se termine con la política de expulsar a los menores de edad del país bajo el Título 42 que implementó en la frontera sur para tratar de contener la llegada de la pandemia del coronavirus a EE. UU. para que de esa forma los niños puedan acceder a un procedimiento migratorio normal.
La activista ve positivo el ofrecimiento de Biden de instalar un comité para reunificar a las familias separadas, no obstante, afirma que eso no sería suficiente y más bien piensa en que el Gobierno debería permitirles regresar a EE. UU. y otorgarles una residencia permanente y quizá generar un fondo de compensación para las víctimas.
TPS
Mony Ruiz Velasco, directoria asociada de Alianza Américas, pone sobre la mesa las expectativas que se tienen respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS), recientemente ampliado por orden de un juzgado federal para Honduras, El Salvador, Haití, Nepal y Sudán.
Guatemala solicitó recientemente ser incluida dentro de los países beneficiarios del TPS luego de los devastadores efectos que dejaron las tormentas Eta e Iota. En ese sentido, Ruiz Velasco confía en que el alivio migratorio que gozan actualmente cinco países pueda ser extendido a otros “para proteger a todas estas personas” que radican en EE. UU.
Además, se espera que se vuelva a la política de deportación por prioridades, mediante la cual se persigue principalmente a los indocumentados que tienen cargos criminales.
Derogación de acuerdos de asilo
Para Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, el nuevo gobierno puede hacer muchas cosas con las facultades que tendrá el presidente Biden, por ejemplo, derogar los acuerdos de asilo que Trump “impuso” a Guatemala, El Salvador y Honduras para que aceptaran refugiados de otras partes del mundo antes de llegar a EE. UU. porque “ninguno de estos países está en condiciones de hacerlo”.
Explicó que programas como Quédate en México tardarán más tiempo en ser revertidos puesto que nacieron a partir de cambios al reglamento para la aplicación de la ley de asilo lo cual significa que tienen que las modificaciones tienen que ser redactadas cuidadosamente antes de ser publicadas en el registro oficial de leyes de EE. UU. para que no sea susceptibles a ser cuestionadas judicialmente. Estos procesos podrían tardar hasta un año.
Reforma migratoria
Aunque los grupos no descartan que pueda existir de nuevo un intento por impulsar una reforma migratoria que regularice a millones de migrantes puesto que es un ofrecimiento de Biden para los primeros 100 días de su gestión, están conscientes de que es algo difícil puesto que, para que eso ocurra la legislación debe ser aprobada, no solo por el Congreso, donde el Partido Demócrata seguirá teniendo mayoría, sino también por 60 de los 100 integrantes del Senado, lo cual se ve poco probable.
Chacón opina que es mejor trabajar poco a pocos pequeños cambios en la Ley de Inmigración de 1996, que contiene normas “sumamente dañinas para la comunidad migrante”.
Al citar ejemplos de dicha ley, habla de medidas “increíblemente punitivas” para los extranjeros como la prohibición de reingreso al país de hasta 10 años si se viola la normativa, o el hecho de que con dos infracciones migratorias el veto para entrar a EE. UU. es de por vida.
También habría que trabajar en cambios para que los actuales beneficiarios de DACA (Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia) o del TPS, así como los trabajadores migrantes agrícolas que garantizan los alimentos de los estadounidenses y que llevan años de vivir en EE. UU. puedan obtener una residencia permanente.
Chacón es de los que piensa que buscar una reforma migratoria puede no ser el mejor camino, puesto que el intento de Obama de obtener apoyo republicano para alcanzarla en su periodo fue lo que convirtió al exmandatario en el mayor expulsor de migrantes de la historia puesto que aumentar las deportaciones era una de las condiciones de los opositores y la reforma nunca fue aprobada.
Sin embargo, para el activista, uno de los cambios más importantes que puede impulsar Biden y que no tiene nada que ver con leyes o su autoridad presidencial es “la manera como se le habla a la nación acerca de los migrantes”, de tal forma que no solo el presidente, sino su gabinete desarrolle un discurso “basado en la verdad” que destaque la importancia de los migrantes para EE. UU. “y no en calumnias como casi a diario hizo Trump”.
Política exterior
Las organizaciones también esperan cambios en cuanto a la política de EE. UU. hacia México y Centroamérica, sobre todo para tratar de contrarrestar las causas de la migración, como son la violencia y pobreza histórica, sobre todo de los países del istmo.
“Biden no va a presionar a México y Centroamérica para detener físicamente la migración”, considera Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, en inglés), y más bien podría restaurar programas humanitarios que fueron congelados durante la administración Trump y ofrecer ayuda para la reconstrucción de los países afectados por las recientes tormentas.
No obstante, dice: “sabemos que Biden está consciente de los problemas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos” que hay en Guatemala, Honduras y El Salvador”. Añade que estos problemas fueron dejados de lado por Trump porque el enfoque de su política exterior con estos países fue casi cien por ciento relacionado a la migración.
“No se trata solo de regresar a las políticas de Obama con Centroamérica, no solo se trata de ofrecer colaboración que puede —incluso— favorecer a gobiernos corruptos. Hay que apoyar a organizaciones civiles que luchan contra la corrupción y que tratan de construir países democráticos”, subrayó.
¿Más migración?
Chacón, de Alianza Américas, señala que EE. UU. debe liderar un esfuerzo regional en conjunto con los gobiernos centroamericano y sus élites empresariales para, por fin propiciar las condiciones de desarrollo para las poblaciones, puesto que de lo contrario la migración continuará. En los últimos años, independientemente de la tendencia del gobierno respecto a los migrantes, el éxodo desde Guatemala, Honduras y El Salvador no se ha detenido.
“EE. UU. debe ser un socio más creativo para Centroamérica. Después de un año de pandemia y de eventos climáticos que han destruido la economía de los países la pregunta que se hace la gente es que hacer para sobrevivir. No podemos negar que migrará porque es un último recurso”, advirtió.
