Una delicada línea entre la fortaleza institucional y su debilitamiento está siendo el centro de la discusión en la reforma de ley del Ministerio Público, que se discute en el Congreso y que abre la puerta a un aspecto crucial para la vida del país. Se analiza, entre otros temas, que el fiscal general no debe ser removido por decisión del presidente de la República, como puede ocurrir ahora, sino que su destitución sea resultado de una separación del cargo por un encausamiento judicial.

La discusión pública se está concentrando en aspectos particulares y no generales, como debe hacerse para analizar cualquier ley. Quienes apoyan la reforma consideran que esta propuesta es la mejor forma de proteger al jefe del Ministerio Público y garantizar su autonomía ante el trabajo que se debe hacer para corregir la corrupción y la impunidad que tanto afectan al país.

La experiencia del último año demuestra hasta dónde puede llegar el MP si cuenta con la autonomía y el respaldo de una entidad como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: el trabajo conjunto permitió descubrir la red de defraudación fiscal identificada como La Línea, hallazgo que dio al traste con la presidencia de Otto Pérez Molina y lo llevó a prisión, junto a Roxana Baldetti y otros funcionarios de ese régimen.

No obstante, la delicada línea a la que nos referimos se rompe cuando se aborda en abstracto el tema de la independencia del MP y las enormes presiones de los grupos de poder real que puede y ha recibido. Esas interferencias abarcan desde las opiniones que algunos personajes han hecho en público y seguramente en privado, para respaldar, aparentemente, la gestión de la fiscal general, aun y cuando en el fondo están dictando instrucciones indebidas sobre cómo y a quién perseguir.

En otras épocas se ha criticado la sumisión de los diferentes jefes del MP ante sectores nunca claramente identificados de empresarios, políticos y otras fuerzas inconfesables como los narcotraficantes y hasta la comunidad internacional. La leyenda urbana y las denuncias al respecto siempre han quedado en las sombras, en particular porque quienes presionan tienen tal poder que pueden afectar a quien se atreva a señalarlos. Son esas fuerzas ocultas que condicionan abiertamente el funcionamiento de las instituciones en general, pero que se vuelven determinantes cuando sus tentáculos abrazan al MP.

Está más que claro el temor de los ciudadanos por el relevo del fiscal que no se pliegue a los intereses del presidente, pues este lo podría remover. Empero, desde otra perspectiva, esta reforma debería tener implícito un mecanismo que permita analizar el trabajo del MP, para que su funcionamiento pueda ser debidamente evaluado, sin que haya que llegar al extremo de una sanción injustificable.

Lo que debe quedar claro es que cualquier modificación que se haga a la Ley del Ministerio Público debe contemplar su absoluta independencia de funcionamiento. Que sea inmune a la Presidencia es necesario, pero de la misma manera se tiene que cuestionar cuando asuma una posición sumisa ante otros poderes.