Álvaro Arzú Escobar es la apuesta del Ejecutivo para presidir el Congreso 

El diputado Álvaro Arzú Escobar cuenta con el aval del presidente Jimmy Morales para dirigir el Congreso de la República, según informó Óscar Chinchilla quien preside el Organismo Legislativo.

Hijo del alcalde capitalino, Álvaro Arzú (derecha) cuenta con el apoyo del Ejecutivo y de varios jefes de bloque para presidir el Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Hijo del alcalde capitalino, Álvaro Arzú (derecha) cuenta con el apoyo del Ejecutivo y de varios jefes de bloque para presidir el Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Chinchilla comentó a La Red que tanto los jefes de bloque como el Ejecutivo, dieron el aval para que el hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú presida el Congreso de la República.

El congresista indicó que se ha reunido con el presidente Jimmy Morales y con los presidentes de otros organismos durante todo el año 2017 para abordar varios temas.

En el caso de la elección de la nueva Junta Directiva comentó que anteriormente el apoyo de los bloques aliados se otorgó para el diputado Manuel Conde Orellana, “pero ahora es el diputado Álvaro Arzú Escobar”, dijo el legislador.

Chinchilla reiteró que el diputado Arzú cuenta con el aval de los jefes de bloque y “entendería que también del Ejecutivo”.

Además, afirmó que el presidente Morales, asistirá al informe de la memoria de labores el próximo domingo.

Respecto a la elección de la Junta Directiva del Congreso, el presidente Jimmy Morales señaló que considera al diputado Arzú una persona honorable.

Es una persona honorable, tiene todo el derecho como cualquier diputado de proponerse”, dijo el mandatario a medios de comunicación, durante la inauguración de la nueva pista en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

“Si el Congreso decide apoyarle pues yo trabajaría con él de forma coordinada y buena como lo hemos hecho con los anteriores presidentes”, agregó Morales

Era una opción

A finales de noviembre de 2017, durante una reunión en la Casa Presidencial se mencionaron entre los candidatos para presidir el Legislativo a los diputados Álvaro Enrique Arzú Escobar, del Partido Unionista (PU), y Manuel Eduardo Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

La decisión se habría tomado por dos razones: la primera es que la candidatura del jefe del oficialismo, Javier Hernández Franco, fue rechazada por los bloques aliados y se tuvo que ceder para lograr apoyo para el presupuesto; el segundo motivo sería que el Ejecutivo necesita a una persona afín para presidir el Congreso en 2018.

Este escenario coincidió con el respaldo que ha brindado el alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen —padre de Arzú Escobar—, al presidente Morales, en medio de una crisis institucional que se desató al declarar no grato a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), así como la investigación de la Comisión y el Ministerio Público en contra del alcalde capitalino.

En el caso de Conde Orellana su mención se derivó de que maneja una línea de pensamiento parecida a la del partido oficialista.

No apoyarán candidatura

Carlos Barreda, subjefe de la opositora bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó a principios de diciembre de 2017 que están en contra de cualquier alianza oficialista.

“La UNE no apoyará ni el presupuesto ni la Junta Directiva. Consideró que dicha alianza que se avizora ha paralizado las reformas más importantes y toda la dinámica que se traía del 2016”, dijo Barreda.

Pacto de corruptos

Para Cristhians Castillo, analista político, la posibilidad de elegir a Arzú Escobar sería un claro indicio de una reedición del pacto de impunidad.

“Hay que recordar la investigación contra su padre, Álvaro Arzú. Esto es un pésimo mensaje y podría preparar una contraofensiva en un momento en el que hay un pulso entre clase política y ciudadanía”, refirió el politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

Para Castillo, la candidatura de Conde representaría a la línea más conservadora de la política guatemalteca, pero su probable defensa de una línea proimpunidad sería “menos orgánica”, que en el caso de Arzú Escobar.