La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), envió 1 mil 344 folios del Caso Corrupción Semilla, que tendrán que ser analizados por las autoridades electorales.
Blanca Alfaro, presidenta del TSE, dijo que en la nota del MP no se hizo ninguna petición en concreto con el evento electoral, ya que la nota dice “para lo que considere conveniente”, por lo que a juicio de la magistrada “la fiscalía no nos pide absolutamente nada”.
Alfaro reafirmó que los resultados electorales son inalterables: “el TSE ya realizó el evento electoral 2023, ya le entregó a la ciudadanía en una democracia la alternancia del poder a las y los funcionarios que tienen que tomar posesión el 14 y 15 de enero; nosotros hemos terminado y la CC fue clara al decir que las decisiones que competen al TSE somos nosotros quienes las tomamos”.
No obstante, el Tribunal analizará los documentos enviados por el MP, aunque se desconoce si este estudio podría concluir antes del 14 de enero del 2024.
“A nosotros quienes nos da órdenes es un juez, con la fiscalía podemos colaborar con ellos en todo lo que quiera, pero no nos puede pedir que repitamos elecciones”, dijo Alfaro.
El TSE actualmente se encuentra desintegrado, y, aunque han mantenido comunicación virtual con los cuatro magistrados titulares que salieron del país, no es posible integrar de esa manera el pleno, porque la ley no regula sesiones virtuales, explicó Alfaro.
La ruta
Con la entrega de los indicios del Caso Corrupción Semilla, se abre por lo menos dos escenarios para definir el rumbo del proceso de transición para el próximo 14 de enero.
La primera es que el TSE rechace los señalamientos del supuesto fraude presentado por el MP, defendiendo así los resultados electorales. La segunda podría ser una respuesta favorable al MP, y el TSE reconozca los indicios presentados por la Fiscalía.
Cualquiera de estas opciones, a criterio de expertos consultados, van a desencadenar una serie de impugnaciones que van a ir escalando instancias hasta la CC.
No es viable
Para el abogado Alexander Aizenstatd, experto en temas constitucionales, el caso va a llegar hasta la máxima Corte, en donde los magistrados tendrán que entrar a conocer los recursos que las partes consideren.
Aizenstatd destacó que no existe ninguna forma legal en que se puedan anular las elecciones de Guatemala, debido a que sus resultados ya fueron oficializados y se encuentran con una sentencia firme.
“La CC tendría el poder de conocer acciones constitucionales en contra de resoluciones emitidas por el TSE, en este caso, sería alguna acción contra los resultados certificados de las elecciones o se declararon sin lugar las impugnaciones, y eso la CC ya lo hizo”, añadió.
Para el abogado, no existe ninguna acción legal que permita resolver con lugar las acciones y permitir la anulación de las elecciones y la repetición de comicios.
“Independientemente de cualquier solicitud que se haga al TSE, ya está fuera de sus manos, las elecciones ya tuvieron lugar, ya fueron certificadas, ya se resolvieron todas las impugnaciones realizadas en su momento, y ya no hay nada que pueda hacer el TSE”, dijo Aizenstatd.
Caso inédito
A criterio del constituyente Carlos Molina Mencos, el caso presentado por el MP es algo sin precedentes y sí amerita una investigación a fondo para llegar a la verdad de los hechos.
“El MP está actuando conforme a derecho, en el sentido de que si encuentra alguna anomalía la tiene que hacer saber a la autoridad correspondiente, a efecto de que tome las medidas o las resoluciones que correspondan”, dijo.
Para el constituyente, si se llega a confirmar un posible fraude electoral sí habría inconvenientes serios para la toma de las nuevas autoridades.
“Si se llegase a comprobar que hubo fraude, sí habría una elección inválida. Esto no ha sucedido antes en Guatemala, no hay un proceso de repetición de elección, no hay plazo para hacerlo, no hay nada. Sería muy similar a lo de Jorge Serrano, se saltaron las trancas y se improvisó para tomar una decisión”, explicó.
Contrario al abogado Aizenstatd, Molina Mencos sí considera que existen dos instituciones nacionales que podrían declarar la nulidad de un evento electoral.
“Claro que para poder anular las elecciones, si es que ese fuera el caso, debe ser un Tribunal, y previo juicio; no se puede tomar una decisión unilateral. Acá bien puede ser quien tome esa decisión el TSE o incluso la misma CC, si es que se ingresa algún amparo o inconstitucionalidad”, indicó.
De momento, la investigación fue presentada de manera formal al TSE, un órgano electoral que se encuentra desintegrado y a la espera de conocer si el Congreso convocará para la elección de los dos integrantes que faltan.
Antecedente del 2013
El TSE ya ordenó la repetición de elecciones pero a una escala menor, cuando emitió el decreto 1-2013, ordenando la repetición de las votaciones en Nebaj, Quiché.
Uno de los candidatos emprendió una batalla legal, ocasionada porque no apareció en la papeleta pese a estar inscrito para las votaciones generales del 2011.
Las acciones legales llevaron a que un Juzgado ordenara al TSE la repetición de las elecciones. En aquella ocasión el TSE dijo que el gasto para la repetición fue mínimo, y solo se permitió la participación de los ciudadanos y votantes que estaban inscritos y empadronados para la votación del 2011.
