El Departamento de Justicia norteamericano la llama “la conspiración de Estrada”. Cuatro infiltrados, denominados CS-1, CS-2, UC-1 y CC-1, grabaron la mayoría de las citas en audio y video, que no son públicos, donde el político guatemalteco pide su apoyo y a cambio ofrece el aparato estatal para que el cartel tenga libre trasiego de drogas.

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González y Estrada quieren también que rivales políticos sean asesinados para garantizar la elección presidencial.

Las reuniones fueron entre enero y marzo de este año.

En las últimas reuniones, Estrada se expresa convencido de que ganará, pero necesita dinero porque su campaña estaba estancada, y ya tenía ofrecimientos, también de un narco con operaciones en Guatemala, que lo quería apoyar.

6 de enero

CS-1 se reúne con González en su oficina cerca de la capital de Guatemala.

González se presenta como un miembro activo de un partido político, que la investigación denomina Partido 1, cuyo candidato es Estrada, quien necesitaba fondos del cartel para competir en las elecciones presidenciales, y preguntó si CS-1 sabía de algún cartel que estuviera interesado. A cambio, ofrece que Estrada, al ser elegido presidente, daría influencia directa para que gente de su confianza ocupara los ministerios de Defensa y Gobernación.

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10 de enero

CS-1 se reúne con Estrada y con González cerca de la capital. Ahí el infiltrado le dijo a Estrada que sus contactos en el cartel de Sinaloa podrían proporcionar financiamiento, pero que les preocupaba él podría dar el acceso al Gobierno de Guatemala. El candidato respondió que nombraría a miembros del cartel en los ministerios de Defensa y Gobernación, oficinas de puertos y aeropuertos de Guatemala. Incluso Estrada llegó a pedir ternas para cada cargo, y él elegiría.

7 de febrero

González se junta con CS-1 y CS-2 cerca de la capital. González pregunta, en sustancia y en parte, si CS-1 y CS-2 podrían asesinar a otros rivales políticos que amenazaban con ganar la elección, lo cual consideró que “no sería difícil” matar a un candidato en particular porque el candidato era “odiado”, pero advirtió que otro candidato estaba “bien protegido”.

8 de febrero

Estrada y González se reúnen con CS-1 y CS-2 en las cercanías de la capital. El presidenciable le dijo a CS-1 y CS-2 que él podría ganar las elecciones si el cartel de Sinaloa proporcionara aproximadamente de US$10 millones a US$12 millones. Estrada explicó que necesitaba entregar una cantidad considerable de dinero a cada uno de los 22 distritos electorales para poder obtener los votos necesarios en cada distrito y que planeaba contratar a un estratega de campaña a quien pagaría US$2 millones. CS-2 respondió que a cambio quería que Estrada ayudara al cartel de Sinaloa a transportar cocaína a través de los aeropuertos.

CS-2 estimó que el cartel de Sinaloa enviaría aproximadamente seis aviones cargados de cocaína por mes a través de Guatemala, cada uno de los cuales transportaría múltiples toneladas de cocaína, y que CS-2 pagaría a Estrada el 10 por ciento del valor aproximado de la cocaína en cada avión, a lo cual Estrada asintió.

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Ahí, otra vez, González y Estrada retoman el asunto de matar a rivales políticos, y Estrada da a CS-2 los nombres de dos personas que eran objetivos potenciales e insiste en que hay un candidato, a quien había que matar primero, lo cual sería fácil porque el objetivo tenía muchos enemigos en Guatemala.

14 de febrero de 2019

Ahora en un almacén encubierto de la DEA de Miami, CS-2 se reúne con González y le presenta como sicario a un oficial encubierto, denominado UC-1, para ultimar a dos rivales políticos.

Ahí González se ofrece a facilitar información para los dos primeros asesinatos, los cuales quería que fueran “lo más rápido posible” para ver la reacción del público para luego continuar matando a los demás. González se ofrece también a dar “muchos AK-47”, a lo cual el supuesto sicario precisó que bastaba tres AK-47 y dos pistolas. “Mario Estrada lo tendrá listo para ti”, le respondió.

En esa misma reunión CS-2 y UC-1 le enseñan a González US$5 millones para la campaña de Estrada. González hizo una videollamada y Estrada pudo ver el dinero.

27 de febrero

Estrada se reúne con CS-1 y CS-2 en un yate encubierto de la DEA (el “UC Yacht”), cerca de Miami.

CS-2 y Estrada hablan sobre sobre el financiamiento del cartel de Sinaloa. El candidato presume que está “convencido” de que ganará las elecciones y que, después de eso, apoyaría las actividades del cartel. Ahí Estrada pacta aceptar los aviones cargados de droga en los aeropuertos y poner a gente del cartel en cargos gubernamentales clave.

Curiosamente, Estrada se echa para atrás con el plan de los asesinatos porque dice que “alguien más” iba a asesinar a uno de los objetivos potenciales y que traería demasiados problemas si procedían con los otros asesinatos.

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4 de marzo

Estrada se reunió con otro encubierto, CC-1, y con CS-1 en su oficina cerca de la capital guatemalteca. El presidenciable dice que “necesitaba con urgencia fondos del cartel de Sinaloa para pagar sus gastos” y propuso usar el yate donde se reunieron en Miami para trasladar el dinero. Con un mapa demostró cómo el UC Yacht podía viajar desde Miami, a través de Cuba, antes de llegar a Guatemala. CC-1 cuestionó si la policía detectaría el UC Yacht, y Estrada respondió que esos riesgos se mitigaron por el hecho de que el UC Yacht era un yate de lujo, que enarbolaba la bandera estadounidense y navegaba por ciudadanos estadounidenses. Estrada explicó además que podría ser más fácil comprar un yate que pagar las tarifas de transporte que habían estado discutiendo.

5 de marzo

Estrada se reúne con CC-1 y CS-1 en su oficina y declaró, en sustancia y en parte, que su campaña estaba estancada y estaba trabajando por separado con un narcotraficante con sede en Guatemala que también le apoyaba. Incluso le dijo a CS-1 que escuchó que las personas de otro cartel de la droga querían aportar a su campaña.

El caso se presentará el 18 de abril ante un juez de Miami. Estrada y González enfrentarán cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y conspiración para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos. El Departamento de Justicia precisó que la mínima es de 10 años y la máxima puede ser la pena perpetua.

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