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Esa decisión parlamentaria fue el detonante para la serie de protestas que se registran desde el pasado fin de semana, que obligó a la directiva del Congreso a convocar a una sesión de Pleno de manera urgente.
Hoy la sesión legislativa se traslada a las instalaciones del teatro nacional Miguel Ángel Asturias, ya que la sede del Palacio Legislativo siguen siendo objeto de investigación, a raíz de los daños que sufrió el pasado sábado por un grupo de supuestos manifestantes.
La convocatoria es a las 10 de la mañana, entre los primeros puntos de agenda resaltan las objeciones que presentaron algunas bancadas al decreto 33 – 2020, que da vida legal al presupuesto; así como un proyecto de acuerdo que deroga la asignación presupuestaria del congreso para el 2021.
Este consenso político nació de una reunión a la que no fueron invitadas las bancadas de oposición, y quienes ahora buscan archivar el proyecto de presupuesto son los mismos diputados que en su momento votaron a favor de la ley.
“Estamos reconociendo que la forma en que se llevó a cabo la aprobación no fue la más adecuada y que estamos reconociendo como Congreso que hay que corregir y reformar el presupuesto; el Congreso está dando marcha atrás, ese es el mensaje que estamos dando”, reafirmó Carlos Barreda, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Por su parte Juan Carlos Rivera, jefe del bloque Victoria, duda de las intenciones que tienen los diputados de la alianza oficialista, “creo que en este punto quieren aparentar ante el pueblo de Guatemala que han entendido y que están cambiando de actitud, pero lo que demostró la Junta Directiva y Jefes de Bloque que acuerparon esa decisión a media noche es que quieren seguir gobernando nuestro país a espaldas del pueblo y sin transparencia”.
Responsabilidad presidencial
Los diputados que no apoyaron el presupuesto 2021 resaltan que la ley no es la mejor, pero dudan que la propuesta que da la Junta Directiva sea la indicada, ya que frenar una ley que fue aprobada estaría violando principios Constitucionales, por eso consideran ideal que pase a manos del presidente para que sea él quien emita un veto.
“Resolver una situación para cometer un error o para cometer un delito yo creo que no es bueno para ninguno de nosotros, yo si pido que se envíe porque según lo establece la Constitución es una obligación de Junta Directiva, no de Jefes de Bloque ni de todo el Pleno, yo llamo en ese sentido a la sabiduría para que se envié el decreto aprobado y sea el presidente de la república, y tal y como lo establece otra vez la Constitución, sea él quien vete este decreto considerando que no es lo mejor para el país”¸ señaló Cornelio García, jefe del bloque TODOS.
La misma postura maneja Edgar Batres, diputado del bloque Winaq, “las necesidades del pueblo hoy nos exigen que el presidente de la república vete el presupuesto, hay un hechor intelectual aquí y es el ministro de Finanzas que lo formuló y trasladó al Congreso, que en contubernio con el poder Ejecutivo lo aprobó. Sigamos con lo que la ley establece y que no hemos cumplido, que no es más que trasladarlo para que sea el presidente quien lo vete”.
El diputado Walter Félix, jefe del bloque Urng – Maíz, insiste que es necesario que el presidente vete la ley, para evitar que se generen más problemas legales alrededor del presupuesto 2021.
“Si de verdad queremos corregir el rumbo, porque esto fue un grave error, ahora el camino correcto es que respetemos lo que está en la Constitución, que sea enviado al Ejecutivo y que sea vetado por el presidente de la república; aun si fuera por el precedente del 2017 el procedimiento que usaron ya es el equivocado, Junta Directiva convoca solo a ciertos Jefes de Bloque, se reúnen de noche en el ministerio de la Defensa y aprueban algo que ahora nos traen acá”, indicó.
Fue terrorismo
Algunas bancadas aseguran que existe respaldo en la ley para frenar el trámite del decreto 33 – 2020, siuiendo el mismo camino que tomó el Congreso cuando anuló una serie de reformas legales que les llevó a recibir el sobrenombre de “Pacto de Corruptos”.
Pero para evitar dudas el diputado Manuel Conde, jefe de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), pidió a Dirección Legislativa un dictamen jurídico que venga a respaldar la propuesta.
El congresista también dijo sentirse molesto porque no todos los diputados condenaron los daños que sufrió el Congreso el pasado fin de semana; cuando un grupo de supuestos manifestantes incendio algunas de sus oficinas.
“Nadie ha dicho nada de que el recinto parlamentario del Estado de Guatemala fue violentado por turbas terroristas que intentaron quemar el Congreso de la República, es una sorpresa pero también es una molestia de darme cuenta que tal vez muchos de los acá presentes que nacieron de la ilegalidad, ahora que están en la legalidad no les molesta violentar al Estado y a sus instituciones, lo primero que acá debió haberse dicho es una condena a la forma en que se violentaron las puertas y ventanas de este organismo y que terminaron quemándose con bombas molotov preparadas en la zona 1 con complicidad de diputados”, enfatizó.
La misma línea siguió el diputado Rudio Lecsan Mérida, jefe de bloque del Partido Humanista, agrupación por la que perfiló para la presidencia Edmond Mulet en las elecciones generales de 2019.
“Quiero condenar muy enérgicamente el acto terrorista del que fue objeto el Congreso de la república, no es un simple adjetivo de mi parte, sino el código penal así lo llama, es un delito de terrorismo y quiero aprovechar a pedirle a las autoridades judiciales que hagan una investigación completa para no encontrar solo a los autores materiales, sino especialmente a los autores intelectuales (…) yo esperaría que ya estuvieran presos, hay gente confesa”, comentó.
Buscar acuerdos
El diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso y diputado de Visión con Valores (Viva), indicó que es necesario que los diversos bloques lleguen a acuerdos, e indicó que además de los presupuestos también deben ser anulados dos préstamos que servirían como fuentes de financiamiento.
“Este proceso se viene haciendo desde abril que se empieza a confeccionar el presupuesto; creo que la lección es para toda la sociedad guatemalteca, no podemos venir a oponernos cuando ya estamos en la última fase que le corresponde al Congreso, ojala que de aquí en adelante todos saquemos una lección y nos empecemos a preocupar desde que se empieza a hacer el proyecto (…) para que de esa manera pueda haber una verdadera fiscalización”, indicó.
