El presidente de la república, Bernardo Arévalo, decidió delegar sus prioridades de gobierno en asesores específicos que tiene contratados en las secretarías General y Privada de la Presidencia. Nueve personas tienen a su cargo dichas atribuciones que son parte de las promesas del mandatario que tiene con diferentes sectores.

Estas tareas designadas abarcan darle seguimiento a programas sociales como Mano a Mano y Avenidas del Buen Vivir, otros ven temas relacionados a aspectos jurídicos, como los recursos legales que se han presentado a la Corte de Constitucionalidad, entre los que se incluye opiniones consultivas en el caso de la fiscal general, Consuelo Porras; otro de los asesores ve lo de las iniciativas de ley de Competencia y reformas al Código Penal; otro, conocer cuáles son los desafíos para las alcaldías y los conflictos agrario.

Mensualmente, los delegados del Ejecutivo erogan Q220 mil 800 en salarios, estos contratados bajo el renglón 029 -servicios técnicos-. Las personas contratadas bajo esta modalidad no tienen una relación directa con la dependencia, pero si se consideran personal temporal.

Todos poseen contrato hasta finales de diciembre de este año. Félix Alvarado Browning, era uno de ellos, él tenía a su disposición elaborar los  programas de diseño e implementación de Avenidas para el Buen Vivir, pero el lunes pasado dejó el puesto, ya que fue llamado por Arévalo para presentarlo como el nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

LECTURAS RELACIONADAS

Los dos grupos que le hablan a Arévalo

Las comisiones presidenciales podrían ser superministerios, advierten analistas

Dicho programa se centra en el mejoramiento de los caminos rurales, esteuno de los proyectos clave para el combate a la desnutrición incluido en el plan de gobierno de Movimiento Semilla.

José Francisco Villagrán, quien falleció el pasado sábado 18 de mayo, era el enviado especial en Estados Unidos. De acuerdo con los informes mensuales de actividades, el diplomático le daba seguimiento a las reuniones y proyectos en conjunto con delegaciones internacionales desde Washington, Estados Unidos, además de acompañar las visitas de Arévalo o del canciller, Carlos Ramiro Martínez.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia explicó que "si bien hay entidades que ven los temas, la inclusión de estos puestos -delegados- tiene que ver con decisiones y prioridades de la agenda presidencial".

Otro de los asesores es el exdiputado y exministro de Gobernación, Oliverio García Rodas. Él se encarga de asesorar temas políticos y evaluar reformas a las leyes, como la del Código Penal.

Está encargado además de analizar la iniciativa de Ley de Competencia.

Alejandro Balsells Conde ve los temas jurídicos, acompaña a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y trabajó en la elaboración del Código de Ética del Ejecutivo, da seguimiento a las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos y al Registro Catastral. Además, apoyó la opinión consultiva que se presentó en la CC en abril pasado.

Wendy Cuellar Arrecis se encarga de analizar los temas vinculados a la conflictividad agraria, que por una reforma pasó a ser parte de las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia a partir de este año. También Rokael Cardona se enfoca en temas municipales y en darle seguimiento a las peticiones de los jefes ediles.

Análisis

Algunas veces los gobiernos mantienen figuras que crean duplicidad de funciones en la búsqueda de resultados inmediatos y por la tardanza del burocratismo, así lo considera Christians Castillo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac).

"Desafortunadamente como no se confía en la efectividad de la burocracia estatal, se crean equipos paralelos que tienden a concentrar mucha información, a concentrar recursos y a concentrar poder", advirtió Castillo.

Está práctica ha ocurrido en los últimos gobiernos de turno desde Álvaro Colom. También sucede con las comisiones presidenciales que son figuras más cercanas al presidente para acelerar avances en temas específicos. También se consultó a la SCSP la razón de delegar funciones a asesores temporales cuando se cuenta con instituciones que deben dar cumplimiento por mandato, pero tampoco se tuvo respuesta.

El experto añadió que sería más funcional para el erario público evitar tales prácticas. Además que al ser 029 no poseen relación laboral y los salarios han llegado a ser más elevados que los de algunos ministros. También mencionó la problemática que surgión en gobiernos anteriores con Cohesión Social y el Centro de Gobierno, pues por los personajes que las integraban estaban casi por encima de los ministerios.

"Es más fácil contratar a este tipo de personalidades que son expertos en las temáticas que pueden dar lineamientos efectivos, pero que muchos de de esos lineamientos tienden a ser inoperantes cuando ya llegan a ser implementados por las las estructuras que dentro de los ministerios están mandadas para ello", concluyó.

El exdiputado Roberto Alejos profundizó en que estas personas tienen la tarea de ser los enlaces con los ministerios y pueden ejercer cierta supervisión respecto a las tareas que se les han asignado, pero también se debe de establecer que no tienen la capacidad de ejecutar los proyectos.

"Como es un asesor presidencial, lo van a ver con mucho más respeto y le van a dar prioridad a lo que es lleve. Pero hasta donde ellos son asesores y hasta donde son ejecutores", cuestionó Alejos.