Por aparte, en un acto protocolario se oficializó la toma de posesión de Mejía. El evento fue en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Al acto estaban invitados los presidentes de los tres organismos del Estado, sin embargo, los presidentes de la Repúbica, Jimmy Morales, y Álvaro Arzú Escobar, del Congreso, no asistieron al acto.
¿Ha tenido presiones para resolver de una forma determinada?
Presiones normales a las que todo juez está sometido, porque el juez no es una máquina de hacer resoluciones, también es una persona que tiene valores, principios, que tiene familia y que también se entera lo que aparece en los medios y de la percepción que se pueda tener nacional o internacionalmente. Pero al final lo que prima en el caso de su servidor es la razón y la razón es fría, meditada, y a partir de ahí el texto constitucional, y las demás leyes se toman todos los elementos para la inteligencia no solo del abogado, del juez, sino de todo el pueblo, y también creo que es por una sólida moralidad con la que se puede trabajar libremente. Las presiones directas o indirectas se sienten.
Los diputados dicen que la CC se ha puesto a legislar ¿Qué responde a eso?
La Corte de Constitucionalidad actúa con independencia de los poderes del Estado y uno de los poderes u organismos es el Legislativo. Somos respetuosos de cada organismo, sin embargo, hay que establecer que el Legislativo su función básica es decretar, reformar o derogar leyes, entonces solo el Legislativo legisla, pero, el presidente de la República, dentro de sus funciones, también tiene facultades reglamentarias. Entonces uno diría que el presidente también legisla. Pero lo que le debe quedar claro a la población que, por encima de los poderes, la Corte está para establecer equilibrios. Por ejemplo, esta corte ha resuelto en asuntos de pueblos indígenas le han hecho exhortativas al Congreso para que, por ejemplo, legisle sobre el convenio 169 -de OIT-, ya hay varios llamados y no se está legislando, y en otros asuntos, como el financiamiento electoral ilícito, la corte estima que no se podía legislar, pero sí podemos exhortar al Legislativo a que lo haga de una forma clara.
¿Cómo califica la campaña de que no se debía cumplir las resoluciones de la CC?
Las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad como máximo tribunal son en materia constitucional, en justicia ordinaria el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia, en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, pero si la persona considera que le están violando un derecho constitucional es donde se activa la actuación de esta Corte y por disposición de la Constitución las resoluciones que emite este alto tribunal se deben cumplir, se deben acatar. Desde luego las personas que no están conformes pueden usar los medios legales correctivos nacionales e internacionales.
En algún momento cuando se hablaba de que no había que acatar las resoluciones de la Corte, ¿En algún momento pensó que el presidente Jimmy Morales rompía el orden constitucional?
Ciertamente la Corte tiene presiones, aunque no sean directas, se pueden percibir por algunas acciones concretas, y efectivamente cuando las decisiones son polémicas algunas resuelven en un sentido y otras en otro, y en esa época se hablaba del rompimiento del orden constitucional pues hubo acciones muy concretas que cubrieron los medios donde se percibía que eso podía ocurrir -el 31 de agosto de 2018, cuando oficializó que no renovaría el mandato de la Cicig, el presidente Jimmy Morales dijo que no acatará órdenes ilegales- entonces su servidor pensó que en lugar de enconcharse, había que estar preparado, hasta pensando en una reacción parecida a la de 1993, en el caso del Serranazo, incluso actuar de oficio, es de esas cosas que el juez constitucional en sus tribulaciones, como dice el exmagistrado Alejandro Maldonado, se sienten esas angustias.
¿Qué les diría a los detractores que dicen que la CC se volvió política al resolver los amparo a favor de la Cicig?
Primero hay que empezar que el marco legal en el que nosotros nos basamos se llama Constitución Política de la República de Guatemala, nuestras decisiones son de contenido técnico jurídico, son científicas, pero también las decisiones hay que tomarlas de acuerdo con las políticas que no las hace la Corte de Constitucionalidad, esas están dadas en las facultades al Ejecutivo. Respetamos la percepción que cada quien tiene por la libre formación de ideas o la obligación de informar, la libre emisión del pensamiento, respetuosos, pero en ese caso no consideramos que sean decisiones políticas, las respetamos, pero no las compartimos.
La mayoría de los sectores de derechos humanos, cuando la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Gobernación decían que no iban a acatar la resolución de la CC, ellos querían que la Corte saliera y reprendiera a los funcionarios. ¿Por qué no se les certificó lo conducente a los funcionarios?
En primer lugar como he dicho la Corte busca los equilibrios. Ese concepto del orden constitucional no significa ir a lo literal que dice la Constitución y de los tratados y convenciones, sino realmente cuando se ven los desequilibrios, la razón y la ponderación para que el país o el Estado no se nos caiga en que llegue a un Estado fallido o que ocurra un rompimiento al orden constitucional. Entonces en decisiones de ese carácter técnico y científicas también pasan por la razón y la prudencia del juez constitucional. En efecto hay solicitudes de debida ejecución o el mismo amparo de Cicig está vigente, pendiente a que el ponente presente su proyecto para discutirlo. Es un asunto que aún está en trámite.
¿Pronto podría ver una resolución sobres las supuestas inconstitucionalidades a la Ley Electoral y de Partidos Políticos?
Hay varias acciones que se han planteado respecto a la Ley Electoral, incluso hay algunas que ya están para ser convocadas. Hay que explicar de que no se trata de que la Presidencia de la CC diga que mañana se convoca la inconstitucionalidad, sino que hay que explicar a la población que una vez ingresa la acción a esta Corte, se le da trámite, se hace el corrimiento de audiencias, pero el sistema aleatorio designa quien es el magistrado ponente y presidencia puede convocar cuando el magistrado ponente haya presentado el proyecto, y una vez presentado se pone en agenda se discute y un tema de esta importancia y relevancia lleva más de una sesión en discusión, pero se requiere que quien tiene la ponencia la presente.
¿Ya ha habido discusiones al respecto?
En una de tantas ya se discutió, pero la Corte ha considerado que es conveniente juntarlas y resolverlas, no en una misma sesión, pero sí en sesiones sucesivas. Ya está cerca de ser resuelta.
¿Cómo van a tratar las candidaturas presidenciales de Zury Ríos y Thelma Aldana?
Con la misma objetividad, con el mismo marco constitucional, aunque respetando las diferencias de trámite. Como se pueden recordar en el caso de la licenciada Ríos, es una apelación que presentó el Tribunal Supremo Electoral. En el caso de la licenciada Aldana también es una apelación pero que no tiene por origen una inscripción sino una denuncia que formuló la Contraloría General de Cuentas. Lo que sí le puedo asegurar es que se van a conocer bajo aquella explicación cuando esté lista la ponencia.
¿Cree que otro de los retos será resolver las acciones que se presenten por anomalías en los procesos de las Comisiones de Postulación?
Creo que será un reto en el que seguramente habrá dentro del desarrollo de las Comisiones de Postulación de los magistrados de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Más de alguna inconformidad se planteará, no solo de sociedad civil sino de los mismos aspirantes, y una vez hayan agotado el trámite, según la Ley de Comisiones de Postulación, una vez llegue la acción habrá que resolverlo y habrá que hacerlo de carácter técnico-científico, según la Constitución y buscando el equilibrio.
Se ha mencionado que la magistrada Gloria Porras es la que coordina a varios magistrados, ¿es cierto esto?
Aquí es justamente la libertad de la independencia judicial. Si se revisa podremos encontrar miles de casos en las que hemos encontrado la unanimidad. Eso es parte de ser independiente judicialmente, pero en algunos casos no hemos coincidido y es cuando se dan las votaciones divididas y los votos razonados. Eso no significa que alguien lleva la batuta sobre otros magistrados. Aquí cada quien actúa con independencia y en el ejercicio democrático de la discusión cada quien toma su decisión. Es bien probable que si es dividida unos optarán por la posición A y otros por la posición B.
¿Cuáles serán los retos que va a enfrentar durante su presidencia?
Básicamente será el de la independencia judicial, que habrá que mantenerla, preservarla como se ha hecho. Es un esfuerzo que no solo depende del presidente sino de quienes integramos el pleno de la Corte. Otro reto importante es la mora judicial. Se han hecho avances, pero no ha sido posible disminuirla significativamente. Otro será como acercar la Corte de Constitucionalidad al pueblo de Guatemala, y en ese reto tenderemos las tecnologías de la información, pero, aparte, es importante descentralizar la Corte, abriendo oficinas regionales en todo el territorio nacional, pero la propuesta está y será decisión del pleno. Estoy pensando que la primera sede sea en Quetzaltenango por la importancia y el territorio que podría abarcar.
¿Esto sería para que las personas que residen en Petén o en Huehuetenango ya no tengan que venir a la capital a presentar sus amparos o apelaciones?
Ese es el propósito para que no vengan hasta acá y que mejor lleguen a esa oficina que estaría conectada en tiempo real con la capital y allá mismo se le podrían hacer sus notificaciones, porque este es un punto que arrastra la mora judicial, en lo que se notifica o recepción de antecedentes, es decir que si hay un amparo el juez que se constituyó en amparo y resolvió debe enviar el expediente y en lo que lo pedimos al de Todo Santos -Cuchumatán- o Chiantla -Huehuetenango- y lleva tanto tiempo, también es mora judicial. Mora judicial no es solo no resolver porque no siempre es por el volumen de trabajo, sino es por que no vienen en tiempo los antecedentes, por lo que se quieren acortar distancias y hacer un trabajo más acelerado.
¿Por qué se ha aumentado la mora judicial?
Tenemos varias cuestiones, primera porque ha habido un uso desmedido de la acción de amparo, el amparo como acción es importante porque hay que defenderse de las arbitrariedades del poder público, de las resoluciones arbitrarias, pero se ha mal entendido. Es cierto que todo es susceptible de amparo, pero hay limitaciones, por ejemplo dictan una resolución en una municipalidad y no me es favorable. Como vecino no tengo que plantear amparo, tengo otros medios al alcance que se deben de agotar ante la municipalidad, pero si en la municipalidad me siguen violando un derecho constitucional, hasta que ya agoten los recursos puedo presentar el amparo, pero, ¿qué sucede? algunos colegas plantean el amparo cuando todavía no se puede.
¿Hará algo para reducir esa mora judicial?
No se están eliminando, pero sí se están depurando solicitudes de amparo mediante una unidad de calificación para que todo venga en orden y darle trámite si si todo viene bien. Pero si en esa unidad se detecta que el amparo está fuera de tiempo o es muy prematuro entonces lo diremos de entrada para no crear expectativas al abogado y al usuario.
¿Qué medidas tomará para que la población tenga acceso a la justicia?
Ya había hablado de la descentralización con las oficinas regionales, el fortalecimiento de la unidad de viabilidad, la reestructura del Instituto de Justicia Constitucional que creo que debe de alcanzar los fines para lo cual fue creado. Hay una deuda con el pueblo de Guatemala. También creo que no todos tienen acceso a dispositivos electrónicos, pero para los colegas se van a desarrollar aplicaciones electrónicas. Por ejemplo, como el banco que le manda un mensajito cuando le hacen un depósito. Acá sería que el abogado sepa que ya fue notificado y que ese derecho también lo tenga el usuario.
¿En la CC ya se aplican las notificaciones electrónicas?
Efectivamente, acá hay un sistema electrónico de gestión de expedientes, está implementado el casillero electrónico, sin embargo lo que hace falta es marketing, saber vender ese servicio y aparte hay otras prácticas, hay colegas que plantean el amparo y si no es con el buen propósito o la nobleza que tiene el amparo, si lo están utilizando para atrasar el colega no se deja notificar y mejor dicen no me adscribo al casillero electrónico y mejor que me notifiquen de manera personal.
Contenido relacionado
> Procesan a Gustavo Alejos y tres más por financiamiento a la UNE
> Quién es Gustavo Herrera, el operador político a quien el MP pidió capturar
> Víctimas relatan cómo Valdroxx las acosó para que le dieran fotos íntimas
