Para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no hay “elementos de racionabilidad suficientes” contra Torres, por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado, y los diputados Karina Paz, Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como Pedro Raymundo Cobo y Ángel Guarcas, alcaldes de Nebaj y Chiché, Quiché, por lo cual el 27 de febrero último rechazó la solicitud de levantamiento de inmunidad que planteó la Fiscalía y la Cicig.
Junto a Alejos serán procesados Juan Pablo García Castro, Víctor de Jesús Duarte Mendoza y Guillermo Alejandro Sierra Sierra, según resolvió Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A.
Los cuatro fueron procesados por el delito de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. A García Castro se lo ligó por perjurio.
“Los hoy sindicados probablemente se asociaron con el objeto de cometer ilícito penal ya que la comisión de los hechos no fue de manera fortuita ni aislada, sino con la convicción de cometer conductas contrarias a la ley, por lo que a criterio de esta judicatura se considera que hasta la presente fecha es importante designar si existen los indicios racionales suficientes para considerar su posible participación a hecho criminal”, subrayó la jueza Domínguez.
Durante la audiencia, que se extendió durante dos semanas, el fiscal del caso, Andrei González, explicó que el avance de la investigación se derivó del caso Traficantes de Influencias, centrado en la supuesta negociación para el pago del crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Alejos Cámbara fue señalado por la Fiscalía de haber aportado Q500 mil por medio de un cheque en mayo de 2015.
Contra Duarte pesa el señalamiento de un cheque por Q100 mil que recibió de octubre de 2015 para la campaña de la UNE.
Sierra, quien fue candidato a diputado por la UNE en Alta Verapaz en 2015, recibió un cheque por Q50 mil para los gastos de campaña.
Por último, a García Castro se le señaló que haber hecho transacciones del Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe para el aporte de dinero destinado a los gastos de campaña. Además, habría remitido un cheque por Q500 mil a la campaña de ese partido el 7 de mayo del 2015 y en una declaración jurada especificó que el dinero era de procedencia lícita.
Domínguez les otorgó fianza y arresto domiciliario. Alejos Cámbara, fianza de Q500 mil; Duarte Mendoza, Q100 mil; Sierra Sierra, Q50 mil; y García Castro, Q500 mil.
Los cuatro tienen arraigo, obligación de marcar el control biométrico del MP cada mes, la prohibición de acercarse a las sedes del partido UNE y a las empresas MAARIV y PROHABSA. También tienen prohibido comunicarse entre sí y con prófugos de la causa penal, así como con testigos. Deben rendir un informe mensual de las actividades laborales o docentes que realicen cada mes y, la prohibición de brindar declaraciones o publicaciones escritas a la prensa relacionadas con la causa.
Los cuatro fueron detenidos el 6 de febrero pasado.
Controversias
Después de aquella resolución de la CSJ, devinieron otros acontecimientos que se desprenden de este caso y enfrentan a la UNE con el MP.
El 28 de marzo, la Fiscalía pidió un amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que ordene a la CSJ que conozca de nuevo el expediente contra Torres y los cinco diputados, lo cual está pendiente de resolución.
El partido, por su parte, cargó contra Juan Francisco Sandoval, jefe de de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), a quien denunció por supuestamente tener responsabilidad en la filtración a los medios del audio de 2015 donde Torres habla con Alejos sobre el dinero que financistas podrían aportar para su campaña.
Otra controversia que gravita sobre el caso es la fecha en la que se presentó el caso y la solicitud de levantamiento de inmunidad para Torres y los cinco diputados.
Eso fue el 5 de febrero, para cuando el proceso electoral ya estaba en marcha y Torres ya contaba con inmunidad, pero el caso estaba listo 117 días antes y en el despacho de Consuelo Porras, fiscal general, según la Cicig, lo que hizo creer en la opinión pública que se habían planificado las fechas para beneficiar a la aspirante y pudiera protegerse con inmunidad.
Al respecto, según Sandoval, en enero, Porras ordenó que el caso se presentara hasta el 5 del mes siguiente. Porras justificó que durante el tiempo que el expediente estuvo en su escritorio fue examinado para que llegara a la justicia “con objetividad, calidad técnico jurídica y elementos probatorios que refuercen la hipótesis fiscal”.
Por si quiera poco, Torres consiguió una orden judicial para que Sandoval y González no se le “acerquen, perturben ni intimiden” en persona ni en redes sociales, así como a sus familiares, según una resolución de Susan Salazar, juez de Femicidio, contra lo cual los fiscales ya accionaron, al tiempo que recibieron apoyo de sus colegas y de la propia jefa del MP.
Investigación
La investigación del MP y la Cicig señala que la campaña presidencial de la UNE en el 2015 habría recibido fondos de los cobros ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal realizados por Mario Leal Castillo, exvicepresidenciable de la UNE en ese año y ahora es prófugo por este caso y por el de Traficantes de Influencias.
Según la acusación, al menos Q3.4 millones, fruto de las coimas cobradas por Leal Castillo, habrían llegado a la campaña de la UNE. La investigación apunta a que las entidades Maariv, S. A., y Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., fueron utilizadas para canalizar esos recursos. El dinero habría salido de Ingeniería Integral, S. A., una empresa de Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo del operador externo del caso La Línea, Giovanni Marroquín Navas.
Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP son: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv, con conexiones empresariales con Leal Castillo, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, vinculada con Ixcamey.
Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.
Además, se habría conducido Q122 mil 613.75 a través de terceras entidades, empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.
En el caso de Prohabsa, la investigación de la Feci señala que sus cuentas fueron utilizadas para captar fondos para la campaña. Los ingresos en el 2015 de la entidad ascendieron a Q7 millones 670 mil 898.61, de los cuales Q5 millones 691 mil 824.35 provinieron de tres entidades: Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A.; Ingeniería Integral, S.A., y Comercializadora Kutno, S. A.
La acusación señala que el entramado de empresas fue diseñado para ocultar el origen real de los fondos. Así, por ejemplo, Grupo Inmobiliario San Felipe, S. A., trasladó Q1 millón 750 mil a Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A. mediante un cheque con la anotación al anverso: “Campaña Une”. Esta empresa trasladó luego Q1 millón 733 mil 416.51 a Prohabsa.
Lee además: Así sustenta el MP y la Cicig la investigación contra la UNE
Después, personas individuales y jurídicas habrían retirado estos fondos de las cuentas de Prohabsa y destinado estos recursos a la campaña electoral. En este punto, el dinero en efectivo podía ser utilizado para la compra de pintura, la organización de mítines u otras actividades de promoción de los candidatos.
Luis Fernando Pérez Vargas, representante legal de Maariv, quien se encuentra pendiente de captura, operaba de forma similar, según la acusación. El análisis financiero de los investigadores registra que en abril del 2015 un cheque emitido por Ingeniería Integral a favor de Maariv ocupó parte de las comisiones ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal de las entidades Reforestadora de Palmas de Petén, S. A., y Productos y Servicios Azucareros, S. A.
Más tarde, el 29 de mayo del 2015, la entidad Maariv, S. A., —con fondos ilícitos recibidos de la empresa Ingeniería Integral S.A.— emitió el cheque 16816576, por Q500 mil, a favor de GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL UNE, lo cual permite identificar el verdadero objeto del traslado de fondos, señala la acusación.
Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, por otra parte, también figura como un financista electoral lícito ante el TSE, pero a través de otras entidades canalizó fondos a la campaña de la UNE.
La empresa, cuyo representante legal es el diputado Ixcamey, justificó un aporte de Q1 millón 700 mil a Maariv registrando la operación en “cuentas por cobrar”. Sin embargo, al allanar la oficina del contador del Grupo San Felipe, no se encontraron documentos que comprobaran esta operación.
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