El funcionario dijo este martes, al concluir la reunión de gabinete, que no se trata de una iniciativa de ley que se proponga en Guatemala.

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“Esa es una iniciativa de ley que están promoviendo en EE. UU.. Nosotros no tenemos ningún comentario porque no es una ley guatemalteca ni que vaya a surtir efectos en el país. Respetamos las iniciativas que tiene cada uno de los Estados, así como esta, y solamente estaremos atentos a los avances que tenga”, indicó el funcionario.

García recalcó que no habrá efectos en el país porque se trata de “una norma o una ley que emite EE. UU. y no tiene repercusiones porque no es una ley nacional. Es una ley de un país extranjero que, si bien tiene sus condicionantes, es extranjera, no es nacional, no se está aprobando en el Congreso de Guatemala”.

El 7 de marzo, congresistas y senadores de EE. UU. propusieron la ley de rendición de cuentas para Guatemala, que busca sanciones para funcionarios guatemaltecos que hayan incurrido en corrupción, que hayan obstaculizado a la justicia o que hayan hecho mal uso de los recursos donados por el gobierno de EE. UU.

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“Nosotros seguimos adelante con la agenda nacional y con la agenda de política exterior de Guatemala”, reiteró el funcionario.

García prefirió no emitir ningún comentario al consultarle sobre una de las condiciones que EE. UU. tiene para continuar con el apoyo financiero al país y que tiene que ver con permitir el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La propuesta de ley para Guatemala incluye además a los políticos que hayan obstaculizado a la justicia o que hayan hecho mal uso de los recursos proporcionados por el gobierno estadounidense.

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“Ante las acusaciones de corrupción, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha aliado con actores criminales y corruptos que están decididos a frustrar la justicia a toda costa. Ordenó la destitución de una comisión anticorrupción (Cicig), financiada por los Estados Unidos, diezmó el liderazgo de la Policía Nacional Civil, atacó la independencia del poder judicial y usó descaradamente a Estados Unidos para intimidar al personal diplomático estadounidense”, dijo Torres, una de las firmantes de la propuesta.

Esta iniciativa de ley es parecida a la aplicada en Nicaragua para sancionar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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